Disfrutar del desarrollo

Castrismo fulminante

A partir de 1959, con el triunfo de la Revolución, se inició un proceso de colectivización de los medios de producción que transformó fulminantemente las formas básicas de organización económica del país, a partir de la expropiación de los medios privados de producción. Buena parte de los inmuebles pasaron a propiedad estatal, lo que afectó a todos los sectores de la economía.

Como resultado, el sistema empresarial sufrió transformaciones de gran magnitud y rapidez. Al finalizar 1960, todo el comercio al por mayor y exterior, la banca, gran parte del transporte, la industria, la construcción y el 52% del comercio minorista, así como más de la tercera parte de la agricultura, se encontraba en manos del Estado.

El 48% de la actividad comercial minorista que quedó en manos privadas estaba distribuida entre grandes y medianos comerciantes (23%), dedicados principalmente al giro de ropa, zapatos y ferretería, y el resto (25%) se encontraba en manos de pequeños comerciantes, que trabajaban directamente, y con su familia, sin emplear fuerza de trabajo ajena. En el sector industrial, las unidades productivas fueron organizadas, de acuerdo con la naturaleza de su producción, en torno a grandes "empresas consolidadas".

En la segunda mitad de 1960, las empresas estatales ya representaban el 50% del valor de la producción industrial. Un año más tarde esta proporción se había elevado al 75-80%. De las 38.384 empresas industriales que operaban en 1958, aproximadamente 18.500 eran responsables del 80% de la producción industrial; las mismas habían sido unidas en varios consolidados para fines de 1961.

En diciembre de 1962, con la promulgación de la Ley 1076, se nacionalizaron 4.600 empresas comerciales privadas grandes y medianas, y sus establecimientos, almacenes, depósitos y derechos dedicados a los giros de ropa, calzado, víveres y ferretería. Éstas fueron adjudicadas al Ministerio de Comercio Interior. La orientación que dio el organismo para la aplicación de la ley definía el pequeño comercio como "aquellos en que todos los que trabajan en él son familiares o que sólo tienen un trabajador".

Sin embargo, a pesar de que la ley no afectó a los pequeños propietarios, 218 establecimientos de ese tipo fueron nacionalizados. Además, durante 1963, los comercios de pequeña propiedad siguieron pasando al Estado.

Por otro lado, con la Reforma Agraria que se puso en práctica en 1959, fue incorporado al patrimonio estatal un 40% de la tierra en fincas. El 3 de octubre de 1963 fue dictada una nueva ley de Reforma Agraria, que estableció el límite máximo de tenencia de tierra a 67 hectáreas. Las propiedades rurales con una extensión que sobrepasaba esta medida fueron expropiadas, eliminando con ello a los agricultores medianos.

De esta manera, el 70% de las tierras y el 80 de la producción agrícola quedaron bajo control estatal. A fines de 1963, sólo el 30% de las propiedades rurales y aproximadamente el 25% de la actividad comercial minorista estaban en manos privadas, el resto de la economía se encontraba en manos del Estado.

Ofensiva y desabastecimiento

En el verano de 1966, el proceso de colectivización se reanudó con nuevos bríos, concentrándose en las dos bolsas de propiedad privada remanentes: la agricultura y los servicios. En 1967, la colectivización fue reactivada en la agricultura mediante la eliminación de las pequeñas parcelas destinadas al cultivo familiar de las que disfrutaban los trabajadores de las granjas estatales, la compra de granjas privadas por el Estado, la expansión del acopio y la prohibición de ventas directas de los pequeños agricultores a los consumidores.

En marzo de 1968, con la puesta en marcha de la llamada "Ofensiva Revolucionaria", la colectivización alcanzó su punto culminante cuando se intervinieron estatalmente hasta los negocios más pequeños. El 25% del comercio minorista que aún quedaba en manos privadas, además de la mayor parte del 2 al 5% de la industria y el transporte, fueron colectivizados de un solo golpe.

Entre los meses de marzo y abril de 1968 se nacionalizaron 58.012 establecimientos. Los pequeños negocios nacionalizados, más de la mitad establecidos después de 1961, se dedicaban principalmente al giro de comestibles y bebidas, tiendas de servicios personales, como quincallas, talleres de reparaciones, artesanías y vendedores ambulantes. Aunque se sostuvo que estas pequeñas empresas privadas, que abarcaban casi un tercio de la distribución de bienes de consumo, estaban creciendo rápidamente y acumulando cada vez más ganancias; la verdad fue que el pequeño sector privado había estado llenando el vacío creado por el funcionamiento ineficaz de los servicios estatales.

La importancia que había logrado tener el sector privado después de los primeros años de la Revolución, en la esfera del comercio y en algunos servicios y producción de artículos industriales, indicaba que la producción privada continuaba desarrollándose e incluso compitiendo con éxito con el Estado, debido a su mayor iniciativa y flexibilidad. Por ello, sus productos eran preferidos incluso por el sector estatal. De hecho, la relación del sector privado con el estatal en la producción y los servicios se había desarrollado notablemente.

De esta suerte, la industria cubana sufre desde entonces el descalabro de un proyecto económico voluntarista e irracional, que redujo la producción del país a niveles que apenas llegaron a satisfacer el 20% de la demanda nacional. Desaparecieron del mercado muchos productos que históricamente se ofertaban a precios accesibles y de óptima factura en una amplísima red de pequeños, medianos y grandes establecimientos comerciales.

La agricultura y las industrias y transformativas del vestido, la gráfica, el papel y el plástico, la construcción, el calzado, la textil y la química, entre otras, redujeron producciones y surtidos bajo la rectoría de un plan elaborado centralizadamente, que modificó de manera radical las técnicas de gestión empresarial y alteró sustancialmente los hábitos de consumo de la población.

© cubaencuentro.com