La isla Sheraton
Hoteles y discriminación: ¿Exige La Habana a otros lo que prohíbe a los cubanos en su país?
Un artículo publicado en el diario Juventud Rebelde, en su edición del pasado 5 de febrero, informa de la expulsión de varios funcionarios cubanos del Sheraton María Isabel Hotel, ubicado en una muy céntrica zona de la capital mexicana.
El artículo ("¿Arrogancia o impotencia?") califica de "escandalosa y sin precedentes" la medida tomada por "órdenes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos". Como es práctica usual en el "periodismo" oficialista, el texto se extiende en calificativos contra el gobierno estadounidense, la Embajada de Estados Unidos en México y, además, cuestiona la soberanía de México, toda vez que la medida fue tomada en un hotel propiedad de una empresa subsidiaria de una compañía norteamericana, ubicado en tierra mexicana.
El incidente podría pasar como uno más en la interminable porfía "evolución cubana versus imperialismo yanqui", de no ser porque la edición del Granma del 6 de febrero lo retoma, dedicándole ni más ni menos que un editorial que ocupa el mayor espacio de su primera plana [lo volvió a hacer el día 10, con otro editorial].
Esta otra referencia a la reciente contingencia del Sheraton María Isabel, demuestra que La Habana pretende convertir en suceso de interés internacional la medida adoptada por el Departamento del Tesoro estadounidense, en virtud de la Ley Helms-Burton.
Lo curioso del caso, no obstante los excesos de las leyes norteamericanas supuestamente encaminadas a ahogar a la revolución de Castro, es que del texto de ambos artículos se desprenden informaciones adicionales, como la misteriosa reunión de funcionarios cubanos con empresarios norteamericanos del petróleo, de la que no se había mencionado una palabra a los cubanos.
¿Discreción para proteger los negocios?
Los "informes" de la Asamblea Nacional de finales de 2005, no fueron pródigos en asuntos relacionados con el "descubrimiento" súbito del hidrocarburo en Cuba, pero —al parecer— los empresarios del "enemigo" poseen más datos que los cubanos, al demostrar interés en negociar con los funcionarios del gobierno.
No menos significativo es el hecho de que, según afirma el editorial de Granma, ya en 1992 —entonces en cumplimiento de la Ley Torricelli, que prohíbe a empresas norteamericanas y sus subsidiarias establecer vínculos comerciales con el régimen— el mismo hotel había cancelado un contrato con el Instituto Nacional de Turismo.
¿Qué inocente idea motivó, más de diez años después, que 16 funcionarios cubanos reservaran alojamiento allí? ¿Acaso no existen en Ciudad México otros hoteles que ofrezcan comodidades dignas? ¿O quizás no había otro hotel a la altura de la dignidad de los representantes de la revolución?
Otro dato interesante para descubrir la muy divulgada "austeridad" de nuestros dirigentes y para entender por qué el resto de los cubanos —despilfarradores por naturaleza— debemos desarrollar una cultura del ahorro, a pesar de que en este caso los "enemigos" del Norte pagaron las habitaciones.
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