Entre política migratoria y derecho materno

El pasado 6 de abril de 2006, un editorial del diario oficialista Granma, con el título "El tráfico humano y la muerte viajan con lancha rápida y pasaporte norteamericanos", hacía referencia a un nuevo intento fallido de salida ilegal por parte de 39 cubanos, desde la costa sur de la provincia de Pinar del Río, supuestamente vía México, a bordo de una lancha rápida con matrícula de Estados Unidos.

Pese a lo ya cotidiano de estos sucesos, el gobierno cubano divulgó este caso en particular debido a que las unidades guardafronteras interceptaron y ocuparon la embarcación que —según asegura— había realizado anteriormente actividades ilegales de tráfico humano. Asimismo, detuvieron a dos de los contrabandistas y un tercero resultó muerto cuando los guardafronteras abrieron fuego contra la lancha.

En el reporte se mencionaba la presencia de 20 hombres, 12 mujeres y 7 niños entre los aspirantes a emigrar, "una parte de los cuales, fundamentalmente mujeres y niños, ha sido restituida a sus hogares tras habérseles tomado declaraciones". El resto continuaba detenido "mientras se esclarecen los hechos y se definen responsabilidades".

Y al parecer, tales responsabilidades han sido debidamente "definidas" por las autoridades, toda vez que con fecha 17 de abril de 2006, un nuevo editorial de Granma vuelve sobre los hechos con un título que de antemano oblitera cualquier cuestionamiento: "Nada ni nadie puede poner en peligro la vida de un niño".

Con semejante titular ya se sabe qué podemos esperar del contenido: bajo el pretexto de que entre las personas que esperaban emigrar ilegalmente en la madrugada del 5 de abril se encontraban 7 niños con edades comprendidas entre los 23 meses y los 14 años, que estuvieron sometidos a malas condiciones por la humedad, presencia de mosquitos, y falta de agua potable y de alimentos por espacio de dos días; que dos de estos niños, de 3 y 11 años respectivamente, debieron ser trasladados a servicios médicos con urgencia por presentar síntomas de deshidratación e intoxicación y que todos los menores, en general, debieron ser hospitalizados "por la irresponsabilidad de los padres". El nuevo editorial anuncia que "teniendo en cuenta la gravedad de los actos perpetrados por los familiares de los menores, exponiéndolos a graves peligros para su salud y sus vidas, se adoptó la decisión de poner a las siete progenitoras que poseían la custodia de estos niños a disposición de los Tribunales de Justicia, que determinarán las medidas legales pertinentes".

Medidas inconstitucionales

Semejante decisión resulta tan arbitraria e injustificada como los tres fusilamientos del año 2003, a propósito de la tentativa de secuestro de una embarcación, también con fines migratorios.

Con independencia de la diferencia de matices entre ambos casos, las medidas (desmedidas) resultan absolutamente anticonstitucionales. En todo caso, la posición del gobierno cubano es tan hipócrita como la de la Ley de Ajuste que tanto condena. ¿Acaso manifestaron las autoridades igual preocupación por los niños cuando propiciaron, abierta y descaradamente, la estampida de los balseros en 1994?

En aquella ocasión se permitió la salida en peligrosísimas y rústicas embarcaciones a muchos menores y a mujeres en avanzado estado de gestación, sin que el gobierno mostrara tanta "humanidad" y desvelo como los que hoy pretende exhibir.

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