Actualizado: 25/09/2020 0:20
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Represión, Violencia, Derechos

Efemérides de la Contrarrevolución Cubana

A la postre Villoldo se topó con que la Casa Blanca no reconocía el principio de justicia universal y se pasaba con ficha hasta en el caso de las avionetas

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El 4 de septiembre de 1998, El Nuevo Herald reporta que el Proyecto Pueblo Habla —lanzado por Gustavo Villoldo, veterano de Bahía de Cochinos y agente de la CIA en la caza del Che Guevara— tiene el propósito de lograr la unidad del exilio en torno al encausamiento de Fidel Castro por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Villoldo había conseguido ya que restaurantes locales y otras empresas sufragaran nueve horas radiales para promover el proyecto. Al plantear que el exilio tenía “que definirse de una manera más concreta”, el reportero preguntó a qué grupos había solicitado ayuda y Villoldo respondió que a ninguno. Así cortó un sayón que sirve a la oposición pacífica: “Si en 40 años ninguna de esas organizaciones políticas ha hecho algo interesante, ¿por qué van a hacerlo ahora?”.

Archivo de Cuba en cierne

Al parecer Villoldo adelantó también la idea que hacia 2001 fructificó con Free Society Project, a.k.a. Archivo de Cuba, pues colaboradores de Pueblo Habla recopilaban “toda la información posible sobre las causas, la fecha, el lugar, y los documentos jurídicos que emitió el gobierno contra sus víctimas” a fin preparar el encausamiento sobre la base de] la Convención para la Prevención y la Sanción de los Delitos de Genocidio. Villoldo aseveró que luego de recoger más de 75.000 firmas radicaría en Washington la acusación contra Castro. Y agregó embullado: “Recuperaremos nuestro orgullo como nación, eliminaremos los aspectos que nos dividen y lograremos esa sola voz que tanto anhelamos para responderle al futuro de Cuba”.

El (d)efecto Pinochet

Para el 16 de octubre, el embullo exiliar de encausar a Castro se recalentaba con la orden de arresto dictada por Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional de España, contra el octogenario dictador chileno jubilado Augusto Pinochet, quien había viajado a Londres a operarse de hernia discal lumbar. Los cargos sumaban genocidio, terrorismo internacional, tortura y desaparición forzada de personas. Garzón invocó el principio de justicia universal para aplicar extraterritorialmente la ley penal española e impedir así la impunidad de los crímenes que Pinochet habría cometido en su ejercicio dictatorial del poder (1973-90).

La alianza de grupos exiliares Junta Patriótica Cubana se montó en el carro de Garzón, pero especialistas en derecho procesal penal internacional que nada tenían de castristas, como Christine Corcos y Christopher Blakesley (Universidad Estatal de Luisiana), aclararon: “The two cases [Pinochet and Castro] may look similar but they really are not” [2]. Y precisaron que sólo los gobiernos podrían acudir con acusaciones de crímenes a la CIJ.

Por eso mismo Villoldo tenía planeado radicar en Washington los cargos contra Castro y por eso mismo despachó así a la Junta Patriótica: “We are not interested in sensation or propaganda. We want to bring him to trial”. Esa cordura se perdió hace rato; el Directorio Democrático Cubano (DCC), por ejemplo, llegó a ensamblar una fútil Comisión Internacional para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del Régimen Castrista.

Tío [Sam] ni me saca del lío ni me cruza el río

Villoldo tenía documentadas unas 60 violaciones groseras de derechos humanos por el régimen de Castro, entre ellas el hundimiento del remolcador 13 de Marzo, con saldo de 41 muertos; la ejecución sin juicio de unos 40 prisioneros en la Sierra del Escambray durante la guerra civil, así como el alevoso derribo a cohetazos de dos avionetas desarmadas en aguas internacionales, el 24 de febrero de 1996, con saldo de tres ciudadanos [1] de y un residente en EEUU muertos.

A la postre Villoldo se topó con que la Casa Blanca no reconocía el principio de justicia universal y se pasaba con ficha hasta en el caso de las avionetas, a pesar de que el Congreso mismo había acordado por ley (22 USC § 6046) que aquel derribo alevoso equivalía “al asesinato a sangre fría” y exigía al presidente llevar a la CIJ “este acto de terrorismo por Fidel Castro”.

Pragmatismo

Hacia septiembre de 2007, Villoldo enrumbó por la senda de sacar provecho post mortem del Che Guevara. Con la mayor firma subastadora de piezas de colección [Heritage Auctions of Dallas] convino en vender al mejor postor en persona o por Internet, teléfono, fax o correo postal, un mechón de pelo del Che, el mapa original usado para cazarlo, telegramas en que René Barrientos [Presidente de Bolivia] solicitaba información sobre el progreso de la misión, fotos del cadáver del Che tirado semidesnudo en un cuarto de lavandería, intercepciones de los mensajes entre él y sus guerrilleros, así como uno de los dos juegos de impresiones dactilares [Foto] tomadas al Che antes de enterrarlo.

Al triunfo de la revolución de Castro, Guevara había acosado sistemáticamente al padre de Villoldo incluso con serias amenazas de paredón, luego de mandar a saquear y ocupar su establecimiento de concesionario de General Motors en La Habana, que tenía ventas de casi $15 millones anuales. Según Villoldo, “my father became a former shadow of himself”. El 16 de febrero de 1959, tras haber sido interrogado por el propio Guevara, Gustavo Villoldo Sr. puso fin a su vida de 56 años ingiriendo un frasco de pastillas para dormir. Para 1967, Gustavo Villoldo Jr. cerraba la cacería del Che Guevara enterrándolo en Vallegrande (Bolivia).

Coda

Villoldo proseguiría su senda pragmática demandando por daños y perjuicios al gobierno de Cuba personificado en Guevara y Castro. El 29 de mayo de 2009 obtuvo el fallo de mayor cuantía dictado por tribunal civil estadounidense contra aquel gobierno. El juez Peter Adrien adjudicó a Villoldo mil millones en virtud de que “what the defendants did was torture this family and tear it apart”.

Notas

[1] Los familiares demandaron al gobierno de Castro y obtuvieron fallo de indemnización por $187 millones (Alejandre v. Republic of Cuba, 42 F. Supp. 2d 1317 / S.D. Fla. 1999).

[2] El juez Garzón tenía jurisdicción sobre Pinochet porque constaban acusaciones de asesinatos de unos 80 ciudadanos españoles bajo su administración. La orden de arresto podía ejecutarse en Londres ya que el tratado de extradición entre el Reino Unido y España incluía como causal los crímenes contra derechos humanos. La fanfarria de crímenes de lesa humanidad contra los hermanos Castro nunca pasó más allá del circo mediático.


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