Actualizado: 19/05/2024 23:18
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Fernando Lugo, Paraguay

Cómo, por qué y para qué se destituye a un presidente

El reciente caso de golpismo blando en Paraguay, amparado relativamente en procedimientos constitucionales, demuestra la resistencia al cambio de las élites políticas tradicionales

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Debido a lo que Mario Vargas Llosa denomina las extrañas geografías del azar, me tocó estar en Asunción del 11 al 23 de este mes. Era un viaje planificado desde hacía varias semanas, y su propósito era recopilar material para un libro sobre el teatro de ese país sudamericano. Nunca me pasó por la mente que durante esa estancia allí iba a ser testigo de unos hechos a los cuales la prensa internacional ha dedicado amplio espacio, y que concluyeron con la destitución de Fernando Lugo, hasta entonces presidente del Paraguay.

De ese modo, se ha puesto fin al mandato presidencial de Fernando Lugo (1951), obtenido a través de las elecciones del 20 de abril de 2008. A diferencia de los otros candidatos, él carecía de experiencia en la política. Había realizado estudios en la Universidad Católica de Asunción, así como en la famosa Universidad Gregoriana, de Roma. Su labor como misionero y obispo, primero en Ecuador y luego en el interior del Paraguay, lo llevaron a acercarse a la Teología de la Liberación, y también a apoyar los reclamos sociales de los campesinos sin tierra. “Lo mío es la opción pastoral por los pobres”, declaró.

Decidió entonces cambiar el púlpito por la tribuna. En el año 2006, el Vaticano aceptó su solicitud de abandonar su condición religiosa y lo suspendió ad divinis para que se dedicara a la política. En 2007 integró la Alianza Patriótica para el Cambio, una coalición que agrupaba a nueve partidos opositores. Estos representaban un amplio espectro ideológico, que iba desde la extrema izquierda al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el segundo más importante del país. Los unía el objetivo de cambiar un paisaje político que había permanecido inmutable, tras sesenta y un años en el poder del Partido Colorado, unas veces gracias a los votos y otras a las botas militares.

Fue gracias a esa suma de fuerzas como Lugo logró llegar a la presencia. De los 766.502 votos alcanzados, el PLRA aportó 507 mil, es decir, el 66 %. Los sectores pertenecientes a la izquierda apenas consiguieron 200 mil (cito datos de la Junta Electoral). Por otro lado, la coalición demostró desde el principio que no era operativa ni funcionaba como tal, lo cual se tradujo en la práctica en un gobierno en disputa. Lugo pasó a ignorar en la toma de decisiones a sus aliados del PLRA, sin los cuales no habría triunfado. Así, nada más designar a su gabinete, defraudó las expectativas de los liberales al nombrar ministro de Hacienda a Dionisio Borda, quien había ocupado ese cargo durante los primeros tiempos del anterior gobierno colorado. Poco a poco, Lugo fue perdiendo apoyos: en 2011, el Partido Democrático Progresista, que le dio 38 mil votos, le retiró su respaldo. En junio del 2010, el Partido Comunista hizo lo mismo. Al final, solo se mantuvieron con él el Partido País Solidario, Encuentro Nacional, P-MAS, Movimiento Tetá Pyahu, Unidad Popular, Tekojoja y Movimiento Resistencia Popular, que en total suman 179.300 votos.

En los casi cuatro años que duró, el gobierno de Lugo se apuntó varios logros, sobre todo en el plano social. Implantó un sistema de salud que dio a una parte de la población acceso gratuito a cirugías, cuidados intensivos y otras asistencias en los hospitales públicos. Concedió subsidios a más de 20 mil familias en extrema pobreza. Llevó desayuno y almuerzo gratuitos a las escuelas públicas. Asimismo acometió la reforma de la cúpula militar. Dio inicio además a una cultura política desconocida en Paraguay, que hasta entonces solo había conocido oligarquías y era una finca al servicio de los colorados. Nadie puede negar que Lugo puso en el mapa continental a un país que, desde la autocracia aislacionista de Gaspar Rodríguez de Francia, había estado encerrado en sus fronteras y al que Augusto Roa Bastos definió como una isla rodeada de tierra.

Al asumir el cargo en agosto de 2008, Lugo declaró que el primer eje de su programa era la reforma agraria integral. En un país en el cual el 2 % de sus 6,4 millones de habitantes es propietario del 80 % de las tierras fértiles, la redistribución de la riqueza era una tarea prioritaria. Para marzo de 2009, su gobierno había recuperado 100 mil hectáreas de tierras mal habidas. Asimismo redujo la conflictividad en el campo, y en contraste con los cerca de mil desalojos ocurridos durante el gobierno anterior, en el de Lugo solo se produjeron 17. Pero nunca llegó a realizar la reforma agraria prometida.

Tampoco era posible que pudiera llevarla a cabo. Ante todo, la reforma agraria se ve entorpecida por las limitaciones impuestas por la constitución, que no grava las tierras improductivas (en Paraguay las grandes extensiones de tierra no pertenecen a latifundistas, sino a especuladores). Habría sido necesario modificar la constitución, lo cual, a su vez, debería ser aprobado por el Parlamento. Tal propuesta nunca habría progresado, a causa de la minoría en la cual Lugo gobernó. A eso hay que sumar la enorme irregularidad en la tenencia de la tierra. En el país ni siquiera existe un catastro de esta. Hace unos años, el Banco Mundial otorgó un préstamo de 40 millones de dólares para que se hiciera el censo estadístico, pero hasta ahora no se ha realizado más que un 15 %.

Errores que le fueron restando credibilidad

Como presidente, Lugo no tenía el poder real para actuar, lo cual le impidió dar respuestas eficaces a las demandas sociales. Pero a su vez, él cometió errores que fueron restándole credibilidad. Ante todo, no fue capaz de reunir apoyos suficientes para consolidarse. No cohesionó en torno suyo a la izquierda, ni formó un partido que respaldase su proyecto de cambio. Su falta de experiencia política se puso de manifiesto hasta el final de su mandato. Tras los sucesos ocurridos el viernes 15 de junio, en los que murieron 17 personas, tomó una errática medida que provocó la ira tanto de liberales como de militantes de izquierda. Destituyó al hasta entonces ministro del Interior y en su lugar nombró al colorado Rubén Candia Amarilla, conocido por su línea represiva contra los campesinos y responsable de numerosas violaciones de derechos humanos durante la etapa en que fue Fiscal General del Estado.

Por otro lado, para Lugo desde el principio de su mandato presidencial debió ser evidente que se había ganado unos enemigos muy poderosos. Los colorados no le iban a perdonar que por primera vez los hubiera desbancado del poder, cambiando así un paisaje político que había permanecido inalterable por más de seis décadas y sacudiendo los cimientos de un sistema que parecía inamovible. Durante la campaña electoral de 2008 aparecieron carteles que presentaban a Lugo como la bestia que llevaría al Paraguay al infierno. Asimismo recibió amenazas de muerte, y el día en que acudió a votar a su colegio electoral se produjo un confuso incidente: un adolescente trató de agredirlo con un cuchillo, pero fue reducido por la policía.

A partir de su triunfo en las urnas, sus adversarios hicieron todo lo posible por derrocarlo. Entre los papeles sacados a la luz por Wikileaks, hay un informe de la embajada de Estados Unidos en Asunción en el cual se advierte del peligro de un golpe de Estado a Lugo, tras el cual se hallaba el presidente saliente, el colorado Nicanor Duarte Frutos. El objetivo principal de los sectores nostálgicos del viejo orden era eliminar a un gobernante incómodo y legitimado por los votos, que pasó a cuestionar sus intereses. Lo sorprendente, pues, no es que finalmente lo hayan destituido, sino que haya conseguido mantenerse en el poder durante todo ese tiempo.

Los trágicos y hasta ahora confusos hechos que tuvieron lugar en Curuguaty el 15 de junio, fueron utilizados de modo oportunista por los senadores para promover un juicio político contra Lugo. Los liberales no dudaron en aliarse con sus eternos rivales, los colorados, y el jueves 21 fue aprobada la acusación, con 76 votos a favor y uno en contra. Conviene decir que antes hubo una veintena de intentos de enjuiciar al presidente, pero fracasaron por no alcanzar los votos requeridos.

Lo primero que llamó la atención fue la premura con que se determinó realizar la sesión extraordinaria de la Honorable Cámara de Senadores. A Lugo solo le dieron 32 horas para preparar su defensa. Al día siguiente, a las 12 del día, tendría lugar la exposición, que no podía durar más de dos horas. Me parece pertinente apuntar que en 1999 al entonces mandatario Raúl Cubas Grau se le dieron 5 días para someterse a un juicio similar. Entre otros graves cargos, se le acusaba de haber provocado la crisis política que desembocó en el Marzo Paraguayo, durante el cual fueron asesinados el vicepresidente, Luis María Argaña, así como ocho jóvenes. Antes del juicio, Cubas Grau presentó la renuncia, adquirió fueros de parlamentario y pidió asilo político al Brasil, país donde se refugió.

En su editorial del viernes 21, el diario 5 días expresó: “El hecho de que la decisión de enjuiciar al Presidente Lugo se haya tomado por 75 votos a 1 no es suficiente. Se debe preparar el libelo acusatorio con toda la prolijidad que merece. El hecho de que se trate de un juicio esencialmente político no releva a la cámara y a los fiscales acusadores de la obligación de fundamentar jurídicamente los hechos por los que se lo imputa a Lugo y por los que se busca probar fehacientemente que es posible la remoción del cargo de mayor responsabilidad en la república. Por otra parte, el Congreso debe otorgar al imputado todas las garantías a las que tiene derecho, a fin de que, cualquiera que sea el resultado del enjuiciamiento, el mismo no sea sospechado de vicios o irregularidades por los que sea atacable”. Como es obvio, este segundo punto no se respetó. Y en cuanto al primero, tampoco.

En su artículo 225, la constitución del Paraguay contempla la posibilidad de someter a un juicio político al primer mandatario. Los términos, sin embargo, no son suficientemente claros respecto a qué razones pueden llevar a ello. Como comentaron Íñigo Errejón y Alfredo Serrano en un artículo publicado por el diario argentino Página 12, eso ha permitido la maniobra llevada a cabo contra Lugo, puesto que la constitución no explicita ni reglamenta cómo proceder. Asimismo en ese documento, aprobada en 1991 bajo un gobierno colorado, no figura por ningún lado que ese juicio se pueda hacer por apetencias políticas y mezquindades humanas.

Las razones por las cuales se enjuició a Lugo fueron recogidas en un libelo acusatorio que consta de cinco puntos. Durante la sesión de la Cámara celebrada el jueves 21 se pudieron escuchar otros argumentos adicionales. Por ejemplo, el diputado Carlos Liseras, del Partido Colorado, culpó al Presidente por la “creciente inseguridad ciudadana”, y afirmó que bajo su gobierno “personas disfrazadas de payasos robaron en cumpleaños”. Habrá quien al leer esto piense que se trataba de una broma. Yo lo vi por la tele y puedo poner la mano sobre la biblia y asegurar que, más allá de su gilipollez, el susodicho lo expresó con el convencimiento de que estaba aportando algo de mucho peso.

Primó la decisión política

La propia prensa paraguaya tuvo que admitir la falta de consistencia del libelo acusatorio. El diario ABC Color, que se muestra francamente a favor de la destitución de Lugo, lo calificó de “endeble y con errores de redacción”. Para Última Hora, el documento “evidencia en su redacción y sus acusaciones que fue elaborado sin mucho análisis y sobre la hora, que da como resultado un documento débil y sin muchos argumentos”. Asimismo expresa que “plantea situaciones que no poseen fuerza suficiente para argumentar el enjuiciamiento del primer mandatario”. Por su parte, 5 días comentó que en la causa contra Lugo “la decisión política prima y los votos están a la vista”.

El primer punto en que se fundamenta la acusación se refiere a un hecho que data de 2009. De acuerdo al documento, Lugo autorizó el Congreso de Jóvenes Socialistas del P-MAS, celebrado en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas. Durante el acto se pronunciaron discursos en los que se instigaba a la lucha de clases. Participaron varios importantes funcionarios del gobierno, y según se expresa Lugo reconoció que el evento fue financiado por instituciones del Estado.

En el segundo punto se culpa al Gobierno por su conducta cómplice en las invasiones de tierras en la zona de Ñacunday, acaecidas a mediados del año pasado. De acuerdo a lo que se dice en el libelo, Lugo “ha sometido las fuerzas militares a los denominados carperos, quienes han realizado todo tipo de abusos, agresiones y atracos a la propiedad privada, a la vista de las fuerzas públicas, quienes no actuaron por la indisimulada complicidad del Presidente de la República”. Tras ese conflicto que la prensa conservadora y los grupos oligárquicos y empresariales presentaron como guerra civil y terrorismo de Estado, en realidad hay un problema de fondo: el saqueo de tierras públicas que en la etapa de la dictadura de Stroessner fueron rematadas por sumas irrisorias, con la complicidad del poder judicial.

De acuerdo al libelo acusatorio, Lugo ha sido incapaz de desarrollar una política y unos programas que disminuyan la creciente inseguridad ciudadana. Se habla de “la falta de voluntad del Gobierno para combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo, que se ha convertido en el azote de los ciudadanos de los departamentos de Concepción y San Pedro”. Asimismo se señalan los vínculos que Lugo “siempre ha mantenido con grupos de secuestradores, que anteriormente se vinculaban al movimiento-partido Patria Libre y cuya ala militar hoy se denomina Ejército del Pueblo Paraguayo”.

El cuarto punto alude al protocolo de Ushuaia II, suscrito en diciembre de 2011 por los países miembros de Mercosur. Según el libelo, el mismo constituye UN ATENTADO CONTRA LA SOBERANÍA de la república del Paraguay” (mantengo las mayúsculas del documento original), que Lugo firmó “con el avieso propósito de obtener un supuesto respaldo en su descarada marcha contra la institucionalidad y el proceso democrático de la república”. Como allí se expresa, el Protocolo “ya ha motivado un pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, destacándose la falta de transparencia en el procedimiento que dio lugar a la firma del documento”. Es oportuno aclarar que el Protocolo necesita ser refrendado por el Congreso, por lo que su contenido no puede ser aplicado por el Gobierno hasta que cumpla ese proceso reglamentario.

Un vergonzoso libelo acusatorio

Por último, se señala la responsabilidad política y penal del gobierno de Lugo en los trágicos sucesos ocurridos en Curuguaty, que costaron la vida a 6 policías y 11 campesinos. Acerca de esos hechos, se dice que “todas las evidencias, que son públicas, nos demuestran que los acontecimientos de la semana pasada no fueron fruto de una circunstancia derivada de un descontento ocasional, por el contrario, fue un acto premeditado, donde se emboscó a las fuerzas del orden público, gracias a la actitud cómplice del Presidente de la República”. El libelo incluye después un acápite de Pruebas que sustentan la acusación, donde se expresa: “Todas las causales mencionadas más arriba, son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente”.

En realidad, esas evidencias públicas a las cuales se hace referencia no demuestran nada, por la sencilla razón de que los hechos no han sido investigados. ¿Qué investigación se puede hacer cuando los jueces ordenaron a los familiares de las víctimas que las enterraran de inmediato? ¿Cuando no se respetó el lugar del crimen, que quedó así contaminado a causa de la presencia de pobladores y periodistas? ¿Cuando incluso un cacique político de la zona, liberal para más señas, se llevó como trofeo la escopeta que estaba junto a uno de los muertos? Eso por no hablar de las posiciones absurdas de algunos cuerpos, de la ausencia de sangre alrededor de donde se hallaban, indicios evidentes de que se trataba de escenas montadas. Esas y otras irregularidades aparecen en un documental realizado por el Canal 13, que se puede ver a través de este enlace: http://www.paraguay.com/nacionales/curuguaty-la-version-no-oficial-de-la-matanza-83653. Hace un par de días el nuevo gobierno anunció que lo ocurrido en Curuguaty se iba a investigar. ¡A buena hora, mangas verdes! Quienes se encarguen de esa labor van a necesitar toda la suerte del mundo, dado que a estas alturas muchas de las evidencias ya no existen o no son confiables.

Algunos de los policías heridos declararon al senador Miguel Carrizosa que fueron emboscados por personas disfrazadas de campesinos, bien entrenadas militarmente y que disparaban a matar. Como me confirmaron algunos periodistas, se trata de un hecho inusual, pues es la primera vez que los campesinos son quienes empiezan a disparar a las fuerzas del orden. En el libelo acusatorio se expresa que el ataque a los policías fue un “acto premeditado, producto de un plan debidamente concebido”. En efecto, son varias las evidencias que apuntan a ello. Pero no prueban que tras ello esté la mano negra del gobierno de Lugo. Además, ¿en qué medida se iba a beneficiar de ese incidente? ¿Acaso no fue el hecho que tuvo más peso para que se pudiera llevar adelante el juicio político que lo destituyó? Cabe apuntar asimismo que en los últimos doce años en Paraguay no se habían registrado ocupaciones violentas de tierra. ¿Por qué entonces esta se vino a producir justamente ahora, en una coyuntura política tan oportuna para enjuiciar a Lugo? Son, en fin, interrogantes que por lo menos vale la pena formular.

El día antes del juicio, el senador liberal Luis Alberto Wagner declaró al diario ABC Color que el libelo acusatorio parecía “un discurso copiado de La Voz del Coloradismo”, aludiendo a un programa radial que se transmitía en cadena a las 7 de la tarde durante la dictadura de Stroessner. Quien revise ese documento, se dará cuenta de que constituye una vergüenza jurídica, pues no incluye una sola prueba que avale las acusaciones. Para poner un ejemplo, se habla del creciente aumento de la inseguridad ciudadana, pero ¿cuáles son las cifras que lo demuestran? Con la tranquilidad más absoluta, los redactores se limitan a decir que se trata de hechos de pública notoriedad y, por tanto, no necesitan ser probados. Algo que carece de la más mínima validez legal.

Se emplea además una retórica que, en ocasiones, apela a términos apocalípticos: “un conflicto social de dimensiones impredecibles”, “generar un verdadero estado de pánico en toda esa región”, operativos que “han tenido como único resultado el total fracaso”, “nunca en la historia de este país, la Policía Nacional ha tenido tantas víctimas cobardemente asesinadas”, conducta que “ya ha costado decenas de vidas de compatriotas que han caído víctimas de la inseguridad que él mismo se ha encargado y esforzado de generar”.

Desde el derrocamiento de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989, Paraguay ha vivido una transición que dista mucho de ser fácil y pacífica. En buena medida, eso se debe la existencia de un sistema oligárquico que no ha sido desmontado, y que se opone a cualquier cambio. La destitución de Fernando Lugo representa un grave golpe a la aún débil tradición democrática del país, pues instaura la cultura de la arbitrariedad. A partir de unos principios constitucionales accesorios y amparados relativamente en la legalidad, se ha establecido el precedente de que en nombre de la política todo es posible, hasta derribar a un presidente que llegó a su cargo mediante la voluntad expresada en las urnas. Con lo ocurrido el 23 de junio, los partidos tradicionales no hacen sino acrecentar su alejamiento del pueblo paraguayo, que es en definitiva el gran perjudicado de lo que era un mero trámite para consumar lo que desde hace tiempo estaba decidido.