Actualizado: 23/10/2019 9:47
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Asuntos Pendientes (I)

Un proceso de descentralización, que se ampare en el derecho verdadero, no tiene por qué sentirse inhibido o afectado por interferencias autoritarias de tipo partidista

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Asuntos pendientes respecto a Cuba y la situación por la que atraviesa pueden haber muchos, sin embargo, como comúnmente hacemos en la vida cotidiana, hay algunos que por diversas razones y circunstancias se priorizan sobre otros.

Esa, más que una impresión que se obtiene desde el exterior, es algo prácticamente tangible que se aprecia sobre lo que sucede en la Isla.

Son demasiados, bien complejos y posiblemente abrumadores, los sensibles problemas económicos, políticos, sociales, jurídicos o de otro carácter que se acumulan y a los que ahora los gobernantes de Cuba se ven emplazados a dar respuesta y además, con una fuerte exigencia y presión popular sobre sus hombros.

Por otra parte, los cambios o llamados ajustes del sistema cubano comienzan a producirse en una época de crisis de la economía internacional y de inquietantes percepciones políticas sobre las posibilidades de solución y permanencia del sistema de producción y consumo que se encuentra vigente.

O lo que es igual, en momentos de una gran inestabilidad económica/financiera mundial, de indignación ciudadana, cuyos efectos en no pocas latitudes se derivan hacia el ámbito de las políticas domésticas e internacionales.

Las autoridades de la Isla, en su empeño por tratar de garantizar el éxito del proceso de limitada desestatización que recién han iniciado, hablan de cambiar de mentalidad, responsabilizan a la arraigada burocracia de pretender frenar los cambios, critican y sancionan los hechos y las manifestaciones de corrupción que con frecuencia afloran entre funcionarios y el propio tejido social, y mueven a cuadros y funcionarios dirigentes del aparato del estado y su sistema empresarial, etcétera.

A su vez se encuentran simplificando las estructuras administrativas del gobierno, tratando de adaptarlas y de ponerlas a tono con el cierto proceso de descentralización que efectúan en el sector de la economía del país.

Se pueden apuntar muchos otros peliagudos aspectos y problemas sensibles que se deben solucionar, pero ello por el momento no es la intención de este trabajo.

Sobre lo que acontece en la Isla han vertido muchas opiniones analistas de adentro y fuera del país. Unos dicen que las decisiones que han sido tomadas no sacarán a flote la economía, porque parten del criterio que las estructuras socialistas que se divorcian del mercado no son lo suficientemente eficaces para ello.

Otros señalan que los acuerdos adoptados son limitados e incompletos. También están los que piensan que por la manera en que se han orientado las medidas, fueron diseñadas para que la dirigencia histórica culmine perpetuándose en el poder hasta sus últimos días.

No faltan tampoco los que consideran que todo se ha hecho para ganar tiempo y capear la crisis existente, porque la atmosfera político-social existente ya era asfixiante.

Otros insisten en que el ritmo con que se acometen las medidas es demasiado lento y que varias de las expectativas que se crearon han resultado una frustración a la hora de la implementación de las leyes.

Ello me lleva a señalar que hay que tener mucha atención con las leyes que surjan, porque estas tienen la posibilidad de frenar o asfixiar el proceso de aperturas y cierta desestatización que se ha puesto en marcha.

A los que alertan contra la burocracia, les recordamos que también ésta se manifiesta con vigor en el sector jurídico y que a éste le han dejado en sus manos la sutil y especializada posibilidad de revertir con sus normas y restricciones el actual proceso, lanzando por la borda muchos de los anhelados deseos y grandes expectativas que surgieron entre la población.

Finalmente, no faltan los que señalan la ausencia de integralidad entre los aspectos políticos, económicos u otros asuntos de interés social que no han sido previstos hasta el momento.

Los diferentes criterios apuntan hacia el cuestionamiento de los recientes acuerdos del sexto Congreso del PCC y dejan entrever o señalan la inconformidad o el pesimismo de muchos analistas y ciudadanos hacia las llamadas medidas de ajustes económicas que fueron establecidas en dicho evento.

Según lo anunciado por las autoridades de Cuba, en el próximo mes de enero se efectuará una conferencia nacional del PCC, y todo hace pensar que en lo fundamental se abordaran cuestiones de naturaleza política y jurídica.

En lo que respecta a las de índole política, las informaciones adelantadas desde la Habana indican que se concentrarán en tratar de solucionar el viejo y nunca resuelto asunto de las relaciones de orientación y mando entre el partido y el Estado.

Lo que ellos identifican como un problema de métodos y estilo de trabajo del partido.

Esa es una situación contradictoria, que tiene sabor a más de medio siglo y que les viene como herencia del colapsado socialismo europeo. Tampoco será la primera vez que la analizan y discuten, volverán a llover sobre mojado, pero de esa manera se manifiestan los dogmas y ciertos criterios estereotipados y fanatizados en política.

Un proceso de descentralización que se ampare en el derecho verdadero, no tiene por qué sentirse inhibido o afectado por interferencias autoritarias de tipo partidista.

No está de más que lo vuelvan a analizar y discutan, sobre todo si sienten temor por el proceso de reformas limitadas que desarrollan, pero no tendría peso ni justificación alguna que lo quieran convertir en la piedra angular del debate de dicho evento.

Este artículo consta de dos partes.


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