El Gobierno planea endurecer la Ley Mordaza
“¿Por qué admitir que naturales cubanos adquieran sumas importantes aprobadas por el Congreso norteamericano, nada menos que para subvertir el orden interno en Cuba?”, dijeron funcionarios
Funcionarios de la Asamblea Nacional del Poder Popular pidieron el viernes endurecer la Ley 88, más conocida como Ley Mordaza, para castigar a los opositores que reciben ayuda financiera del Gobierno de Estados Unidos, reportó la AFP.
Según medios oficiales, representantes del régimen han pedido una revisión de la Ley Mordaza, luego que el senador demócrata John Kerry liberara esta semana 20 millones de dólares para programas federales que promueven la democracia en Cuba.
La Comisión de Relaciones Internacionales del Asamblea Nacional pidió a su homóloga de Asuntos Constitucionales y Jurídicos “enfrentar resueltamente este acto” con una revisión de la Ley 88, de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, aprobada en 1999.
Aunque esos fondos aún enfrentan el bloqueo del senador demócrata Patrick Leahy, el Gobierno de Raúl Castro alega que “un ciudadano estadounidense iría a prisión si recibe dinero del Gobierno cubano para cualquier fin, aunque sea humanitario, así lo estipulan las regulaciones federales de Estados Unidos”.
“¿Por qué admitir entonces que naturales cubanos adquieran sumas importantes aprobadas por el Congreso norteamericano, nada menos que para subvertir el orden interno en Cuba?”, señalaron los funcionarios.
Los representantes gubernamentales señalan que “esas acciones injerencistas no pueden quedar impunes, requieren de una respuesta de carácter legislativo”.
Las autoridades cubanas consideran “mercenarios” a los disidentes bajo la acusación de recibir “salarios” de Washington y apelaron a la Ley Mordaza para condenar a 75 opositores en el año 2003 a penas de hasta de 28 años de cárcel, luego de la ola represiva llamada Primavera Negra.
Todos ellos fueron excarcelados desde el 2004 por razones de salud, o a partir del diálogo entre el Gobierno de Raúl Castro y la Iglesia Católica, con la mediación del Gobierno español, abierto desde mayo de 2010.
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