Perú entregó una protesta "muy seria" a Bolivia por los comentarios del presidente Evo Morales de que Lima no debería ser un "centro de delincuentes", al criticar la decisión del gobierno de Alan García de conceder asilo a ex funcionarios bolivianos bajo proceso judicial, informó Reuters.

El roce diplomático se produce luego de que hace dos semanas Perú otorgó asilo al principal opositor del presidente venezolano, Hugo Chávez, un aliado de Morales en sus planes de consolidar una "revolución socialista".

El presidente García afirmó el martes que está bien que Morales tenga una opinión sobre el tema de los asilados bolivianos, pero no responderá a los "adjetivos" porque busca fomentar la buena vecindad con el pueblo boliviano.

"Mi obligación es remar en el sentido de lo que nos une y evitar responder expresiones subidas de tono", dijo García en declaraciones a periodistas en un distrito limeño.

García, un ferviente promotor del libre mercado que ha criticado fuertemente las políticas estatistas en la región, dijo que "de ninguna manera" el tema de los refugiados dañará las relaciones con Bolivia.

Los comentarios renuevan los constantes roces entre Morales y García en los últimos años. En una de las más recientes disputas, el presidente boliviano dijo que la "gordura" estaba afectando a su colega peruano, por unas declaraciones sobre la pretensión de La Paz de su salida al mar.

Tras los comentarios del lunes de Morales, que llamó otra vez "chabacano" a García, el gobierno peruano remitió una nota de protesta al embajador de Bolivia en Lima, Franz Solano.

"Hemos llamado al embajador en Lima, le hemos hecho entrega de una nota de protesta muy seria por los comentarios del presidente Morales", dijo el canciller José Antonio García Belaunde, en una comunicación telefónica desde Praga con la radio local CPN.

Perú ha otorgado asilo al ex ministro boliviano Jorge Torres Obleas y evalúa solicitudes de refugio de los ex ministros Javier Torres Goitia y Mirtha Quevedo.

Los tres ex funcionarios, junto a ex jefes militares y el ex presidente Sánchez de Lozada, son enjuiciados por, entre otras causas, la muerte de más de 60 personas durante disturbios que causaron la caída del gobierno derechista del Movimiento Nacionalista Revolucionario en el 2003.

La apertura del proceso judicial del caso está programada para el próximo 18 de mayo, mientras Sánchez de Lozada permanece en Estados Unidos, en una situación que ha provocado también duras críticas de Morales a Washington.

Sánchez de Lozada fue el principal impulsor de una ola de privatizaciones que Morales ha comenzado a desmantelar desde el 2006, primero con la nacionalización de campos de gas que abastecen a los mercados de Argentina y Brasil.

El juicio a Sánchez de Lozada es una de las principales promesas políticas de Morales, un líder indígena que maneja una propuesta socialista al igual que su colega venezolano Chávez.

Como el caso de Bolivia, Perú otorgó asilo político por "razones humanitarias" al líder opositor venezolano Manuel Rosales, quien enfrenta en su país acusaciones de corrupción y afirma que es perseguido político del gobierno.

Tras la decisión, Venezuela anunció retirar a su embajador en Perú y puso en evaluación las relaciones con Lima.

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