Mientras Donald Trump fue instruido de cargos en un tribunal de Manhattan el martes, por cargos relacionados con el dinero empleado para comprar el silencio de una actriz pornográfica, el expresidente es también el centro de otras investigaciones estatales y federales, que plantean riesgos legales aún más graves, informa el Financial Times.

El próximo conjunto de problemas legales de Trump podría llegar al estado de Georgia, donde Fani Willis, la fiscal de distrito del condado de Fulton, está sopesando posibles cargos en relación con la supuesta interferencia del expresidente y otros en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020.

Willis dijo a principios de este año que su decisión de presentar acusaciones derivadas de una investigación especial del gran jurado era “inminente”.

La investigación de Georgia, así como una investigación del Departamento de Justicia de EEUU sobre la supuesta intromisión de Trump en las elecciones de 2020, se consideran las amenazas legales más graves para el expresidente. El Departamento de Justicia también está investigando su manejo de documentos gubernamentales. Trump ha negado haber actuado mal en estos casos.

“Los casos de Georgia y el Departamento de Justicia exponen a Trump a potencialmente mucho más tiempo en prisión que el caso de Manhattan, donde el tiempo en prisión parece poco probable”, dijo Barbara McQuade, profesora de la facultad de derecho de la Universidad de Michigan y exfiscal federal. “Una condena por fraude electoral, conspiración para defraudar Estados Unidos, según la ‘ley Rico’ [organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos] o conspiración sediciosa podría traer una cantidad considerable de prisión”.

La acusación sellada del fiscal de distrito de Manhattan, que aborda un pago secreto hecho a la actriz porno Stormy Daniels, no debería afectar el momento de otras investigaciones, dicen los expertos.

Pero la afirmación estándar de los fiscales de que los casos se presentan solo cuando están listos “es un poco falsa”, dijo Daniel Richman, exfiscal federal y profesor de la Facultad de Derecho de Columbia. “En general, la conciencia de cómo un enjuiciamiento afectará la escena nacional al menos surgirá de vez en cuando los fiscales piensen en un caso”.

De las dos investigaciones vinculadas a las elecciones de 2020, una acusación potencial probablemente se materializaría primero en Georgia, ya que su investigación puede verse como un “subconjunto” de la investigación del Departamento de Justicia, según Andrew Weissmann, quien fue fiscal principal durante la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la “trama rusa”, o injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016, mientras Trump estaba en la presidencia.

La investigación de Georgia y la investigación de documentos del Departamento de Justicia “parecen estar sustancialmente terminadas”, agregó.

El próximo movimiento de Willis en Georgia es muy esperado. La fiscal es vista como una litigante dura, que venció en las urnas a un titular de muchos años durante las elecciones para fiscal del distrito de Fulton en 2020, luego de servir como fiscal durante 19 años, en los cuales llevó a juicio más de cien casos.

En su primer informe, el gran jurado especial dijo el mes pasado que algunos testigos pueden haber mentido bajo juramento y recomendó que el fiscal de distrito presentara cargos.

Trump luego presentó una moción para anular el informe parcialmente abierto, alegando que los estatutos que autorizaban el uso de dicho jurado eran “inconstitucionales”. También trató de descalificar a la oficina del fiscal de distrito del condado de Fulton “de cualquier participación adicional en este asunto”, en parte debido a las entrevistas de Willis con los medios que, según él, “violaron las normas procesales”.

Clark Cunningham, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Georgia, dijo que Willis podría decidir presentar una posible acusación antes del 1 de mayo, fecha límite para que ella aborde la solicitud de Trump, para evitar demoras. Si se deniega esta moción, Trump podría desencadenar un prolongado proceso de apelación que suspendería los procedimientos, una estrategia que sus abogados han desplegado en otros casos.

Los analistas dicen que una posible acusación de Willis se centraría en el fraude electoral y podría incluir cargos de extorsión a menudo asociados con enjuiciamientos de la mafia, según su uso del estatuto de la ley Rico en Georgia, en otros juicios de alto perfil.

La ley Rico (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) actuaría como un paraguas para la cadena de presuntos delitos asociados con Trump y otros. Esto puede incluir acusaciones de que el expresidente presionó al principal funcionario electoral de Georgia para que cambiara el conteo de votos del estado, y que los legisladores republicanos de ese estado firmaron declaraciones falsas afirmando que Trump había ganado las elecciones de 2020 y se designaron a sí mismos como electores.

“Piense en [Rico] como un rompecabezas”, dijo Cunningham. “Cualquier pieza en particular por sí misma, puede que no sea obvio cuáles son las implicaciones criminales de eso. Pero si juntas todas las piezas, surge una imagen”.

Las violaciones de la ley Rico de Georgia conllevan una pena de entre cinco y 20 años de prisión. A diferencia de los procedimientos federales, los acusados condenados en los tribunales estatales pueden comenzar a cumplir condena en la cárcel mientras las apelaciones están pendientes.

Willis, una demócrata, ha adoptado un enfoque dinámico e incisivo en la investigación de Trump, citando a algunos de sus aliados, incluido el senador republicano estadounidense Lindsay Graham de Carolina del Sur y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, mientras libra batallas judiciales para obligar a su testimonio, informa la agencia Reuters.

Trump no ha testificado y no ha sido acusado de ningún delito hasta el momento en Georgia.

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