Cuatro prefectos de oposición suspendieron el miércoles un diálogo con el presidente Evo Morales, tras la detención de un dirigente civil rebelde, en un nuevo incidente que entorpece la resolución de la grave crisis interna de Bolivia, reportó AFP.

Poco más tarde, el gobierno pidió a los prefectos retornar al diálogo que busca desactivar la conflictiva situación y negó la acusación de haber propiciado la detención del líder civil.

El llamado del gobierno siguió al anuncio de "suspender temporalmente nuestra participación en las mesas de trabajo" proferido por el prefecto de Tarija, Mario Cossío, que ofició de vocero de sus colegas Rubén Costas (Santa Cruz), Savina Cuéllar (Chuquisaca) y Ernesto Suárez (Beni).

Cossío señaló desde Cochabamba (centro), sede del diálogo gobierno-prefectos desde hace tres semanas, que asumían la decisión, tras la "detención y secuestro" del dirigente cívico de la región del Chaco boliviano, José Vaca, a cargo de policías "encapuchados".

El líder civil fue capturado en el poblado de Villamontes, a 1.200 km al sureste de La Paz, acusado de haber participado hace tres semanas en la voladura de un ducto de gas natural a Brasil, cuando se encontraban en su apogeo numerosas protestas contra el presidente Morales.

Según el prefecto de Tarija, como prueba de que las conversaciones no están rotas definitivamente, permanecerán en Cochabamba a la espera de que el gobernante boliviano responda su reciente pronunciamiento.

También anunció que pedirán a los veedores de Unasur, OEA, ONU y Unión Europea, que asistieron desde el primer día a las negociaciones, que "ayuden a salvar el diálogo".

La nueva posición de las cuatro autoridades regionales, la más fuerte oposición al régimen de La Paz, fue criticada por el gobierno de Morales, que consideró injustificable cualquier acción que impida un pacto.

"No hay argumento razonable para que quieran suspender el diálogo, convocamos a los prefectos a retornar a la mesa", afirmó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, brazo derecho del jefe de Estado.

El incidente surge cuando oficialistas y opositores negocian un acuerdo que se esperaba fuera firmado el domingo.

El presidente Morales y sus adversarios discuten concertar la aprobación de la nueva Constitución, que incluya los gobiernos autónomos que reclaman los departamentos rebeldes, la redistribución de recursos públicos nacidos de un impuesto petrolero y el pago de una bonificación para los ancianos con esos fondos.

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