El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, dijo el martes que la expropiación es el único camino para resolver el problema de la vivienda social que se encarece por la especulación con los precios de la tierra, informó la AP.

"El camino es la expropiación, mandando al Estado a negociar con el que va a ser expropiado y pagarle a precio catastral y no de mercado", dijo Ortega durante una reunión con la comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional (AN).

La reunión tuvo como objeto someter a consulta un proyecto de Ley de Vivienda Digna, para construir miles de viviendas en los municipios del país, con la participación de empresarios privados de la construcción.

El proyecto de ley faculta al Instituto de Vivienda Urbana y Rural (Invur) a crear un banco de tierras adquiribles "por compra, canje o declaración de utilidad pública", pero no específica la forma de hacerlo.

Ortega dijo que, en cierto modo, su propuesta responde al hecho de que propietarios que se percatan de proyectos estatales de carreteras, viviendas, escuelas e incluso iglesias, llenos de "avaricia" especulan con los precios de sus tierras y con ello encarecen las obras.

Agregó que el modelo capitalista de mercado que impera en Nicaragua es el principal obstáculo para la solución del problema habitacional en el país centroamericano, donde el déficit supera las 500.000 viviendas.

El mandatario dijo que la crisis financiera de los Estados Unidos, provocada por la especulación inmobiliaria, "es parte del modelo capitalista salvaje en crisis, que no tendrá salida mientras sigan con el mismo".

El diputado liberal Wilfredo Navarro propuso que la potestad de declarar de utilidad pública una propiedad le corresponda al legislativo y no el ejecutivo, "para que no se convierta en un instrumento político" del mandatario de turno.

El también diputado liberal, Francisco Aguirre, recomendó "una revisión minuciosa del proyecto para evitar roces constitucionales" que puedan "espantar" la inversión privada local y extranjera".

El diputado opositor Freddy Torres señaló que la ley debió estar dirigida a construir viviendas de menor costo en las áreas rurales del país, para estimular la producción agropecuaria y evitar la migración de campesinos hacia las ciudades.

El país necesita construir 40.000 viviendas anuales para cumplir las metas del milenio, otras 22.000 para evitar que crezca el déficit y 18.000 más para reducirlo al 50%.

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