Actualizado: 20/09/2019 11:30
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Argentina

Argentina: De los piqueteros al “kirchnerismo”. Balance de una década convulsa (III)

En esta tercera y última entrega contamos con la opinión del politólogo Isidoro Cheresky y Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Toulouse Le Mirail (Francia), entre otras actividades académicas y vínculos institucionales

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En diciembre se cumplió una década de las manifestaciones que dieron al traste con el Gobierno de Fernando de la Rúa y que marcaron, con su caída, el declive del modelo neoliberal impulsado por diferentes inquilinos de la Casa Rosada. En los años sucesivos (2001-2011) los argentinos han sido espectadores —y protagonistas— de una dinámica de cambio político, signada por (re)cambios de gobernantes y movimientos sociales, políticas económicas y programas sociales, en medio de una aguda confrontación simbólica e ideológica. Aprovechando los diálogos y las impresiones recabadas en nuestra reciente visita al país austral y con el propósito de analizar algunos hitos de semejante evolución, hemos ido convocando a varios académicos argentinos quienes, con miradas diversas, han evaluado el acontecer y desafíos futuros que inciden en la vida de los argentinos.

En esta tercera y última entrega contamos con la opinión de Isidoro Cheresky, quien es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Toulouse Le Mirail (Francia), profesor titular de Teoría Política Contemporánea en la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto Gino Germani (UBA). Cheresky ha sido profesor Tinker y becario Fulbright (EEUU), docente e investigador en la Universidad de Laval (Quebec), el Centre d’ Etudes Politiques (París I) y la New School University (New York) y Consultor en gobernabilidad democrática del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otras actividades académicas y vínculos institucionales. Ha publicado libros y artículos sobre temas de democracia, participación política y ciudadanía en diversas editoriales de su país y la región, entre los cuales destaca recientemente Ciudadanos y política en los albores del siglo XXI, Coediciones CLACSO/Manantial, Buenos Aires, 2010.

Durante las manifestaciones del llamado “Argentinazo” se asistió a la eclosión de piquetes populares y asambleas de clase media, que parecían presagiar una evolución de las formas de organización y acción colectiva tradicionales. ¿Cuál es el saldo de ese proceso para la cultura y vida políticas argentinas?

Isidoro Cheresky (ICH): Supongo que con “argentinazo” se refiera al “cacerolazo”, ya que en los lenguajes académico o periodístico argentinos, que yo sepa, no se ha generalizado el término “argentinazo”. Justamente a diferencia de otros acontecimientos que fueron denominados por su ubicación exacta, como el “cordobazo” en 1969. Ahí efectivamente, se trataba de un movimiento de características —aunque también espontáneas— completamente diferentes, sin políticas estructuradas.

El “cacerolazo” fue ilustrativo de los nuevos tiempos de la política y de la democracia en Argentina y en América Latina. Es así como lo consideran los que han escrito sobre el tema y la característica dominante no fue tal o cual acción puntual, como piquetes o asambleas, sino una reacción inesperada y espontánea. Con espontánea quiero decir sin que dicha reacción haya sido convocada por organizaciones partidarias, sociales, ni siquiera por una intervención de asociaciones vecinales o de diferente naturaleza, que tienen relativamente escasa presencia en Argentina. No fue una sociedad civil organizada la que se autoconvocó: sucedió en un contexto de crisis que había tenido como precedente las elecciones legislativas de octubre de 2001, en donde ya se había expresado un malestar ciudadano con el conjunto de los actores políticos que en ese momento existían.

Esas elecciones tuvieron la particularidad de la aparición del voto impopular, el voto impugnado, que junto al voto en blanco y las abstenciones, hicieron que el 45 % del padrón electoral se pronunciara negativamente, de lo cual se habló mucho en su momento como expresión de un descontento ciudadano.

Este descontento expresaba una secuencia de dos frustraciones: la frustración con un modelo de desarrollo que, habiendo tenido apoyo ciudadano, nos prometía “estar en el primer mundo” y un desarrollo aperturista al mundo que anunciaba el progreso para todos por efecto del “derrame” del crecimiento económico. En realidad no fue así, hubo un impasse en el desarrollo económico (sobre el cual no vamos a entrar en detalle acá) y la apertura de la economía se tradujo en una retracción de la capacidad del Estado y una situación de debilidad con consecuencias sociales de desocupación y pobreza.

En la Argentina de ese periodo —es decir durante los 90 y hasta 2002—, luego de la crisis que supuso el abandono de la convertibilidad cuando cae el Gobierno de De la Rúa y se declara la secesión de pagos de la Argentina, la pobreza llega a índices superiores al 50 %. Era un país que tenía diferencias sociales pero que no conocía ese cuadro social. Estos índices de pobreza eran indicativos de un extraordinario deterioro.

Le recuerdo todo esto porque las elecciones de octubre (2001) manifestaron un descontento, no solo con lo que había pasado en los 90, sino también la frustración con las promesas de la coalición llamada Alianza para la Producción, el Trabajo y la Educación (ALIANZA), que reunía a la Unión Cívica Radical (UCR) y al Frente para un País Solidario (FREPASO) la cual era un proyecto de signo renovador —así se presentaba— y que rápidamente se reveló incapaz de sobrellevar la crisis tanto por sus decisiones en economía como por sus incapacidades reformistas. Hubo un escándalo que condujo a la fractura política de la coalición por los manejos para aprobar una ley laboral que perjudicaba la situación de los trabajadores.

A fines de 2001 comienza a haber reacciones como resultado del empobrecimiento del país. No era la primera vez que pasaba en la Argentina, pero comenzaron a suceder en un ámbito mayor, con asaltos a supermercados y saqueos. Algunos saqueos podían ser incitados por líderes o punteros locales, pero en términos generales eran ilustrativos de un malestar que nadie podía controlar o dominar.

En los sectores más empobrecidos hubo esa reacción y se comenzó a crear un clima de inestabilidad y de malestar porque esos saqueos se extendieron también a sectores de los suburbios. O sea que no era solo a supermercados, sino a comercios. Se dio, en primer lugar, una reacción de temor en los sectores urbanos por la situación, por temor a los saqueos.

Entonces el presidente De la Rúa habló por TV en un discurso donde se refirió —de un modo un poco ambiguo— a los culpables de los desórdenes y anunció el estado de sitio. Mientras se transmitía su discurso comenzó a aparecer (no en los sectores populares, que habían sido los más excluidos) en la Ciudad de Buenos Aires, en los balcones, gente protestando con las cacerolas. No era la primera vez en que aparecían expresiones de este tipo en la Argentina o en la América Latina: había habido apagones en la época de Menem y cacerolazos. Yo diría que aquí influyen las nuevas tecnologías de la comunicación, en este caso fue sobre todo a través de la TV, las cámaras captaron que en algún barrio comenzó a haber esa forma de protesta y eso hizo extenderla.

La protesta se inició en los barrios pobres, también en las calles, pero fue oblicua pues la expresión dominante era el malestar de la ciudad. Y a diferencia de lo que son las manifestaciones políticas tradicionales, no era la concentración en la plaza principal o la convergencia en la Plaza de Mayo, aunque después hubo algo de eso. Unos días después de la primera protesta (creo que los días 18 y 19) hubo concentraciones en Plaza de Mayo que fueron reprimidas, hubo muertos en Buenos Aires y en el interior. Es ahí, frente a la incapacidad del Gobierno de controlar la situación, que renuncia el ministro de Economía, Cavallo, y después De la Rúa.

Fue una expresión de descontento de tipo negativo, un malestar ciudadano que tenía un reclamo genérico que era “que se vayan todos, que no quede más ninguno”. De hecho, era contra la alianza gobernante pero también contra los políticos en general, estaba en sintonía con lo que había sucedido en esas elecciones donde la gente había anulado el voto rompiendo las boletas o poniendo frases despectivas. Estaba en sintonía porque en las elecciones los partidos de la Alianza, afines al Presidente, sacaron menos de la mitad de los votos que habían obtenido anteriormente.

La oposición —es decir, el peronismo— también sacó menos votos que en anteriores elecciones, aunque la caída no le afectó tanto como el oficialismo. Ese es el contexto del “cacerolazo”, de un novedoso proceso de ruptura con la representación política. Siento que fue una crisis de representación política donde el “cacerolazo” no fue el inicio, sino el punto culminante, algo ilustrativo de las nuevas condiciones de la política y de la democracia en Argentina y en América Latina.

Aunque hablamos de Argentina, voy a poner otro ejemplo ilustrativo con el caso boliviano. El presidente Evo Morales ganó a fines del 2009 las elecciones con el 67 % de los votos, o sea tenía legitimidad electoral pero eso no quería decir que podía gobernar según su parecer. Cuando quiso poner los precios de los hidrocarburos en sintonía con los precios de la región ello fue perjudicial para todos porque aumentaba el precio de los productos de consumo que son transportados, y por supuesto la gente se movilizó. Entonces Evo Morales tuvo que retroceder frente a una reacción popular de esa naturaleza.

Hace algunas semanas comenzó el tendido de una carretera que pasa por un territorio indígena, que es poco poblado pero considerado territorio sagrado y propio de los indígenas y que —según el carácter multiétnico reconocido por la constitución del Estado boliviano— no puede ser afectado sin el acuerdo de ellos. Incluso la posición de estos grupos, que se han manifestado y han sido reprimidos, es que no aceptan una consulta electoral porque hay otros sectores que sí quieren que la carretera sea trazada para facilitar la circulación de productos y la expansión de la economía boliviana.

Estoy diciendo todo eso porque vemos esas otras expresiones en la región o en el mundo. Vivimos en una época —sobre todo en América Latina— de la consolidación de la democracia electoral. No se puede acceder al poder si no es a través del voto. En primer lugar, la corporación militar se había colocado en la Argentina como la tutora de la sociedad; cuando había inestabilidad, los militares intervenían con ese régimen excepcional que instaló en Argentina en junio de 1966. Ese corporativismo tuvo también otras formas, tanto provenientes del mundo de los negocios como de las organizaciones sindicales.

La instalación del electoralismo, con el fin del gobierno militar y el advenimiento de la democracia, desalojó al corporativismo. Las corporaciones mismas han sido afectadas, hay a veces conflictos en que una dirección sindical negocia un acuerdo y una asamblea gremial lo desautoriza. Quienes gobiernan tienen una legitimidad, pero tienen que dar cuenta de sus actos y sus actos pueden ser juzgados independientemente de su consideración como gobernantes legítimos.

Esa es una novedad de nuestro tiempo y creo que tuvo la ilustración más dramática —aunque no la primera— con el “cacerolazo”. Hoy la vemos en el ejemplo boliviano, lo que indica que vivimos en otro tipo de democracia, donde la ciudadanía es electorado pero también continúa existiendo en la vida pública. Y esto constituye una paradoja: las elecciones se han instalado como aquello que marca la vida política, pero al mismo tiempo los recursos tradicionales de la competencia política electoral se han debilitado y los partidos se han desagregado, siendo su sustento básico una conexión con los ciudadanos. Lo que tenemos actualmente es una mayoría ciudadana que se redefine en ocasión de cada proceso electoral y que —incluso antes de que haya un proceso electoral— puede protestar o vetar decisiones de aquellos mismos por los que votó.

Eso en las encuestas —en el Latinobarómetro o en encuestadoras nacionales— aparece como aquel 75 u 80 % de la ciudadanía diciendo que no pertenece ni se identifica de modo permanente con una fuerza política. En Argentina, De la Rúa había sido en 1999 consagrado con el 49 % de los votos frente a Duhalde con un 36 %, y aunque estaba muy instalada su fuerza política ello no impidió que acabara en un año y medio. Sus decisiones fueron desautorizadas y eso trajo como consecuencia inmediata que se alejara el ministro de economía y el propio Presidente.

No es que en el “cacerolazo” salieron “los argentinos”, pues fue en las zonas más urbanas y solventes de Buenos Aires, zonas aledañas y en algunas ciudades del interior, precisamente donde estaba la Alianza. Lo que sucedió en Argentina está en sintonía con lo acaecido en América Latina en los últimos 15 o 20 años, pero sobre todo en los últimos 5 años, en los que catorce presidentes han sido sacados del poder, no por los militares ni por ninguna corporación, sino por estallidos ciudadanos. En Ecuador hubo tres presidentes que se encontraron en esa situación, ante una sociedad desbordada.

Un grito común (y recordado) durante las manifestaciones de 2001 era “Que se vayan todos”, aludiendo al corrupto y decepcionante desempeño de las élites político-partidarias de todo signo ideológico. ¿En qué medida las viejas organizaciones (como Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista) o nuevas organizaciones (como el oficialista Frente para la Victoria) han tomado en cuenta aquel reclamo ciudadano, reformulando su actuación y programas políticos, en la década que ahora concluye? ¿Constituye el kirchnerismo una respuesta a semejante hastío del pueblo argentino?

ICH: No sé si podría decir que había un reclamo ciudadano; sí hubo un reclamo de “que se vayan todos”, pues había quienes pensaban que iba a haber una renovación política y de la renovación política lo único que ha sucedido es que se instaló el término y la pretensión de algunas fuerzas políticas de aparecer como el canal de salvación. No es que surgieron después del “cacerolazo” nuevos actores y procesos. Eso duró dos o tres meses, hubo una sucesión constitucional decidida por la Asamblea Constituyente y luego por el Congreso. Quedó Duhalde como presidente interino, pero ya en una nueva situación.

Cuando Duhalde era el presidente interino participó (por el hecho de gobernar) en la represión de una protesta de desocupados, que tuvo como consecuencia dos muertes. Se encontró en la situación de una evidente precariedad de su legitimidad y tuvo que renunciar y adelantar las elecciones. La única salida fue sustraerse al hecho de que era alguien consagrado por un Congreso, aunque no tenía una gran legitimidad ni aprecio ciudadano.

Esas elecciones del 22 de abril de 2003 fueron la ilustración de la continuidad de la ruptura del vínculo de representación. En esas elecciones —que fueron ante todo presidenciales— había cinco candidatos en competencia que, según las encuestas, se fueron alternando unos a los otros en índices de popularidad: Carlos Menem, Néstor Kirchner, Ricardo López Murphy, Adolfo Rodríguez Saá y Elisa Carrió. Todos se presentaron con etiquetas fuera de las tradicionales y procuraron crear un vínculo directo con el electorado. Algunas opciones políticas entraron en estado de desagregación bajo formas diferentes y creo que es lo que se mantiene desde entonces. En particular y de modo muy sintético, sobre la situación del radicalismo —de acuerdo a los resultados electorales y los vaivenes— tomamos la idea de que es una fuerza que ha entrado a un estado de desagregación. Sobre el peronismo se considera que siempre gobierna, pero eso no es así en varios sentidos. Muchos liderazgos políticos provienen de la tradición peronista pero el partido en el sentido tradicional del término —aún en las condiciones precarias que existía hace unos años—, no existe más. Son líderes que se discuten el poder y reclaman algunos aspectos reinterpretando esas tradiciones pero de hecho usted puede “ir al cuarto oscuro” y en la mayoría de los escritos no va a encontrar el rótulo Partido Justicialista. El sector del justicialismo que gobierna lo hace con la etiqueta “Frente para la Victoria” y no solo porque detrás de él están algunos “minipartidos” junto con los justicialistas, sino porque para el kirchnerismo esa pretensión de instalar una identidad que evoca al pasado pero que está instalada en el presente ya no es suficiente. El sentido no es la continuidad de la obra de los fundadores del peronismo.

Durante los primeros años de gobierno de Néstor Kirchner son escasas las referencias a los fundadores del peronismo. Hay un libro, “Entrevista a Néstor Kirchner”, donde él dice que su “intención es fundar otra cosa”. Pero más allá de las intenciones, los factores, hay una fenomenología política, ciertas tradiciones, que impiden la existencia de un vacío político pues los ciudadanos somos todos herederos de una historia en la que ha habido más movimientos políticos que partidos. Eso es algo que tiene presencia en el modo en que se organizan o disputan los procesos electorales y en otros momentos de nuestra historia política.

En las elecciones de 2003 el “espantapájaros” era Carlos Menem, que pretendía su reelección y que salió primero porque se postulaba frente a una situación que aparecía como descontrolada o caótica: decía que iba a seguir la modernización que se perdió en los 90 y que quedó frustrada (porque aunque efectivamente hubo una inserción destructiva para la Argentina en el mundo, también hubo en los primeros 5 años un crecimiento, aspectos de la economía que se modernizaron y un país gobernado). Que a uno le guste o no le guste cómo era gobernado es otra cosa, pero Menem tenía una minoría de adeptos, sobre todo lo que quedaba del Partido Justicialista, y ejercía el poder.

Entonces no hubo candidato del Partido Justicialista, pues no se hicieron votaciones internas del peronismo para esas elecciones ya que Duhalde —que era presidente provisional y enemigo de Menem— no podía asegurar que fuese a ganar. Hubo tres candidatos surgidos de esa tradición, que se decían peronistas pero bajo diferentes modalidades. Se pensó que todos los representantes iban a renunciar y que habría elecciones completas, pero no sucedió así. Ninguno hacía hincapié en su condición de peronista ni en el legado de 1945, sino en su obra personal.

Rodríguez Saá se planteaba —al igual que ahora— como el modelo del éxito provincial y de la capacidad para articular ciertas alianzas. Kirchner era un marginal, era el gobernador de Santa Cruz que pensaba ir construyendo una fuerza política recorriendo los pueblitos y juntando militantes descontentos con los que había sucedido. Junto con Carrió e Ibarra coincidió en un acto público al expresar “vamos a hacer que todos renuncien, somos los herederos del cacerolazo”.

Néstor Kirchner intentaba de algún modo remar en esa tradición pero con vistas al futuro. Hasta que Duhalde desesperado —porque no lograba impulsar un candidato frente a Menem— llama dos meses y medio antes de las elecciones a Kirchner, que no era de sus más afines, y le propuso ser candidato. Se suponía que era el “caballo de un comisario” y que iba a ser tutelado, un presidente por accidente. Tan por accidente que en realidad no salió en primera vuelta sino en segunda con 22,4 % de los votos y fue consagrado presidente by default, porque Menem sabía que el 24,4 % que él había tenido era su techo: podía tener eso o menos, pero no más. Esa fue la paradoja de aquel proceso.

Hubo un candidato radical, Leopoldo Moreau, que sacó el 2 % de los votos. El peronismo como tal no estuvo presente porque no existía esa sigla, ya que el partido dijo “cada cual preséntense por su lado”. Duhalde es un tipo orgánico al partido, reunió al congreso de la organización e hizo votar una decisión por la que cada cual podía hacer lo que quería por su cuenta. Pero ya no existía legalmente el Partido Justicialista, no existía hasta que Néstor Kirchner procuró reestructurarlo para la elecciones del 2007; todos esos años, mientras gobernaba, no tenía estatuto legal.

Las interpretaciones más convencionales de la Ciencia Política postulan la idea de que lo acontecido en 2001 había sido una crisis de representación. Eso quiere decir que se había producido una fractura en lo que se ha dado en llamar el sistema de partidos y que se iba a producir una recomposición. No es que no haya habido recomposición, sino que el “cacerolazo” es el signo de que la política transcurre por otros canales y que los partidos no volverán a ser lo que eran.

En realidad, en Argentina los partidos nunca fueron lo que los modelos teóricos pretenden: siempre fueron movimientos heterogéneos más que partidos organizados. Lo de los radicales se parece más al tipo de partido de los manuales, que se reúnen, toman las decisiones, etc. El peronismo siempre fue mucho más un movimiento heterogéneo —tenía tutti cuanti— y su suerte dependía de la decisión de los líderes, de su capacidad de convocatoria para ganar las elecciones.

Hubo una democratización del movimiento peronista en los años 80 que llevó a Menem a ganar las elecciones internas. Aunque sería complejo analizar la fenomenología de cada una de las fuerzas políticas, lo que quiero decir es que en los años 90 —y con mucha más claridad después del “cacerolazo”— se instaló el debilitamiento, la desagregación de los partidos políticos. Para competir electoralmente hace falta una etiqueta política, hace falta una red con existencia más o menos territorial. Hoy existe la denominación de partido político, pero lo que existe es algo que se parece muy poco a aquello que los manuales y que cada uno de nosotros creíamos que era un partido político.

¿Qué es lo que uno ve aparecer? Liderazgos de popularidad. Con “popularidad” quiero decir no fundamentalmente ideas partidarias, sino líderes que tienen capacidad de convocatoria ciudadana. Las encuestas y algunas otras formas de sondeo público, los instalan como creíbles teniendo adeptos y la capacidad de competir electoralmente.

La ilustración más cimera de liderazgo de popularidad fue la de Néstor Kirchner, que ganó las elecciones con el 22 % de los votos y apareció como el presidente accidental, inesperado, que de pronto embistió contra las corporaciones en un país donde nunca fue fácil que eso pudiese suceder. Reestructuró la deuda pública contra la opinión de los expertos del mundo de la economía, sacando esa terrible carga que tenía la economía argentina. La reestructuración de la deuda significó que los bonos emitidos por el Estado, fueron cambiados por títulos muy escalonados en el tiempo por los cuales se dio 30 % del valor nominal. Hubo algunos que aceptaron, otros no, pero básicamente, la reestructuración fue exitosa.

En la lucha contra las corporaciones estuvo la política de Derechos Humanos (DDHH), también un hecho un tanto inesperado porque se revisaron las despenalizaciones, las amnistías, los indultos y se concedió que los crímenes contra los DDHH eran crímenes de lesa humanidad, de modo que no prescribían y que eran juzgables.

Todo eso constituyó, influyó o repercutió sobre diferentes sectores. De pronto aparecía el ejercicio de un gobierno, desde un poder concentrado, que se justificó en los primeros años. “Concentrado” quiere decir autoritario, derivado de la voluntad del núcleo presidencial y de la figura del Presidente, en una relación directa con la ciudadanía, sin mediaciones institucionales, sin atenerse a las formas tradicionales de procesamiento de las misiones políticas. Ese modo fue considerado y adecuado a las situaciones de excepción en que se encontraba el país. Luego eso dio a Néstor Kirchner, que es el caso por excelencia de un líder de popularidad, una aceptación del 80 %.

Una de las características de esa situación son los escenarios políticos complicados que suponen crisis económicas tan profundas y en los cuales emerge el formato cuasi refundacional con un liderazgo casi unipolar. Al abandonar Kirchner la presidencia, como tenía las cuentas públicas en orden, dejaba poco margen de crítica y acción a la derecha política. Era la primera vez que había un superávit, una economía crecida, hubo una reducción de la indigencia y de la pobreza; el mundo de los negocios se benefició más aún que los sectores populares con ese crecimiento. Había pocas posibilidades de ver la reconstitución de una escena política donde hubiese una derecha que pudiera alzar la voz.

Nadie pensaba que si López Murphy hubiese ganado esa elección, a la Argentina le hubiese ido mejor. En la izquierda, los sectores reformistas planteaban que reestructurar la deuda pública en esas condiciones y llevar adelante una política de derechos humanos era complicado. Pero esta opción política reformista de hecho fue en parte absorbida por la estrategia de transversalidad. Cuando digo absorbida, lo digo literalmente.

El modo kirchnerista de gobernar fue muy exitoso sobre la base de una lógica voluntarista, de decisionismo personalista y sin ningún tipo de articulación política. Quienes se incorporaron al kirchnerismo lo hicieron por voluntad de su cúpula. Aunque el kirchnerismo parece un movimiento —y de hecho tiene una lógica de este tipo—, absorbe a los que se identifican con la acción del Gobierno pero no hay una mesa de negociación. Por ejemplo, los “huérfanos” del FREPASO —que era la fuerza emergente que apareció en los 90—, simplemente fueron absorbidos, pero no se creó ninguna instancia. Esa “no organicidad” es consustancial al movimiento kirchnerista, donde no hay una instancia colectiva donde haya pares, aunque sea a nivel dirigente, que argumenten y deliberen.

La última ilustración más intensa fue en las elecciones recientes, donde Cristina Kirchner se autoproclamó candidata a la sucesión, invitó a competir a ciertos candidatos que gobiernan la Ciudad de Buenos Aires, vio —no sé qué tuvo en cuenta— su desempeño y luego dijo: “es tal”. En las listas para diputados nacionales en todos los distritos la intromisión de la Presidenta y su entorno fue decisiva e incluso produjo en algunos casos irritación o escándalo. No solo hubo intromisión fuerte en la lista de diputados nacionales, también intervención en algunas gobernaciones claves: en la provincia de Buenos Aires designando a Mariotto como candidato a vicegobernador, en La Pampa haciendo que Verna desistiera de ser candidato a gobernador y en el caso de Córdoba, su pretensión de poner la candidata a vicegobernadora junto a De la Sota llevó a la ruptura con los posibles aliados.

Una de las paradojas de ese modo de hacer funcionar la política, es su gran popularidad proveniente de la adopción de decisiones reformistas, populares, distribucionistas. No ha habido reformas estructurales en Argentina pero nadie está en condiciones de desamparo. A menudo explicamos que en Argentina no hay un seguro de desempleo universal, sino planes sociales que operan mediante subsidios; aunque han sido muy importantes para combatir la pobreza, es una medida que tiene sus fragilidades. También hay otras medidas de combate a la pobreza como la extensión del beneficio de la jubilación, bajo alguna modalidad, a muchas personas que no habían hecho las contribuciones legales. Son dos o tres millones de personas en edad de jubilación que no hubieran podido tener ningún ingreso y han sido beneficiados.

Pensando en que en ese 2001 se constituyó un fuerte desborde en contra de la crisis generada en torno al modelo neoliberal que se había instalado en los 90, modelo frente al que este Gobierno se posiciona constantemente. ¿Se pueden pensar cuáles serían los cambios, las continuidades y los rupturas en cuanto a ese modelo neoliberal?

ICH: En los 90, el llamado neoliberalismo se instaló porque —en el caso de Argentina queda claro— había un Estado ineficiente, un malestar generalizado en el mundo de los negocios y servicios públicos deficientes. La imagen que existía era la de una incapacidad del Estado de gestionar los bienes básicos. Además, aparecía la idea de que si se producía una gestión privada de esos bienes básicos iba a haber un bienestar generalizado. La situación era de crisis, de bloqueo de la forma del funcionamiento y de la eficacia del Estado. Existía una ilusión a partir del discurso neoliberal donde si se generaba un mercado desregulado, se creaban las condiciones para la prosperidad económica, se abriría la economía al mercado internacional y aquellos que pudieran producir bienes con más eficiencia sobrevivirían y exportarían, y los que no se iban a hundir. Además llegarían otros bienes producidos por empresas extranjeras o empresas del país, habría progreso y crecimiento económico. Ese era el discurso.

El resultado de eso fue cierta modernización, con muchos servicios públicos que de pronto funcionaron, y ello generó apoyo ciudadano. Esa política de desregulación y de apertura fue una política cuyos componentes dominantes fueron más destructivos que constructivos porque estaba sustentada en una ilusión del mercado desregulado que no se practicaba en otras partes del mundo; sobre todo en los países que predicaban actuar de ese modo. Los bloques económicos, la Unión Europea y Estados Unidos, tienen políticas activas protectoras, aun los gobiernos más conservadores.

En Argentina hubo una política de desregulación muy acentuada, pero sustentada en un clima ciudadano. La experiencia de esa frustración ha llevado a una ciudadanía que tiene un reclamo de un “Estado presente”, como reclamo de regulación pública, de una comunidad regulada por un principio de justicia que vaya más allá de los intereses individuales. Hay cierta consciencia de que si la sociedad simplemente deja que cada uno haga lo que quiera, el resultado general puede ser dañino para la mayoría. Entonces se extendió una idea de la educación pública, la salud pública, de una protección a la condición básica que permita que la condición ciudadana esté acompañada por un movimiento de ciudadanía social —como se ha conocido en los países que tuvieron un Estado de Bienestar— que se atreva a asegurar los ingresos mínimos y lleve el combate contra la pobreza, aunque se hagan de forma errática. Creo que se ha creado cierta consciencia frente a las problemáticas sociales y lo curioso es que todos los factores políticos en nuestras sociedades tienden a adoptar esas políticas.

Una ilustración del grado en que esto es así es el conflicto actual en Chile, donde la protesta estudiantil se da por revertir decisiones radicalmente neoliberales que llevaron a la privatización de la educación. La protesta estudiantil defiende un principio aparentemente innegociable: que la educación no sea más ámbito de lucro. Eso en un país donde, a diferencia de Argentina, la derecha de Pinochet había logrado implantar su modelo, por lo cual el hecho de que esa protesta estudiantil tenga índices de popularidad de un 80 % es indicativo del cambio que se ha producido.

Hay otras experiencias. En Brasil la competencia principal es entre proyectos de vocación socialdemócrata, cuando Roussef compite con Serra compite el Partido de los Trabajadores (PT), coalición de diez partidos que incluye un movimiento bastante heterogéneo. A los contendientes los identificaría ideológicamente de centro derecha o centro izquierda. La coalición de Lula y la de Serra también.

Eso es indicativo de que hay una suerte de sentido común o de mayoría ciudadana partidaria de un “Estado presente”. Los estados culturales-políticos ciudadanos no son demandas específicas, no es que el ciudadano común sabe o que yo mismo sepa qué política de salud, qué política de educación o qué política en cada área; no es que haya una demanda que se pueda traducir de forma concreta en determinada política de estado. Pero sí hay un clima de época y la verosimilitud de las propuestas de unos u otros y sus sintonías tienen que ver con la capacidad, no tanto de dar soluciones técnicas sino de demostrar afinidad, procedimientos, sintonía con la ciudadanía, hay muchos aspectos que hacen que un candidato o un proyecto sean verosímiles en este contexto.

El Gobierno de los Kirchner ha estado muy en sintonía con ese clima de época, aunque no siempre. Cuando se produjo la crisis con el sector rural se dio un momento de ruptura porque el decisionismo presentó ante los ciudadanos su ambivalencia: se espera que se gobierne con eficacia, que se gobierne en sintonía con esta aspiración de un Estado que promueva una justicia distributiva mas la desconfianza ciudadana con los gobernantes, característica de nuestra época, está ahí y quiere decir que si de pronto se incrementan las retenciones a las exportaciones, aparecen chacareros a cortar las rutas. El Gobierno dio su argumentación sobre a quiénes afectan esas decisiones y qué se hace con los fondos públicos, pero el argumento de que el Estado está recaudando también se agota porque también la desconfianza ciudadana se traduce en el interrogante de a quién se les está cobrando impuestos —si todo es igual o si es una contribución diferenciada— y qué se va a hacer con esos fondos. Tal es así que en la evolución de ese conflicto hubo diferentes intentos —siempre tardíos— del Gobierno de adecuarse a la situación. Unos de los últimos fue un proyecto lanzado por Cristina Kirchner según el cual se iban a hacer diferentes atribuciones de fondos a las provincias y a las obras para la construcción de hospitales. Hubo una promesa de rendición de cuentas.

Creo que los gobiernos que surgen en este contexto son gobiernos que no tienen proyectos estratégicos, entre otras cosas porque los partidos han perdido su existencia real y, como dije antes, no se va a volver a las estructuras partidarias que existían en el pasado, ni acá ni en ningún lugar del mundo. Para que exista una vida política organizada hace falta alguna forma de organización política, digamos partidos de nuevo cuño, grupos de gente que actúan en la vida política y que piensan un poco más en mediano y largo plazo, que tienen vínculos de solidaridad y lealtad entre ellos para actuar políticamente. Pero no es lo que sucede, actualmente las fuerzas políticas no tienen esas características.

Todo ello influye en que no se pueda pensar de manera planificada y sostenida el cambio…

ICH: Políticas reformistas coherentes suponen otro tipo de argumentación. Lo que ha estado más claro en la Argentina —y en otros países de la región— son ciertas decisiones, yo diría más de tipo reparadoras y en algunos casos de reestructuración básica. Las decisiones sobre la deuda pública, las decisiones sobre la política de DDHH son de alguna forma decisiones emanadas del estado de crisis. Por el momento solo creo que se va avanzando en medidas que son muy importantes pero de carácter provisorio y que tienen signo decisionista, como algunos planes sociales.

Parte del carácter decisionista es la poca institucionalidad. Institucionalidad quiere decir que hay instituciones públicas de seguimiento, de elaboración de las decisiones y de su aplicación, constituidas también por los beneficiarios. Una cosa es que haya un funcionario público que adopte administrativamente una decisión presidencial —que por el momento es lo que sucede— y otra es que haya una instancia —que no tiene que ser necesariamente burocrática— que tome en cuenta la gestión. Son muchas cosas, desde el índice inflacionario para ver si la medida sigue teniendo vigencia hasta medidas estratégicas que den una realidad a requerimientos de las contrapartes familiares en el cumplimiento de la escolaridad de los hijos. Son temas complejos, que para que se transformen en reforma social tienen que ser protagonizados por la sociedad misma, yendo a la realidad, a ver qué hacen los médicos en los hospitales, los maestros en las escuelas, etc.

Esto creo que es cierto en todos lados. Hay lugares como Bolivia y Venezuela donde se tomaron medidas de injerencia del Estado en los recursos básicos. Algunas de ellas fueron prudentes porque vieron que quizás el Estado podía tener otro tipo de relación con las empresas privadas.

En políticas estratégicas hay muchos problemas. Estos incluyen la capacidad de crear organizaciones políticas sobre la base de una vinculación con la ciudadanía más argumentativa que extensiva. En Bolivia hay que poner los precios internos en concordancia con los precios internacionales; en Argentina hay que crear las condiciones para que se invierta en el transporte ferroviario urbano y no suplanten al subsidio, etc. Pero si el boleto va a pasar de 1,20 a 2,50 (pesos argentinos), para que eso sea factible tiene que ser en el contexto de una argumentación pública diferente, que no sea inmediatista.

Cuando he hablado de la arbitrariedad incluyo también la posibilidad de la corrupción, de la no transparencia de los fondos. Hemos tenido ejemplos también en cuanto a la vivienda, como el triste caso del proyecto de extensión de viviendas que está gestionado por las Madres de la Plaza de Mayo. Por ahora la política reformista es inmediatista y a veces simplemente arbitraria, sin tomar en cuenta otros aspectos que tienen que ver y están derivados de ese modo de gobernar, que es donde puede proliferar la corrupción.


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