Detenido once horas un colaborador de la revista “Convivencia”

Juan Carlos Fernández, miembro del consejo de dirección de la revista Convivencia, permaneció detenido durante once horas en una oficina del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), del Ministerio del Interior, en Pinar del Río.

“Estoy un poco agobiado, por todo lo que ha pasado mi esposa (…) En estos momentos la policía todavía está en las afueras de mi casa”, dijo el opositor a CUBAENCUENTRO después de ser liberado.

Fernández contó vía telefónica que, luego del registro policial en su vivienda, a cargo de once agentes, fue trasladado “al cuartel general de la Seguridad del Estado”, donde fue “interrogado por el teniente coronel Eduardo, que era el que estaba al frente del registro”.

“Supuestamente estaban investigando que yo había comprado un paquete de hojas ‘letter’ de contrabando, dicen, y yo le dije que eso era incierto”, señaló Fernández, quien fue co-responsable de la Hermandad de Ayuda al preso y sus familiares.

Según el activista, le amenazaron “con la Ley Mordaza, la Ley 88”, después de preguntarle insistentemente sobre Dagoberto Valdés e indagar “cómo era la relación” que ambos mantienen.

Estaban “muy interesados con todo lo que está haciendo el equipo (de Convivencia), y me amenazaron de que si continuaba, que me atuviera a las consecuencias”, relató Fernández.

Los agentes le advirtieron además “que la investigación por la supuesta compra ilícita de esas hojas también está abierta”.

Mientras Fernández era interrogado en las dependencias del DTI, su esposa, Irene Castillo, y varios allegados permanecían en las afueras del recinto sin recibir información de parte de las autoridades.

“No se sabe nada más. De hecho, su nombre no aparece actualmente en la lista de detenidos de aquí”, dijo Castillo varias horas después de la detención.

Juan Carlos Fernández fue arrestado luego de que esta misma mañana, a las 7:15, policías del DTI se personaron en su vivienda para hacer un registro. Se llevaron la computadora, la impresora, la cámara fotográfica, varias memorias flash, así como libros y folletos. Durante el registro, la casa fue rodeada por la policía.

Según Castillo, “inicialmente no dieron ninguna razón” para hacer el registro. “Después dijeron que tenían que verificar las propiedades de la computadora y los equipos que confiscaron; y yo les dije que esas cosas eran regalos”, añadió.

La esposa de Fernández dijo que los agentes “hicieron referencia a Dagoberto (Valdés) y a la revista. Trataron de involucrarlo con la persona de Dagoberto”, señaló.

En el mes de marzo, Valdés, antes director de la revista Vitral y actualmente al frente de Convivencia, fue acusado por el régimen cubano de recibir financiamiento del gobierno de Estados Unidos. La prensa oficial publicó entonces un reportaje en el que Frank Carlos Vázquez, destapado como el agente Robin de la Seguridad del Estado, afirmó que “Dagoberto pretendía convertirse en el paladín de la libertad, en el portavoz de los intelectuales y convertir esa revista (la desaparecida Vitral) en un vehículo contrarrevolucionario para destruir nuestra Revolución”.

El activista católico respondió que el régimen lo que intenta es empañar su imagen y desacreditar sus actividades como opositor.

Un comunicado emitido en esa fecha por el Instituto de Estudios Cubanos, con sede en Miami, calificó de “repugnante” y “medieval” la “campaña inquisitorial contra personas de probada integridad como Dagoberto Valdés”.

“Rechazamos estos métodos y exigimos su cese inmediato. Dagoberto y muchos otros no crearon los graves problemas existentes hoy en Cuba. Su ‘pecado’ es hablar de ellos y ofrecer soluciones que no agradan a quienes detentan el poder”, añadía el documento, firmado por el Comité Ejecutivo de esta entidad.

Ley Mordaza

La Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, más conocida como “Ley Mordaza”, permite el ejercicio discrecional de la represión, incluso la aplicación de la pena de muerte, por “delitos” tales como colaborar en medios de prensa ajenos a la prensa oficial cubana, aceptar retribución por ello, o recibir cualquier tipo de donación no autorizada por el gobierno; tener o distribuir lo que el gobierno considere “material subversivo” (publicaciones independientes); perturbar el orden público mediante cualquier manifestación discrepante de la política oficial; agravados si se ejecutan entre dos o más personas.

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