La infame lógica de los represores

Al final, el senador demócrata John Kerry decidió liberar veinte millones de dólares para financiar programas federales que intentan promover la democracia en Cuba.

Aún antes de que la medida se concretara, el régimen cubano respondió con su lógica habitual: “…un ciudadano estadounidense iría a prisión si recibe dinero del Gobierno cubano para cualquier fin, aunque sea humanitario, así lo estipulan las regulaciones federales de Estados Unidos” —asegura. Y concluyó: “¿Por qué admitir entonces que naturales cubanos adquieran sumas importantes aprobadas por el Congreso norteamericano, nada menos que para subvertir el orden interno en Cuba?”

Así razonan los funcionarios de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional dirigiéndose a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos; y todo con el propósito de pedirle “enfrentar resueltamente este acto” con una revisión de la Ley 88, de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, conocida con el mote, más descriptivo, de Ley Mordaza, aprobada en 1999. Y es que, por disparatado que parezca, aquel engendro todavía les parece insuficiente.

No obstante, reconozcámoslo, Estamos ante un círculo vicioso que gira en la tesitura conveniente, apoltronado entre los cojines de la ética y la retórica de un discurso a la medida. Y si se asume de modo literal parece incontestable.

Lo que pasa es que admitir textualmente un discurso, cualquiera que sea, es, además de arriesgado, poco perspicaz. Lo juicioso es contrastar y matizar. Y si se contrasta y se matiza —por ejemplo, a la luz de la memoria y de lo que piensan los afectados— veremos que, aunque hábil, y pese a las densas campañas de calumnias y desinformación instrumentadas por el régimen, es perfectamente discutible. Y no precisamente por una cuestión de significado o de juicio, que también, sino, digamos, por una razón de uso. O sea, si se confronta (insisto) con la memoria y otros puntos de vista. Es decir, con la realidad.

Para empezar, observemos el término “subvertir”. Si se toma en la acepción de “estorbar” o “molestar”, es correcto. Así que podemos convenir en lo siguiente: Es cierto; los disidentes que supuestamente serán los destinatarios, al menos en parte, de ese dinero, estorban o molestan el llamado “orden interno de Cuba”.

Pero aquí se impone desplazar la mirada (y esto forma parte ya de la matización que digo) y fijarla en esa partícula. Precisamente ahí, en ese “orden interno de Cuba”, se encuentran las impugnaciones a semejante lógica. Pensemos si no en qué consiste dicho orden. En esa sencilla definición está la clave.

Por ejemplo: ¿Ese “orden interno” puede ser cuestionado por la ciudadanía? ¿Contempla algún proyecto alternativo al del Gobierno que se haya debatido públicamente de igual a igual y sometido a la prueba de las urnas? ¿Tolera la disidencia y, por tanto, la libre financiación de otros partidos que controlen al Gobierno y defiendan otro orden o, dado el caso, otras vías para “actualizar” el vigente? ¿No es, en fin, un orden impuesto que, por lo mismo, viola derechos humanos fundamentales y cobra al país un alto precio en libertad, en bienestar e, incluso, en vidas? ¿No es, si lo miramos bien, más que un orden un “desorden” que ha arruinado al país?

No hay que detallar las respuestas. Apuntemos solo que en la antepenúltima pregunta deslizo el término “libre financiación” muy a propósito. Con ello quiero sugerir que el enfrentamiento a un régimen totalitario no es tarea fácil ni gratuita; es difícil y costoso (al menos más que hacerlo a una dictadura al uso). El totalitarismo, como su nombre indica, controla la totalidad que diría Hannah Arendt: los individuos; los estados de opinión; la redacción y lectura de la historia en curso y la revisión de la ya escrita; la cultura; los significados y, como es lógico, los flujos y reflujos materiales y financieros.

Así las cosas, recordemos que los disidentes cubanos son expulsados de sus puestos de trabajo; se les arrebatan sus fuentes de ingreso y, en fin, se les intenta asfixiar y, en gran medida, se les asfixia. En pocas palabras: se les arrastra a un territorio inhabitable donde sobrevivir requiere, entre otras cosas, de la solidaridad exterior. Algo que, si no se contrasta y se matiza, puede confundirse, sí, con el mercenarismo. Al menos con una burda simplificación de ese vil concepto que la retórica del régimen adereza con “lógicas” como las que comento.

Mercenario (¿hay que decirlo?) es el soldado que participa en una guerra por un estipendio. Un mercenario no tiene motivaciones políticas; ni una ideología; ni siquiera simpatía por el bando que le paga. Un mercenario combate del mismo modo que un albañil junta ladrillos.

Y, que se sepa, Cuba es uno de los pocos lugares del mundo que disfrutan de una paz que, desde hace décadas, solo es alterada por las explosiones de las costosas maniobras militares y los apocalípticos discursos del régimen. ¿De qué mercenarios puede hablarse entonces? ¿De ciudadanos que supuestamente reciben dinero para que puedan sobrevivir al acoso y a la cárcel por pensar una Cuba diferente o ejercer un periodismo no sujeto al mandato del Gobierno? ¿Por eso?

La guerra de Cuba, en cualquier caso, es política. Es una “guerra” (así, entre comillas) ideológica. ¿El propio régimen no habla de “batalla de ideas”? Y si es así (y es obvio que lo es), el término “mercenario”, aun en el supuesto de que parte de esos 20 millones llegasen a sus manos, está sacado de quicio. Es una impostura. O, por lo menos, una deformación semántica interesada. Como lo es el propio uso de la palabra “guerra”.

La oposición en Cuba es pues una oposición pacífica que “molesta” o “estorba” al régimen, sí, pero solo en la medida en que el régimen intenta conservar su impunidad y porque pretende (la oposición, no el régimen) expresar su punto de vista ante la grave situación que paraliza a la Isla y, a la vez, lograr que se restablezcan los derechos humanos fundamentales que, por ser humanos, no son solo el derecho a la sanidad y al estudio, sino también (y quizá sobre todo) los derechos a pensar y expresarse libremente; a recibir una información veraz y sin censura; a escoger su forma de Gobierno y sus gobernantes; a moverse sin restricciones; etcétera. Únicamente pretende ejercer una prerrogativa que en la mayoría de los países de Occidente es absolutamente normal.

Ni la liberación de esos 20 millones de dólares en Washington ni la infame lógica de los represores en La Habana pueden deslegitimar esa voluntad. Y mucho menos legitimar el endurecimiento de una Ley que, tal como está, es ya un insulto a la dignidad de los cubanos.

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