A mediados de los setenta, Fidel Castro tuvo que plantearse el problema de la sucesión y de la institucionalización del régimen. El convulso período revolucionario aparentemente llegaba a su fin y había que crear estructuras capaces de darle soporte al régimen cuando la generación de los "padres fundadores" ya no viviera.

Es la época en que se convoca al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), se redacta una nueva constitución inspirada en la de Bulgaria (que, como todas las de los "hermanos del Este", a su vez procedía de la soviética de los años treinta) y se establece una línea sucesoria que deja el poder en manos de Raúl Castro, en caso de que Fidel desaparezca.

No hay, como en España, una división de funciones entre la jefatura del Estado y la del Gobierno, pero como Franco eligió a Juan Carlos y a Carrero Blanco para prolongar su régimen sine díe, Castro depositó esa responsabilidad en su hermano, cinco años menor.

Sin embargo, exactamente igual que en España, al margen de la voluntad del Caudillo, surgían luchas por parcelas de poder y funcionarios que se desviaban de la ortodoxia ideológica, la "institucionalización" del comunismo en Cuba creaba oportunidades para la aparición de "reformistas" y "aperturistas" que se alejaban del castrismo químicamente puro.

Esto fue lo que sucedió con el economista Humberto Pérez, quien comenzó a descentralizar la administración y a crear mecanismos de mercado que pusieron muy nervioso a Fidel Castro. Años más tarde ese papel lo encarnó Carlos Aldana, quien, al compás de la Perestroika proclamada por Gorbachov, llegó a creer que era posible relegar a Fidel Castro al rol de "reina madre", pero sin injerencia en la labor de gobierno.

Naturalmente, Aldana acabó apartado del poder, acusado de corrupto y totalmente desacreditado, al menos dentro del círculo íntimo de Fidel y Raúl. Una década más tarde, y acusado de querer convertirse en heredero de Castro, le tocaría ese papel a Roberto Robaina, joven y excéntrico ex canciller del castrismo.

La imagen exterior

De la misma manera que durante el "tardofranquismo" —vocablo acuñado por los periodistas españoles—, y como consecuencia de la necesidad de España de integrarse a Europa, disminuye la ferocidad represiva del régimen, en Cuba sucede otro tanto a partir del momento en que el presidente norteamericano Jimmy Carter lanza su defensa de los Derechos Humanos y la URSS se acoge a los acuerdos de Helsinsky.

En la Isla esto se traduce en la liberación y expatriación de miles de prisioneros políticos y, paulatinamente, en la aparición de cierto espacio para la oposición abanderada tras la reivindicación de los Derechos Humanos, movimiento que surge en las cárceles como una iniciativa de presos procedentes de las filas comunistas como Ricardo Bofill y Adolfo Rivero Caro, o disidentes de la cantera del "26 de julio", como Gustavo y Sebastián Arcos o la doctora Martha Frayde.

Tras la aparición del movimiento pro Derechos Humanos, y probablemente debido a esa influencia, lentamente comienzan a congregarse profesionales cubanos que establecen vínculos al margen del Estado. Un grupo de abogados independientes forma la organización "Ignacio Agramonte". Pronto aparecen los periodistas, los economistas, los médicos y las bibliotecas independientes.

En la provincia de Oriente, algunos campesinos que todavía poseían pequeñas parcelas de tierra forman la Alianza Nacional de Agricultores Independientes. Con el tiempo llegan a tener 17 "propietarios" agrupados en todo el país. Los auxilian desde el Centro Nacional de Estudios Científicos. Se trata de un gremio de ingenieros agrónomos e investigadores también independiente.

Desde el exilio, el Colegio de Ingenieros Agrónomos envía diversos tipos de ayuda. Lo mismo hace el Directorio Democrático Cubano. Es la sociedad civil que pugna por reinventarse tras décadas de aplastamiento y represión. En ella hay que incluir el trabajo de formación cívica de la Iglesia Católica, aunque no sea uniforme en todas las diócesis, y publicaciones como Vitral, dirigida por Dagoberto Valdés.

Es dentro de ese contexto que el ingeniero Oswaldo Payá, cabeza del Movimiento Cristiano de Liberación, lanza su iniciativa del "Proyecto Varela", auxiliado por decenas de organizaciones políticas de la disidencia. Utilizando los resquicios de la legislación cubana, tratan de reclamar los derechos conculcados al pueblo. Realizan la proeza de levantar más de once mil firmas.

El gobierno los persigue, pero ya no están los tiempos para encarcelar o fusilar a unas personas que ni siquiera se proponen cambiar el sistema político, sino que se reúnen, simplemente, para defender intereses legítimos, para intercambiar puntos de vista o para pedir que se cumplan las propias leyes del país.

Alianzas para la transición

En el exilio, simultáneamente, también se produce un cambio significativo. Primero, la transición española les demuestra a los cubanos que es posible enterrar pacíficamente un régimen totalitario o semitotalitario. Pero a partir de la Perestroika y, sobre todo, tras la caída del Muro de Berlín y el desmantelamiento fulminante del bloque comunista europeo, algunos cubanos plantean la necesidad de crear las condiciones para que algo similar ocurra en Cuba.

Es entonces, en 1990, cuando liberales, democristianos y socialdemócratas del exilio —con ciertas ramificaciones en Cuba— crean la Plataforma Democrática Cubana y renuncian a la violencia como método de lucha. Hasta el nombre recuerda la experiencia española. El objetivo es forjar una alianza entre los demócratas y pactar las condiciones para la transición hacia la democracia en la Isla. Todos han visto cuán importante ha sido la colaboración con las fuerzas democráticas integradas en las Internacionales.

A principios de la década de los ochenta, Fidel Castro no está nada satisfecho con la burocratización del país a la manera soviética y la pérdida de poder personal que eso significaba, y lanza su política de "rectificación de errores". Es una vuelta a cierta ortodoxia comunista y el rechazo a algunas medidas de apertura hacia el mercado y de incentivos materiales tomadas previamente. No lo puede prever, pero irá a contramarcha de la Perestroika, que pronto comenzará a ensayar Gorbachov en la URSS.

La nomenclatura cubana resiente esa involución y el aparato, secretamente, se divide entre reformistas y "duros". Esto se hace patente en los ministerios y departamentos mejor informados: Comercio Exterior, Relaciones Exteriores, Interior. Pero enseguida se hace obvio que ahí no hay más poder que el de Fidel Castro y los reformistas asumen sin fisuras el discurso de los duros. Es un coro casi perfecto, hábilmente dirigido por la policía política.

Gatopardismo a la cubana

En 1989 sucede todo. Se produce el fusilamiento del general Ochoa y de Tony de la Guardia. Aparentemente son eliminados por sus vínculos con el narcotráfico —una política del Estado cubano—, pero también los castigan porque Fidel, por medio de unas grabaciones clandestinas del Ministerio del Interior, descubre que se burlan de él y ya no creen en el "proyecto revolucionario".

En ese año cae el Muro de Berlín y comienza a deshacerse la URSS. En Cuba, Raúl Castro interviene el Ministerio del Interior, que es "ocupado" por el Ejército, y en el gobierno comienzan a buscar fórmulas para sostener el sistema sin necesidad de hacer cambios, aun cuando desaparezca el subsidio soviético.

Es el gatopardismo en su mejor acepción: admitir algunas modificaciones marginales para que todo siga igual. Es dentro de ese espíritu que luego llegan la dolarización, las empresas mixtas, el "cuentapropismo", la reaparición de los mercados campesinos y la conversión de las granjas estatales en cooperativas. No son medidas para sustituir el modelo comunista, sino para apuntalarlo en su peor momento.

Ante esos cambios, muchos criptorreformistas comienzan a pensar que la revolución ha entrado en un irreversible camino hacia una apertura real. Fidel y Raúl —especialmente Fidel— se empeñan en lo contrario. La Asamblea Nacional del Poder Popular, presidida por Ricardo Alarcón, le responde públicamente a la Plataforma Democrática Cubana y rechaza cualquier forma de diálogo con la oposición. El joven Roberto Robaina es designado canciller por un rasgo específico de su educación: Granma anuncia que es quien mejor interpreta el pensamiento de Fidel Castro.

En la década de los noventa se celebran dos congresos del Partido y son ratificados los inalterables principios del marxismo-leninismo. La dinámica de los dos eventos indica que el objetivo básico de los hermanos Castro es evitar cualquier veleidad reformista. En el verano de 2002, como preparación a un nuevo Congreso, y en respuesta al Proyecto Varela, Castro hace que millones de cubanos firmen una petición a la Asamblea Nacional del Poder Popular por la que todos se obligan a mantener de forma irrevocable el sistema comunista.

Paradójicamente, la maniobra indica que en el conjunto de la sociedad, incluidas las filas gubernamentales, existe una clara desmoralización y una fuerte tendencia hacia el cambio, que los hermanos Castro desean eliminar de raíz.

(*) Versión de una investigación auspiciada por el Proyecto sobre la Transición en Cuba, del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos de la Universidad de Miami.

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