Actualizado: 12/07/2024 0:11
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intento de secuestro

Incertidumbre sobre la posible aplicación de la pena de muerte a soldados que intentaron secuestrar un avión

La ejecución de los reclutas 'significaría un gran retroceso en materia de derechos humanos', advirtió el disidente Elizardo Sánchez Santacruz.

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AFP/ La Habana. El fallido secuestro de un avión con el que dos reclutas pretendían escapar a Estados Unidos, y que dejó un saldo de dos muertos, pone a La Habana en la disyuntiva de si reactivar la pena de muerte, pese a un posible rechazo internacional como el de 2003, cuando fueron ejecutados tres hombres que intentaron secuestrar una embarcación de pasajeros.

Tras desertar de su unidad militar y armados con AK-47, los dos conscriptos tomaron un autobús con varios rehenes e intentaron secuestrar la madrugada del jueves un Boeing 737 de la Terminal 1 del Aeropuerto de La Habana, lo que desató un tiroteo con la policía.

En el hecho murió uno de los rehenes, el teniente coronel Víctor Acuña, quien intentó evitar el secuestro cuando ya los reclutas estaban en el avión y quien, a propuesta de Raúl Castro, ministro de Defensa, fue condecorado post mortem con la medalla al valor, y la tarde de este viernes sepultado con honores militares.

Como agravante del caso, los jóvenes habían dado muerte al centinela de la unidad militar de Managua, al este de La Habana, cuando desertaron con otro soldado, capturado tras la fuga y quien habría revelado el plan, según la versión oficial.

El caso surge en un momento sensible para la Isla, bajo gobierno provisional de Raúl Castro, y cuando está sobre el tapete el tema de los derechos humanos y las relaciones con la Unión Europea (UE).

Una visita del canciller español Miguel Ángel Moratinos en abril buscó tender un puente a cuatro años de que la UE impusiera sanciones a La Habana por el encarcelamiento de 75 opositores y el fusilamiento el 11 de abril de 2003 de tres hombres que nueve días antes habían secuestrado una lancha con 50 pasajeros.

Fidel Castro justificó la ejecución como "una medida de excepción" que hubo que aplicar "sin vacilación alguna", luego de que se registraran en un lapso de un mes el desvío de dos aviones a Estados Unidos, y se abortaran unos 30 planes de secuestrar naves aéreas y navales.

La decisión provocó una ola de rechazo internacional. El Premio Nobel de Literatura, el portugués José Saramago, y otros intelectuales y políticos de izquierda, hicieron público su descontento y tomaron distancia del gobierno de Castro.

El presidente de la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez, recordó que la pena de muerte está contemplada para los delitos cometidos tanto en el Código Penal como en el Militar.

"Confío en que no haya petición de pena de muerte a pesar de la gravedad de lo delitos, y aunque se solicite, confiamos en que no se aplique y que se mantenga la moratoria que está desde 2003. Significaría un gran retroceso en materia de derechos", dijo a la AFP.

Precisó que Cuba "hay entre 40 y 50 condenados a muerte, la mayoría por delitos comunes graves, y si el gobierno reanuda los fusilamientos, ellos podrían ser expuestos".

El Código Penal cubano en su artículo 29 establece la pena capital de "carácter excepcional" que "no puede imponerse a los menores de 20 años de edad ni a las mujeres que cometieron el delito estando encinta o que lo estén al momento de dictarse la sentencia".

Los dos reclutas que intentaron secuestrar el avión son Yoan Torres, de 21 años, y Leandro Cerezo, de 19 años, en tanto que el tercero sería Alain Forbus, también de 19.

La Habana responsabilizó a Washington el jueves del intento de secuestro, al afirmar que la llamada Ley de Ajuste Cubano, que concede residencia a los cubanos que consiguen tocar suelo estadounidense, promueve las "acciones vandálicas y criminales".

Desde el triunfo de la revolución en 1959, en Cuba han ocurrido 55 actos de piratería aérea. En el anterior intento de secuestro de un avión, ocurrido el 10 de abril de 2003, cinco de los ocho secuestradores fueron condenados a cadena perpetua y tres a 30 años de cárcel.