Ley sin derecho
Los detenidos en la base militar estadounidense han sido privados del recurso de hábeas corpus por una enmienda del Senado.
Un fantasma recorre la base naval de Guantánamo: el fantasma del caso Ex Parte McCardle (1869). No sólo el relator especial de Naciones Unidas sobre tortura, Manfred Nowak, confirmó que no será inspeccionada la instalación militar estadounidense en suelo cubano, porque la Casa Blanca no autorizó a los inspectores de la ONU para hablar libremente con los prisioneros. También el Senado de Estados Unidos aprobó (49 por 42) la enmienda de Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur), que priva del recurso de hábeas corpus a los detenidos allí.
Así quedó desvirtuado el fallo (6 contra 3) del Tribunal Supremo, que reconoció el derecho de todo detenido a discutir los fundamentos fácticos de su detención ante un tercero imparcial (Hamdi contra Rumsfeld, 2004). La clave de esta decisión es simple: la base naval de Guantánamo, bajo control del gobierno de Estados Unidos, es territorio donde tienen que imperar el debido proceso y las demás garantías constitucionales.
La enmienda Graham restringe la función judicial después que el Tribunal Supremo examinó el caso de los detenidos en Guantánamo. El Senado había aprobado ya (90 por 9) la propuesta de John McCain (republicano por Arizona), que prohíbe tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas bajo custodia. Sin hábeas corpus se desvanece la garantía jurídica de poder impugnar tales maltratos ante jueces imparciales.
El senador Graham explicó que su enmienda descansa sobre las bases de regulación jurídica del conflicto armado, que no atañen a delincuentes comunes, sino a combatientes enemigos. Sólo que algunos prisioneros en Guantánamo alegan no serlo y estar injustamente encarcelados.
La enmienda Graham
La tercera Convención de Ginebra (1949) prescribe que todo detenido en conflicto armado tiene derecho a ser oído por tribunal competente para determinar si es o no prisionero de guerra (Artículo 5). En la Guerra del Golfo (1991) se concedieron más de mil audiencias por este motivo y los jueces militares americanos encontraron que casi tres cuartas partes de las detenciones eran injustificadas.
Aunque el senador Joseph Lieberman (demócrata por Connecticut) sostiene que la enmienda Graham se aplica restrictivamente a quienes sean "combatientes enemigos en la guerra mundial contra el terrorismo", semejante etiqueta se pegó al medio millar de presos en Guantánamo por orden ejecutiva del presidente Bush, sin el debido proceso (caso por caso) que exige la Convención de Ginebra.
La enmienda se vuelve aún más problemática por las denuncias precedentes de abusos contra prisioneros en Guantánamo. La postura del Senado estadounidense contrasta con la tesitura parlamentaria británica, opuesta mayoritariamente (322 contra 291) a la iniciativa legal del gobierno de Blair para extender de 14 a 90 días la detención preventiva (sin acceso a juez) de los sospechosos por terrorismo.
Una zona de no derecho
Por ironía histórica, un senador sureño resucita el caso Ex Parte McCardle (1869), que pisoteó los derechos constitucionales en los estados ex confederados. Al concluir la guerra civil (1861-65) se impusieron allí gobiernos militares y el editor William H. McCardle (Mississippi) fue arrestado por difundir artículos incendiarios. Quedó a la espera de juicio castrense, pero interpuso hábeas corpus ante un tribunal federal por inconstitucionalidad del enjuiciamiento de civiles en cortes castrenses.
El caso llegó al Tribunal Supremo, que con su decisión podría haber impulsado el retorno del sur al gobierno civil, pero antes de pronunciarse el fallo el Congreso abrogó la ley que había permitido a McCardle presentar su hábeas corpus. Los jueces quedaron sin asidero legal y así Ex Parte McCardle (1869) ensució la tradición constitucionalista de la Unión Americana. El gobierno militar prosiguió campeando por sus respetos en el sur.
Esta noción positivista del legislador que dicta lo que quiera, sin atenerse a valores, no sólo entraña cierto fundamentalismo a lo Hans Kelsen (1881-1973), quien postuló con sumo aplomo doctrinal que "cualquier contenido puede ser derecho" (Reine Rechtslehere [Teoría pura del derecho], 1934). Tal y como señala el investigador francés Philippe Moreau (Instituto de Relaciones Internacionales), la estrategia de Washington consiste ahora en hacer de Guantánamo "una zona de no derecho", incluso mediante la ley.
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