Profesionales de la comunicación podrán ser condenados hasta a 4 años de cárcel cuando se apruebe la ley de 'delitos mediáticos'

El gobierno venezolano expresó este jueves su apoyo al proyecto de ley presentado por la Fiscalía, que prevé penas carcelarias por "delitos mediáticos" de hasta cuatro años de cárcel, lo que ha sido rechazado por gremios de periodistas y editores, informó EFE.

"Es agradable que después de tanto tiempo, por la vía de una ley, se pueda hacer esto" en la lucha contra el "envenenamiento" de una sociedad donde la libertad de expresión no debe ser "la libertad más sagrada", dijo el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, a la emisora VTV de la red estatal de televisión.

Cabello dirige el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que esta semana abrió "procesos administrativos" a 50 de las 240 emisoras privadas de radio a las que acusa de operar "ilegalmente" y que afrontan la amenaza de que sus permisos de transmisión sean revocados y sus equipos decomisados.

"El país reclama" que la libertad de expresión "sea regulada", agregó Cabello.

La titular de la Fiscalía, Luisa Ortega, presentó este jueves la Ley Especial de Delitos Mediáticos en la Asamblea Nacional (AN, unicameral), de mayoría oficialista, ante cuyo plenario dijo que debe hacerse frente a "nuevas formas de criminalidad surgidas como consecuencia del ejercicio abusivo de la libertad de información y opinión".

Uno de los artículos del proyecto establece que "toda persona que divulgue a través de un medio de comunicación social noticias falsas que ocasionen grave alteración a la tranquilidad pública (...) será castigada con una pena de prisión de dos a cuatro años".

El mismo castigo está reservado para los que "manipulen" o "tergiversen" una noticia, "generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad", informó el diario español El País.

La propuesta presentada por la fiscal no establece qué organismo será el responsable de determinar la falsedad o veracidad, o el grado de manipulación o tergiversación de una noticia.

Sólo en el último año, el Ministerio de Comunicación e Información, responsable de vigilar y reglamentar el funcionamiento de los medios, ha calificado de "falsas", "interesadas" o "manipuladas" noticias como el aumento de la inseguridad ciudadana, del narcotráfico y de la corrupción en Venezuela, el desabastecimiento de alimentos o la existencia de armas venezolanas en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; informaciones que los medios independientes, nacionales e internacionales, han dado por ciertas.

Para los directores, gerentes o editores de medios la ley contempla otros nuevos tipos de delito. Los que se nieguen a revelar la identidad del autor de una emisión o artículo que utilice como nombre un seudónimo o se ampare en el anonimato podrían ser castigados con penas de seis meses a tres años de prisión.

De acuerdo con El País, casi todos los ciudadanos, incluyendo a la fiscal, son susceptibles de ser penados con esta futura ley: los periodistas, los locutores, los conferenciantes, los productores nacionales independientes, los artistas o "cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación impreso, televisivo o de cualquier otra naturaleza", dice el proyecto de ley.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) alertó de que la aprobación del proyecto "colocaría a los ciudadanos a un paso de ser penalizados por tener opiniones y hacerlas públicas".

"El cerco contra emisoras de radio que no repiten las consignas oficiales; la promoción de una nueva ley de periodismo; el hostigamiento a televisoras y periódicos y la criminalización de la disidencia política" son formas del "ataque" del gobierno contra la sociedad, agregó el CNP en un comunicado.

"¿Qué entiende la Fiscalía por delito mediático?", se preguntó el Colegio. "¿El uso deliberado de un adjetivo? ¿La parodia política de un humorista? ¿La publicación de una denuncia que afecte intereses sacrosantos? ¿La cifra sobre los índices de criminalidad? ¿Las críticas ante los excesos de un poderoso".

Para el gremio, el proyecto está enmarcado "dentro de un ataque orquestado por todos los instrumentos estatales para amedrentar a la población e instarla a que haga silencio".

Teodoro Petkoff, editor del diario capitalino Tal Cual, crítico de la gestión de Hugo Chávez, consideró que el texto de la Fiscalía es la propuesta "legal más salvaje y brutal que ha sido conocida por el país en su historia contemporánea" y que no logra esconder "una inspiración hitleriana".

Chávez ordenó a la Asamblea Nacional que antes de diciembre —y antes de que, en 2010, termine la legislatura en la que el oficialismo tiene mayoría— apruebe un conjunto de leyes "revolucionarias" y derogue las "contrarrevolucionarias" que impiden que su "socialismo del siglo XXI" avance.

"¡Leyes revolucionarias, inexorables!", pidió Chávez, para "terminar de demoler las viejas estructuras del Estado burgués y crear las nuevas estructuras del Estado del proletariado, bolivariano". La Ley Especial de Delitos Mediáticos es una de ellas.

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