Nueva ley afecta severamente la labor de las ONG

Los partidos y las organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de derechos políticos quedaron impedidos de recibir financiamiento internacional, según una nueva legislación sobre defensa de la soberanía que aprobó la Asamblea Nacional como parte de un paquete de leyes que la oposición califica de “inconstitucionales”.

El presidente Hugo Chávez defendió el miércoles las acciones de la Asamblea Nacional y la Ley Habilitante aprobada la semana pasada para legislar por un año y medio, y rechazó los señalamientos de opositores que aseguran que Venezuela camina hacia una “dictadura”.

Chávez dijo, durante un encuentro con militares, que su Gobierno actúa en “función de los intereses de la mayoría”, y que empleará la Ley Habilitante para enfrentar la emergencia generada por las lluvias.

Afirmó que los opositores al señalar que hay una dictadura “es la excusa que ellos tienen para tratar de llevarnos a la violencia de nuevo, para tratar de justificar un golpe, un asesinato”.

La ley sobre defensa de la soberanía fue aprobada en la noche del martes en medio de las críticas de los opositores, que acusaron al Gobierno de promover regulaciones para limitar la disidencia.

La ley impide a los partidos y ONG recibir aportes financieros de organismos extranjeros y establece que quienes traigan al país invitados extranjeros que “emitan opiniones que ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o atenten contra el ejercicio de la soberanía” serán sancionados con multas e inhabilitación de cinco a ocho años.

Carlos Lusverti, presidente del comité ejecutivo de Amnistía Internacional Venezuela, afirmó que con esta nueva ley todas las organizaciones de derechos humanos “se van a ver severamente reducidas”.

“Bajo esta legislación, todas las organizaciones podrían en un determinado momento ser sancionadas”, dijo Lusverti a la AP.

Human Rights Watch (HRW) condenó el miércoles la ley que limita a las ONG así como las reformas legales que sancionó esta semana el Congreso que aumentan el control estatal sobre los medios y regulan Internet, y expresó que las normativas constituyen un “asalto legislativo contra la libertad de expresión y la sociedad civil”.

El director de HRW para las Américas, el chileno José Miguel Vivanco, dijo en un comunicado que Chávez y sus seguidores “están una vez más afincando el poder del Gobierno para castigar a sus críticos”.

Vivanco dijo que Chávez dispone ahora de “cobertura legal para expandir su antigua práctica de intimidar a los defensores de derechos humanos locales”.

HRW aseguró que las nuevas legislaciones van en contra de varios tratados internacionales a los cuales está suscrita Venezuela.

Desde hace varios años algunas ONG locales han sido objeto de ataque y sus directivos han sido sometidos a procesos judiciales acusados de cometer traición a la patria y conspiración contra el Gobierno por recibir fondos de la National Endowment for Democracy (NED), una organización que recibe aportes del Congreso estadounidense.

En el país operan además otras ONG que reciben recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Instituto Internacional Republicano y el Instituto Nacional Demócrata.

La Asamblea Nacional inició la segunda y última discusión de una ley de educación superior que aumenta los controles del Gobierno sobre las universidades, y sancionó en la víspera una ley de partidos políticos que impide a los diputados abandonar las filas de sus organizaciones políticas y pasar a la disidencia.

La reforma establece que los diputados corren el riesgo de ser suspendidos o inhabilitados si incurren en “conductas fraudulentas” tales como “hacer causa común con fuerzas políticas contrarias a los movimientos sociales u organizaciones políticas que respaldaron” y “separarse del grupo parlamentario de opinión perteneciente a la organización política o social que lo postuló”.

“Le están poniendo una camisa de fuerza a los parlamentarios que están por venir”, se quejó el diputado opositor Ismael García.

La reforma podría entrar en vigencia a inicios de 2011 cuando comience a legislar la nueva Asamblea Nacional, donde el oficialismo contará con 98 diputados y la oposición con 67.

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