«Nadie tiene pruebas contra Uribe»

El escritor, periodista y ex diplomático colombiano Plinio Apuleyo Mendoza (1932) es uno de los más destacados analistas de la situación de su país.

Con la novela Años de Fuga obtuvo en 1982 el Premio Nacional de Literatura. El olor de la guayaba (1984) recoge largas conversaciones con Gabriel García Márquez, amigo personal de Apuleyo y compañero en la primera etapa en Cuba, cuando ambos trabajaron en Prensa Latina. Los dos renunciaron cuando fue destituido de su cargo Jorge Masseti, fundador de la agencia.

Coautor de El perfecto idiota latinoamericano y de El regreso del idiota, Plinio se siente, ante todo, periodista. Durante su estancia como embajador en Portugal, se dio cuenta de que algunos intelectuales todavía tenían una idea romántica sobre las guerrillas de las FARC. Entonces, dirigió un documental para mostrar los métodos terroristas que estas utilizaban.

Apuleyo Mendoza explica para CUBAENCUENTRO.com el proceso de creación de los paramilitares y su posterior evolución hacia el narcotráfico, las causas del enfrentamiento entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia, así como la situación actual de las guerrillas y los rehenes.

¿Los paramilitares colombianos se han convertido en fiscales?

Más que fiscales, son criminales confesos que, obligados a pagar condenas, quieren compartirlas en algo con quienes tuvieron algún contacto con ellos. Y esos contactos existieron, desde luego, especialmente hace veinte o más años, cuando aparecieron bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En esa etapa, las guerrillas aterrorizaban muchas regiones. Extorsionaban o secuestraban a propietarios de haciendas y fincas, asesinaban jueces, periodistas o dirigentes políticos que les eran adversos.

Al principio, las AUC fueron muy bien recibidas. Gracias a ellas, los hacendados pudieron volver a sus propiedades y los dirigentes políticos consiguieron adelantar campañas en zonas donde antes no podían entrar. Fue vista como una especie de policía rural pagada por los particulares, de modo que en Bogotá existe una vasta policía urbana —si así pueden llamarse a quienes vigilan bancos, oficinas, residencias. Eran pagadas por estos beneficiarios.

Podría decir que todo aquel que viviera en un medio rural, donde no había presencia permanente de la fuerza pública, tuvo relación con ellas. Pero, ¿qué sucedió luego? Pues que cobraron poder, crecieron y descubrieron, igual que la guerrilla, el enorme negocio del narcotráfico. Se convirtieron en mafias. Asesinaban a quienes entorpecían su negocio, además de sindicalistas, líderes de izquierda o pobres campesinos que habían tenido que convivir con la guerrilla donde ellas ejercían su ley.

Eso cambió por completo la visión que se tenía de la AUC. Llegaron a ser un factor tan aterrador y peligroso como la guerrilla misma. El presidente Uribe, en aras de la paz, buscó la desmovilización de las Autodefensas, que llegaron a tener bajo las armas a 30.000 hombres. Pero no quiso darles indulto. Propició la llamada Ley de Justicia y Paz para que depusieran las armas, confesaran sus crímenes y se diera indemnización a sus víctimas, a cambio de una rebaja de penas, de modo que quien hubiese debido pagar 30 años de cárcel cumplía sólo ocho. Era mejor que un indulto o una ley de punto final, como ocurrió, tras un conflicto, en otros países de América Latina.

El esquema parecía perfecto, pero a la hora de la verdad, muchos de los bienes de los paramilitares fueron colocados por estos en manos de testaferros, que les guardan sus fortunas. Ellos pensaron: bueno, al cabo de cumplir la pena salgo y como tengo ya una vida legal, puedo disfrutar de la fortuna acumulada. Sólo que, ya confesados sus crímenes, decidieron mencionar a cuantos en el pasado habían tenido contacto con ellos. Y ahí, claro, aparecieron empresarios, dirigentes políticos, muchos de los cuales habían, en efecto, recibido con beneplácito estas Autodefensas y pagado sus servicios cuando las vieron como única solución contra el terror de la guerrilla.

Sólo que nuestros nobles magistrados, en vez de ver estas circunstancias muy especiales desde sus santuarios de la capital, decidieron dictar medidas de aseguramiento para todos los personajes señalados por los "paras". Esto se convirtió en una especie de condena anticipada.

Los propios medios de comunicación le dieron a las menciones de los paramilitares el carácter de revelaciones. El problema es que nuestro periodismo es esencialmente de opinión, pero no investigativo. Por ahí se pueden cometer, y se han cometido —me consta— muchas injusticias. Hay que hacer esa salvedad, porque de lo contrario no se comprende lo que sucede en Colombia.

El paramilitar Ferney Suaza Marín trató de involucrar a Uribe en una matanza. Dijo que había recibido, por parte de una ONG, una oferta de 200 millones de pesos y asilo en Canadá si acusaba al presidente. ¿Usted qué opina?

Algunas ONG —es algo muy conocido en Colombia— mantienen contactos con las FARC, cuando no son propiciadas por ellos dentro de lo que llaman la guerra política y la guerra jurídica. No hay que olvidar que la estrategia de las FARC se define como "combinación de medios de lucha", una sola de las cuales es la militar. Su brazo político más visible ha sido el Partido Comunista, que nunca ha sido puesto fuera de la ley, porque es una organización legal y Colombia finalmente es una democracia.

Conozco bien a Uribe y sé que es un hombre incapaz de mantener relación alguna con los paramilitares. Nunca se ha presentado una prueba de ello. Ahora bien, el problema de Colombia es muy profundo. El alma, el motor y el sustento del conflicto es el narcotráfico. Sin el dinero millonario de ese negocio, las FARC y el ELN se hubiesen acabado. También los paramilitares.

A los narcos los favorece el enorme consumo de coca en el mundo y nuestra geografía; es decir, un territorio de más de 400.000 kilómetros de selva sin real presencia del Estado, pues no hay ciudades, ni municipios, ni carreteras, ni policía, ni justicia. Selva. Hay más país que Estado, no olvidarlo. Y allí se mueven los narcotraficantes. Cuando las Autodefensas se desmovilizaron, empezaron a contratar nuevos grupos armados para que las sustituyeran y protegieran su negocio. Es una realidad terrible, pero no se puede culpabilizar de ello al gobierno, que consiguió la proeza de que 30.000 hombres entregaran sus armas.

¿La Constitución permite que Uribe pueda ser llevado ante los tribunales?

Existe una comisión de acusaciones prevista por la Constitución, que permite investigar cualquier denuncia contra un presidente. Ha ocurrido en el pasado, sin consecuencias, con los presidentes Belisario Betancur y Ernesto Samper. Podría ocurrir también con Uribe, sin que eso se ajuste muy bien a la frase de "ser llevado ante los tribunales", a menos que tras la investigación se hallaran pruebas para ser enjuiciado.

Sin embargo, está el caso de la ex parlamentaria Yidis Medina, quien admitió haber aceptado regalos y ofertas de cargos gubernamentales para ofrecer el voto decisivo en el proceso de la reelección de Uribe…

Es posible que algún funcionario le haya hecho ofertas, y será la Corte Suprema de Justicia la encargada de investigarlo. Lo de ofertas por un voto en el Congreso, a favor de tal o cual medida, es una práctica para mí abominable, pero muy corriente de tiempo atrás, no sólo en Colombia, sino en casi todos los países de América Latina. Es la famosa política clientelista muy en boga en nuestros países.

El político colombiano, sea liberal, conservador, uribista o de cualquier otra tendencia, sabe conjugar el verbo dar. "Yo te doy y tú me das". De ahí que "político" ya es algo mal visto, casi una mala palabra en cualquier capital latinoamericana. Dicho esto, nadie puede demostrar que Uribe ofreció puestos o prebendas por un voto. Nadie, ni Yidis Medina, puede demostrarlo. Pero que un funcionario menor haya tenido la idea de seducir con alguna oferta a una mujer que no buscaba otra cosa de la política, eso no me extraña.

¿Debería dimitir Uribe si las investigaciones afectan su imagen en este sentido?

No sería justo. Yidis Medina no tiene prueba alguna contra él. No tiene fundamentos para asegurar —y de hecho, no ha podido hacerlo— que Uribe tuviese conocimiento de los supuestos ofrecimientos que a ella le hubiesen hecho funcionarios suyos, por su voto favorable a la reelección. ¿Debería por ese solo hecho dimitir un presidente que tiene el 84% de apoyo en su país, que ha logrado garantizar la seguridad y disminuir el poder de las FARC, asegurarle a su país un crecimiento del 8% anual, bajar el desempleo y convertirlo en el más atractivo para la inversión extranjera, junto a Chile y Perú? No lo creo.

¿Cree que existe un cerco judicial a Uribe?

En realidad, no se puede olvidar que ha existido una cierta confabulación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra Uribe. Tiene su raíz en el hecho de que Uribe le quitó a la Corte la facultad de hacerse cargo del recurso de tutela (o sea, el amparo, como se llama en otras partes). Una persona que estima que ha sido víctima de una injusticia puede acudir a esta instancia, interponer un recurso de amparo, y es más rápido que la justicia ordinaria. Ese recurso le fue transferido a la Corte Constitucional y se produjo lo que se ha considerado en Colombia un "choque de trenes" entre las dos instituciones.

La Constitución de 1992 no dejó clara tales competencias y la decisión de Uribe le creó una situación muy tensa con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esa animadversión se hace sentir cada vez que un amigo del gobierno es objeto de una imputación o una simple mención en las confesiones de los "paras". Queda de inmediato detenido, como medida de lo que se llama "aseguramiento". Para serle franco, en la transparencia de esa justicia no creo. Como periodista, lo he dicho abiertamente en Colombia.

Los críticos argumentan que resulta sospechoso que la Fiscalía de Antioquia, donde fue gobernador Uribe, es especialmente lenta y renuente a abrir investigaciones sobre la parapolítica, aunque finalmente haya salido el caso de Mario Uribe, primo del presidente. ¿Hay algo que ocultar en aquella zona?

Debe usted saber que en Colombia, por fortuna, existe una real división de poderes. La Fiscalía no depende del ejecutivo, ni del presidente, ni de un gobernador. Ha demostrado mucha independencia frente a ese poder. Lo sabemos todos los colombianos; está comprobado. De modo que se trata de una suposición sin fundamento real.

Las tensiones entre Uribe y algunos vecinos son cada vez más enconadas…

Creo que en la actitud de esos vecinos juegan otros factores, aparte de la envidia. Primero, una orientación ideológica, pues esos vecinos —si nos referimos a Chávez o Correa— son partidarios de una cosa que denominan "socialismo del siglo XXI", que no tiene nada que ver con la socialdemocracia, sino que se inspiran en el ejemplo de Cuba.

La contradicción con Uribe tiene que ver con la concepción de lo que representa la democracia. Tienen perfiles ideológicos opuestos. A eso se ha sumado el hecho de las revelaciones encontradas en los documentos y en los ordenadores del jefe guerrillero de las FARC, Raúl Reyes, acerca de que algunos de esos gobiernos vecinos dan protección y ayuda a las guerrillas. Estamos ante una situación que tiene otras connotaciones y que no sabemos hasta dónde pueda llegar. Es algo muy inquietante para Colombia.

¿Cómo se explica la alta popularidad de Uribe?

Ante todo, por su política de "seguridad democrática", que ha dado resultados. Cuando llegó al poder, las FARC eran muy fuertes (podían movilizar hasta mil hombres en un combate), 350 alcaldes estaban desterrados de sus municipios y allí tampoco había fuerzas de policía. Hoy eso ha cambiado. Las FARC han sido muy golpeadas, los alcaldes han vuelto a sus cargos, hay fuerza pública en todos los municipios y los colombianos pueden desplazarse por las carreteras sin temor.

El número de secuestros también ha disminuido. Muchos guerrilleros han abandonado las guerrillas para unirse a la vida civil. Se calcula que las fuerzas de las FARC han pasado de 18.000 a 12.000 guerrilleros. Todo eso lo reconoce la gente como una realidad, y por eso apoyan a Uribe. Pero, al mismo tiempo, lo que ha ganado Uribe ante la opinión pública lo pierde un poco en lo que llamo la "guerra jurídica".

¿No considera que la política de "hace falta un hombre fuerte para terminar un proyecto", enarbolada por Chávez, Ortega y Castro para permanecer en el poder, no debía repetirse en el caso de Uribe? ¿Por qué es bueno un tercer período para Uribe y no para el resto de gobernantes que lo piden en América Latina?

Su pregunta contiene una comparación inaceptable. Bajo la denominación de "hombre fuerte que desea quedarse en el poder", menciona a Castro, que es un dictador. Ningún parecido con Uribe, por fortuna. Tampoco lo tiene Uribe con Chávez, ni con Ortega, dirigente sandinista corrupto que en su mandato anterior acabó llevando su país a la ruina. Dicho esto, ningún tercer mandato es bien visto en América Latina, pero hay que guardar las debidas distancias a la hora de hacer comparaciones.

¿Qué debería hacer el presidente, en el caso de los rehenes, para mejorar su imagen internacional?

Hay un punto muy complicado en las negociaciones con las FARC, que es el tema de la llamada "zona de despeje". Uribe ha ofrecido una zona de despeje, pero no de la magnitud a la que aspiran los guerrilleros. También ha ofrecido la liberación de los guerrilleros que están presos. Ha hecho toda clase de concesiones y, sin embargo, la guerrilla no cede.

Las FARC insisten en el despeje de Pradera y Florida, dos municipios cercanos a Cali, cuyos habitantes no quieren quedar en manos de la guerrilla. En eso Uribe no puede ceder, porque está fresco en la memoria el error del presidente Andrés Pastrana, al aceptar el despeje —durante tres años— de un territorio de 45.000 kilómetros, lo cual sólo sirvió para fortalecer a la guerrilla, sin que se llegara a ningún acuerdo de paz.

Cuando uno examina más en detalle la zona que han solicitado las FARC, se perfila la estrategia de unir varios bloques suyos: el bloque sur, el central y el que lleva el nombre de "José María Córdoba", con lo cual pasarían a controlar toda la región de la costa del Pacífico del país.

También las FARC están concentradas en el objetivo de ser reconocidas como "una fuerza beligerante" por la Unión Europea y otros países, y no como terroristas. Pero, ¿cómo pueden aspirar a eso, si el secuestro, las minas antipersonales que han dejado 3.000 inválidos, entre ellos 400 niños, más los atentados, le configuran un carácter terrorista?

En el caso de los rehenes, quedaría la posibilidad de que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, retome las gestiones con sus amigos de las FARC. Chávez ha ofrecido hacer todo lo posible por la liberación de Ingrid Betancourt. Viendo este panorama con realismo, la carta de negociaciones para liberar rehenes está más en manos de Chávez que de Uribe.

Según medios venezolanos, Chávez pidió asesoramiento a las FARC para organizar la guerra de guerrillas en Venezuela, si el país es ocupado por Estados Unidos…

(Risas) Bueno, él siempre ha dicho que será una guerra asimétrica, y ahí las FARC pueden ser buenos aliados y asesores. No me extraña nada que eso lo haya contemplado como una posibilidad. Se llaman bolivarianos unos y otros, y tienen en común el objetivo del "socialismo del siglo XXI".

Sin embargo, en las Fuerzas Armadas Venezolanas hay gran inquietud por el rumbo que Chávez ha dado al proceso. Basta ver las declaraciones del general Raúl Baduel, para darnos cuenta de la situación. Cuando se le mueve el piso, Chávez busca apoyarse en fuerzas alternativas, entre ellos el cuerpo de milicias y de reservistas que ha creado y el apoyo de las FARC.

© cubaencuentro.com