¿Consumidor protegido?

Durante varias semanas, los espacios noticiosos estelares de la televisión nacional han trasmitido una serie de reportajes sobre el pobre destino que en los últimos años ha corrido el derecho de los consumidores en la red de establecimientos comerciales, gastronómicos y de servicios regenteados por el Estado.

Los mencionados reportajes, al describir parcialmente las violaciones, maltratos y otras deficiencias, han mostrado algo de lo que hemos sufrido por años, desde que el cliente se convirtió en "usuario" y, en nombre de conquistar el paraíso de la igualdad y la eficiencia sin explotación, la revolución liquidó la propiedad privada y, de paso, los intereses de las personas empeñadas en la gestión comercial y de servicios.

Los reportajes han abundado sobre los vicios, carencias, vacíos y lagunas del sistema, así como los perjuicios que sufre la población al enfrentar los precios desproporcionados, la baja calidad de los productos y servicios, la mala atención o los maltratos, las adulteraciones de precios y reglas, así como la inoperancia de los mecanismos y estructuras previstas para prevenir o conjurar esos fenómenos negativos y cotidianos.

Hay que reconocer que los reportajes lograron penetrar en las manifestaciones de esa tupida madeja de deficiencias corporativas y desidias personales que complican la vida de los ciudadanos, pero también que no llegaron ni siquiera a acercarse a las causas estructurales y sistémicas de dicha realidad.

Los mencionados reportajes no pudieron explicar, por ejemplo, por qué si Cuba es el país con más mecanismos y estructuras de vigilancia y control —tanto político-administrativos como represivos (partido, UJC, sindicato, cuerpos de inspectores, auditores, policía política…)—, nada de eso ha logrado impedir que la corrupción, la ineficiencia y el desconocimiento más rampante de los derechos de los consumidores sean el amargo pan nuestro de cada día. Y lo que es peor, el sentido y medio de vida de la inmensa mayoría de los funcionarios y empleados.

Es muy grave para la economía, los intereses de los consumidores, y sobre todo para la educación y los referentes morales de la sociedad, que el bienestar y la relativa prosperidad no provengan del resultado de la gestión laboral o empresarial, sino de comportamientos y prácticas tan negativas como condenables.

Control inútil

En Cuba no existe una ley de protección al consumidor, pero tampoco condiciones culturales, sociales o políticas para garantizar al menos esos derechos. El control que el gobierno persiste en mantener sobre el comercio y los servicios (las leoninas restricciones administrativas e impuestos confiscatorios limitan en extremo las posibilidades de la pequeña iniciativa privada individual hasta ahora permitida) ha costado bien caro a los intereses de los consumidores y a la economía misma.

No es secreto que cuando se impone el monopolio y se elimina la competencia, desaparece el mecanismo que estimula y garantiza la eficiencia empresarial y la excelencia comercial.

El sistema de un patrón único y omnipotente, por muchos años alejado de la realidad económica y social, es muy útil para garantizar el más estricto control político, pero en extremo perjudicial para la sobrevivencia cotidiana de la ciudadanía. La prueba inequívoca de ese desquiciamiento estructural es que la élite gobernante ha creado sus propios hospitales, centros de recreo, medios de transporte y canales de abastecimiento, muy diferentes de los que padece el cubano común.

Las autoridades que permitieron u orientaron hacer los reportajes parecen estar preocupadas por los problemas descritos y por sus graves consecuencias económicas y sociales. Está por ver si tienen la voluntad y valentía política de reconocer el origen real de los mismos y de hacer las transformaciones necesarias.

Una larga oportunidad de casi medio siglo ha servido para confirmar la inviabilidad del sistema socialista. No basta con volver a describir nuestra odisea cotidiana. Sólo restableciendo las garantías jurídicas y estructurales al ejercicio de la libertad empresarial de los ciudadanos, renacerá la economía cubana y podrán, por fin, los consumidores respirar aliviados.

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