El 85 % de la población cubana considera que no hay mejoras con las reformas (I)

Los voceros gubernamentales se han apresurado a decir que los resultados de la última encuesta aplicada por el IRI en Cuba y publicada por estos días, es inservible por sesgada.

Sin embargo los criterios para desacreditarla padecen de la superficialidad y manipulación de siempre: todo lo que venga de una institución extranjera que no coincida con el discurso oficial es una maniobra del “enemigo”.

Sospechan de la institución que la produce y de las preguntas, y de esta manera invalidan sus resultados: una fuente de información preciosa que el Gobierno cubano por su parte, no produce.

Sería motivo de discusión si hacer preguntas directas sobre el multipartidismo pudieran ser consideradas como que inducen a respuestas esperadas. De cualquier modo las respuestas son el resultado del contexto y no de la formulación de las preguntas. En una situación como la cubana, en la cual los derechos ciudadanos —sobre todo los civiles y los políticos, aunque también los económicos y los restantes (sociales y culturales)— no pueden ser defendidos en los tribunales frente a las arbitrariedades de los funcionarios del Estado, una pregunta sobre las apetencias de cambios hacia una mayor libertad tendrá siempre una respuesta mayoritaria a su favor. Por lo tanto si algo “sesga” las respuestas es el contexto económico social y político adonde se aplica y no sustancialmente la formulación de las preguntas.

Pero plantear, que una pregunta sobre los beneficios que le han traído las reformas a los entrevistados es una pregunta sesgada[1], es querer tapar el sol con un dedo. Ninguno de sus críticos se ha referido a las bases metodológicas de la encuesta y sin hacerlo, las críticas son superficiales y manipuladoras. La representación por edad y sexo en el territorio de cada provincia permite afirmar que es una muestra válida. Para impugnar estos resultados es imprescindible demostrar que la muestra consultada no es estadísticamente válida y en eso los detractores de la encuesta desaparecen del escenario.

Medidas cosméticas.

En un sustancial dossier[2] “Cuba: el cambio a debate”, se recopila las demandas de la población hechas en 2007, a partir del llamado a consulta de la población por la dirección del país. Comparando las demandas con las reformas realizadas hasta el momento es posible explicar por qué el 85 % de la población hoy, no ha visto beneficios con las reformas a su situación personal.

El historiador y politólogo Domingo Amuchástegui cita cifras oficiales de 1.300,000 críticas y propuestas referidas a diversos temas y zonas de la realidad cubana en el 2007.

Es posible agruparlas en cuatro temas y niveles de la sociedad:

• Las carencias cotidianas y prohibiciones y obstáculos para resolverlas.
• El deterioro y las propuestas de cambio sobre la educación y la salud.
• Las críticas al ordenamiento económico y las propuestas de cambio.
• Las críticas al ordenamiento político-jurídico y las propuestas de cambio.

En el orden de las carencias cotidianas, la agonía de los salarios frente a una canasta básica cara y cada vez menos accesible, sigue siendo el planteamiento más importante en el resultado de los debates de los Lineamientos cuatro años después y no resuelto hasta la actualidad.

Unido a esta, están todas las trabas burocráticas que hay que vencer para resolver los servicios de la comunidad: desde la vivienda y la imposibilidad de reparar y construir por cuenta propia hasta la ausencia de los mercados para satisfacer la necesidad de ropa, calzado y cambio o reposición de efectos electrodomésticos. Las prohibiciones legales para realizar transacciones de bienes personales como las casas y autos, parcelas de tierras, ganado vacuno y otros. La falta de transporte público como un problema endémico.

La prohibición para acceder a hoteles y centros turísticos por los nacionales cubanos. La falta de empleo y la desocupación en los jóvenes como un problema grave que frena la incorporación de este sector a la vida laboral.

De todos estos reclamos, las reformas han permitido entrar en los hoteles y centros turísticos a los nacionales, han permitido la adquisición de celulares y videos, la venta y compra de casas y autos (estos últimos referido a los autos de uso de varias décadas y no a los autos nuevos), y la posibilidad de reconstruir por cuenta propia las viviendas —siempre que existan los materiales— y un crédito para estos fines para las personas de más bajos ingresos. Todas estas reformas privilegian a los que poseen el más alto nivel de recursos (remesas, trabajo en el exterior y algunos sectores pagados en divisa), y aunque imprescindibles, no inciden para nada en la mejora de la vida cotidiana para la mayoría de la población. Sin la posibilidad de contar en el mercado nacional con los materiales de construcción necesarios, los créditos a los sectores de más bajos ingresos se convierten en una medida sin sentido.

El deterioro y las propuestas de cambio en el sector de la educación y la salud se refieren a las negativas condiciones de trabajo y de salario de estos profesionales y a la carencia y/o mala calidad de los servicios que brindan. Desde esa fecha se viene planteando la falta de políticas para detener el declive de estos servicios y la indefensión de la comunidad para resolverlos. Estos mismos planteamientos se encuentran cuatro años después en los resultados de la discusión de los Lineamientos y siguen sin obtener atención por parte del Estado.

Las críticas al ordenamiento económico en 2007 son mayoritarias sobre la doble moneda y las consecuencias nefastas para la economía nacional y personal. Cinco años después, la mayoría de los trabajadores sigue recibiendo sus salario en pesos cubanos, mientras la posibilidad de consumo de los productos de primera necesidad solo es posible en moneda convertible o en el equivalente a esta moneda que, como planteó Eliécer Ávila hace algunos años, encarece en la práctica 24 veces el consumo popular. La libreta de abastecimiento se ha convertido en la posibilidad de un consumo virtual y la doble moneda no permite cálculos reales sobre la productividad del trabajo, sobre todo del sector estatal altamente ineficiente y parasitario.

En un nivel estructural, la población abogó masivamente[3] por la eliminación del monopolio estatal de la propiedad y la producción. En aquel momento se hizo la demanda de expandir nuevas formas de propiedad como la propiedad personal, familiar, cooperativa y la ampliación de las formas de inversión extranjera no solo la concentrada con el Estado, sino además incluyendo la inversión de los cubanos en el exterior para crear empresas pequeñas y medianas en el país con pares nacionales.

Cinco años después, solo en el renglón de la expansión de las cooperativas —no solo en la agricultura sino también en los servicios y la industria—, se sigue “estudiando” con experimentos puntuales como si no existieran referentes de cooperativas antes de 1959 en Cuba o sus similares en el mundo contemporáneo. Parece ser que los “experimentos” repiten los criterios de verticalidad y control por parte del Estado, típico de las cooperativas estalinistas, que demostraron su fracaso en Cuba y en el resto de las experiencias europeas del Socialismo estatal.

Mientras no se elimine el monopolio estatal sobre las exportaciones y las importaciones, cualquier medida de liberalización económica choca con la incapacidad financiera y burocrática del Estado para suministrar los recursos imprescindibles y hace fracasar desde el inicio, otros tipos de propiedad y otros tipos de producción.

Por eso, hasta ahora, las medidas de liberalización económicas o sociales son percibidas como cosméticas por la inmensa la mayoría de la población. ¿Será el 85 o un porciento mayor?

[1] Encuesta IRI, la pregunta: “De las reformas implementadas, ¿Se ha beneficiado usted directamente?” página 22.
[2] Encuentro de la cultura cubana # 47 invierno 2007-2008 de los intelectuales e investigadores Pablo Díaz Espi, Manuel Cuesta Morúa, Juan Antonio Blanco, Haroldo Dilla, Domingo Amuchástegui, Dagoberto Valdés, Carlos Alzugaray y Antonio José Ponte.
[3] Domingo Amuchástegui cita la cifra de seis millones de participaciones en este sentido.Ob cit página 83.

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