Actualizado: 03/06/2020 20:08
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Corrupción

El gobierno actualiza la ley contra los 'nuevos ricos'

El 37% de los procesados en los últimos tres años eran trabajadores por cuenta propia.

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AFP/ La Habana. El gobierno cubano "rediseña sus métodos y estrategias" para la aplicación del decreto-ley contra el enriquecimiento ilícito, popularmente conocida como "ley maceta", en virtud del cual se han abierto 487 casos en los últimos tres años, informó este martes la Fiscalía General.

"En los últimos tres años hemos radicado 487 casos en los que se han procesado a 182 personas como expedientados y a 305 terceros beneficiados", dijo al diario oficialista Granma la directora de Verificaciones Fiscales de la Fiscalía General, Caridad Sabó.

El Consejo de Estado aprobó en mayo de 1994 el decreto-ley 149 sobre confiscación de bienes e ingresos obtenidos mediante enriquecimiento indebido.

De la aplicación de la llamada "ley maceta" no se oía hablar en los últimos tiempos. Ahora reaparece en medio de la cruzada contra la corrupción y los "nuevos ricos", lanzada por el régimen de Fidel Castro.

El 37% de las personas procesadas en los últimos tres años "corresponde a trabajadores por cuenta propia, principalmente arrendadores de viviendas que distorsionan los permisos otorgados y alquilan más habitaciones de las autorizadas; también otros que se dedican a este tipo de actividad sin estar aprobados", dijo Granma citando a Sabó.

En 1993, en medio de una serie de reformas para enfrentar la crisis económica, el gobierno aprobó el trabajo privado en varias actividades como el alquiler de habitaciones y el funcionamiento de pequeños restaurantes, llamados "paladares".

Quienes se dedican a esas actividades deben pagar altos impuestos mensuales al fisco, que son en moneda convertible si cobran a sus huéspedes o comensales en esa moneda.

Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC, único) señaló que también "se han detectado casos de personas sin vínculo laboral dedicadas a la crianza de cerdos y venta de sus carnes, sin poseer la autorización requerida. Esta conducta se ve facilitada, mayormente, por el desvío de materia prima y alimentos de las entidades estatales".

"La Fiscalía está llamada a enfrentar tales conductas; por ello en estos momentos rediseña sus métodos y estrategias de trabajo en busca de mayor eficacia. Nuestra principal tarea no es sólo detectar el hecho, sino también determinar y combatir las causas que propician el enriquecimiento indebido", afirmó Sabó.