De presidente a presidiario
A Alberto Fujimori le esperan 21 procesos penales en Lima por violaciones a los derechos humanos y enriquecimiento ilícito.
El retorno del rey caído
Fujimori deberá enfrentar en Lima 21 procesos penales por violaciones a los derechos humanos y enriquecimiento ilícito, entre otros cargos, y además pesa sobre él una inhabilitación por el Congreso para que no pueda ejercer cargos públicos hasta 2010. También en Colombia se le acusa de tráfico de armas, a la par que a su media naranja, Vladimiro Montesinos.
La pregunta es: ¿acaso todo esto no es suficiente para poner al kamikazee frustrado en un avión inmediatamente y que los peruanos den curso al proceso judicial? Porque está claro que el problema de fondo atañe a la justicia peruana y a nadie más. Cualquier tecnicismo legal que obstaculice la fluidez del proceso no sólo es un atentado contra la legalidad internacional, sino un agravio a Perú.
Existe un antecedente legal digno de tenerse en cuenta para pasar por encima de esos peligrosos 60 días en que los tribunales chilenos decidirán la extradición. Se trata de la pasada detención de un delincuente que guarda más de una analogía con nuestro antihéroe. Paul Schaefer, ex cabo del ejército nazi, líder de la Colonia Dignidad y prófugo de la justicia chilena, fue detenido el 10 de marzo en Argentina, pues sobre él pendía una orden judicial de arresto por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.
Conocida su detención, el subsecretario del Interior chileno, Jorge Correa Sutil, viajó inmediatamente a Buenos Aires, se reunió con el ministro del Interior argentino, Aníbal Fernández, y logró convencerlo de utilizar la rápida vía de la expulsión antes que el complicado y largo trámite de la extradición. Así, el 12 de marzo, Schaefer abordó un avión de la Fuerza Aérea chilena con destino a Santiago, y el día 14 compareció ante el juez Joaquín Billar.
Ahora sólo queda esperar y evaluar las maniobras de la justicia chilena, pero está claro que la vía de la ágil expulsión es la única verdaderamente idónea: a las excrecencias se les expulsa, no se les extradita. Sesenta días de burocracia judicial, además de ser un peligro a causa de las maniobras de los leguleyos defensores, se parece mucho a una falta de respeto. Como dicen los fujimoristas en Perú: qué regrese "El chino". Pero que regrese cuanto antes, calladito y atado de manos, como quiere esa otra gran mayoría de peruanos que fueron vejados y oprimidos, y que al reclamar justicia se están salvando a sí mismos.
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