Bogotá emite un decreto que beneficia a los efectivos de las FARC y el ELN presos

El gobierno colombiano expidió el miércoles un decreto que permite a los efectivos de las FARC y el ELN presos acogerse a una ley que les daría los mismos beneficios otorgados a los paramilitares, informó la AP.

"Creemos que es una contribución muy poderosa tanto al avance de los procesos de paz como al avance de la justicia", dijo en rueda de prensa el ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, al referirse al decreto.

Holguín explicó que la medida permite a los insurgentes presos, sean de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o del Ejército de Liberación Nacional (ELN) —previa manifestación formal de que dejan de pertenecer a su organización—, acogerse a la Ley de Justicia y Paz que les otorga beneficios judiciales, sociales y económicos.

La norma exige además a los prisioneros, "suministrar información para judicializar y desmantelar sus estructuras de mando; localizar personas secuestradas, detectar apoyos financieros; ayudar en la ubicación geográfica o del área de operaciones del grupo, rutas de tráfico de narcóticos y de armas; ubicación de material de intendencia comunicaciones y planes de guerra" entre otros.

El Ministerio de Defensa en coordinación con la Fiscalía General serán los organismos que "evaluarán la eficacia y oportunidad de la información aportada por el solicitante para evitar o esclarecer delitos", precisó el ministro.

Holguín calculó que entre 600 y 700 miembros de las FARC en la cárcel han manifestado su interés de acogerse al programa de reinserción a la vida civil.

Aclaró que "de ninguna manera se está abriendo una puerta para que se burle la ley, ni se afecte el inmenso esfuerzo que han hecho las autoridades militares y de policía para hacer efectivas las órdenes de captura, como tampoco significa que obtendrán de inmediato su libertad".

La medida, agregó Holguín, fue analizada durante mucho tiempo por el gobierno colombiano, discutida y concertada con distintas instancias.

La Ley de Justicia y Paz otorgó amplios beneficios a los 31.000 paramilitares desmovilizados después de tres años intensas y complicadas negociaciones.

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