Un largo proceso

Pasamos por alto todas las menciones a las supuestas maniobras de Estados Unidos y sus aliados, que siempre son excusas para las actividades del gobierno cubano, en particular en el tema que nos ocupa, y que abarcan amplio espacio en el documento.

Las "serias reservas" planteadas a la Resolución se refieren a que reduce el número de miembros; que endorsa la cláusula de suspensión de los miembros del Consejo que puede ser activado con el apoyo de las dos terceras partes de los presentes y votantes, sin establecer un mínimo de votos requeridos, por lo que un país elegido con el apoyo de más de 96 Estados, puede ser suspendido por menos países; que nada limita la "perniciosa" práctica de imponer resoluciones motivadas políticamente a los países del Sur, sin sujeción o respeto a ningún criterio; y que el derecho al desarrollo ha sido ignorado (en la Resolución sí se menciona el interés de impulsar la promoción y protección de todos los derechos humanos, es decir, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo).

Luego de señalar que un Consejo con estas características no sólo permitirá a Estados Unidos y sus aliados fortalecer el Tribunal de la Inquisición contra los pueblos del Sur, sino también asegurarles la impunidad de que ya disfrutan, anuncian que debido, fundamentalmente, a las solicitudes que han recibido de delegaciones amigas, La Habana votaría a favor de la Resolución A/60/L.48.

Indudablemente, una actitud contraria al establecimiento del Consejo hubiera autoexcluido al régimen de La Habana del organismo de mayor nivel en la historia, en relación con la observancia y promoción de los derechos humanos. Eventualmente, le privaría de una tribuna para arriar en su favor a los mayores comisores de esos derechos, ya sea porque no fueran admitidos o porque sus atrocidades se analizaran allí.

Téngase en cuenta que el gobierno cubano se prepara para tratar de revivir el Movimiento de Países No Alienados, cuya Cumbre se realizará en La Habana en septiembre de 2006. Luego Cuba presidirá el Movimiento por tres años, con el objetivo de movilizar a los países del Sur, según sus intereses.

Asimismo, procura la amplia participación en los organismos internacionales como forma de propagandizar sus planes internos y en el extranjero, como el envío de médicos, maestros, instructores, medicamentos; operaciones quirúrgicas de la visión y otras, o asistencia ante catástrofes naturales, que en realidad tienen objetivos de penetración política.

Atrapado entre sus intereses

No obstante, no será fácil para las autoridades de la Isla ingresar y mantener su membresía en el nuevo Consejo de Derechos Humanos. Posiblemente esto entra en sus cálculos y está preparándose para una nueva invectiva de alharacas con sus acólitos. Donde la Declaración Universal es perseguida, y los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de Derechos Civiles y Políticos, así como los Protocolos Facultativos no han sido suscritos, poco puede esgrimirse como respeto a su pueblo y a la comunidad internacional.

Más aún, donde se encarcela a decenas de personas pacíficas con penas de hasta 28 años por pretender ejercer el derecho a la libre expresión; se mantiene a varios cientos de prisioneros políticos sin el menor respeto a las Normas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de Naciones Unidas; no se permite el acceso a las prisiones de las organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Cruz Roja Internacional, y ni siquiera la señora Christine Chanet, Representante para Cuba de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, recibe respuesta a sus respetuosas peticiones, a pesar de sus objetivos informes, qué credibilidad puede existir.

El gobierno cubano está atrapado entre sus intereses internacionales, la realidad interna y los compromisos, sobre todo de aceptar el examen permanente del Consejo, si pretende ingresar en él. Ha presentado su candidatura, pero como ha expresado Amnistía Internacional en el comunicado emitido al respecto, los países para su elección deberán tomar en cuenta la contribución del candidato a la promoción de los derechos humanos; las promesas y compromisos que puedan ser comprobados; asegurar la transparencia en el proceso electoral.

Señala que La Habana continúa la represión contra la oposición pacífica y la disidencia; por lo menos 72 prisioneros de conciencia continúan en sus cárceles, entre otras violaciones de los derechos humanos.

Hasta ahora, se ha conocido que además de Cuba han presentado su candidatura a los 8 puestos para América Latina: Argentina, Brasil, Ecuador, Honduras, Guatemala, México, Perú, Venezuela, Nicaragua y Uruguay, para un total de 11 Estados.

Lamentablemente, Chile no se ha pronunciado sobre su aspiración. Sería muy positivo que lo hiciera, pues podría brindar un notable aporte al proceso iniciado al crearse el Consejo, teniendo en cuenta el prestigio alcanzado por la ejemplaridad en su transición hacia la democracia, los grandes avances en la promoción de los derechos humanos y su innegable pujanza económica.

Indudablemente, todos aspiramos a que el Consejo tenga la posibilidad de lograr la máxima efectividad lo antes posible. No obstante, hay que tener en cuenta que una amplia cantidad de miembros de la ONU aún marchan con grandes dificultades hacia la democracia y en muchos se cometen flagrantes violaciones de los derechos humanos.

Ellos se unen para tratar de constituir un valladar. Pero no puede olvidarse que el proceso está en marcha, y que mientras tuvieron que transcurrir muchos siglos para que esos derechos fueran reconocidos, hoy estamos en vísperas de mayores logros, a pesar de que no será un camino sin escollos ni con la inmediatez ansiada.

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