La renuncia de la última magistrada del Tribunal Constitucional permitirá a Morales gobernar por decreto
El Tribunal Constitucional de Bolivia quedó sin magistrados tras la renuncia el martes de la única jueza que permanecía en funciones, dejando abierto el camino al gobierno para legislar por decreto, sin una opinión judicial, y retrasando aún más miles de causas pendientes, Reuters.
La única magistrada que quedaba en funciones, Silvia Salame, renunció al cargo en la máxima instancia de apelación constitucional del país luego de acusar al gobierno del presidente Evo Morales de presiones para desmantelar dicha entidad, quitándole presupuesto y competencias.
Los otros cuatro miembros del Tribunal ya habían renunciado durante los últimos dos años por diversas razones, principalmente políticas, en medio de enfrentamientos con el gobierno, que impulsó una reforma a la Constitución que fue aprobada en un referendo tras duras críticas de la oposición.
Al anunciar su renuncia, Salame acusó al gobierno de "buscar la mano negra del Consejo de la Judicatura" para recortarle el presupuesto al mínimo y "darle un tiro de gracia al Tribunal Constitucional".
"En esas condiciones, yo tendría que prestarme a ser cómplice del gobierno y dedicarme solamente a hacer una tarea decorativa", dijo a periodistas.
Salame denunció que el presupuesto del Tribunal Constitucional fue recortado desde el equivalente a 1,8 millones de dólares en 2008, hasta unos 200.000 dólares en 2009.
Para el prefecto opositor de Tarija, Mario Cossío, la acefalía del Tribunal supone "el inicio de una ola de violaciones de las libertades ciudadanas, y al mismo tiempo el establecimiento de un gobierno autoritario en el país".
El Tribunal Constitucional tiene a su cargo, principalmente, hacer efectiva la primacía de la Constitución, revisando la adecuación de las leyes y eventualmente de los proyectos de ley y los decretos del Poder Ejecutivo.
El Congreso no pudo hasta ahora nombrar a los sustitutos principalmente por falta de quórum, lo que impidió al Tribunal hacer control de constitucionalidad y ha paralizado más de 4.100 causas que afectan a casi 30.000 personas.
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