Que a cualquier ser humano le corresponden, por su mera existencia, ciertos derechos, es una concepción históricamente reciente. Las democracias arquetípicas del mundo antiguo concedían voto sólo a los ciudadanos libres, y esa condición de no-persona que es la esclavitud continúa vigente, explícita o implícitamente, en muchos países. En su día, los teólogos discutieron si las mujeres, los negros y los indígenas americanos tenían alma, lo cual los haría merecedores de otros derechos, no sólo el de pertenecer a la fauna local. Y no es necesaria una larga memoria para percatarnos de que el voto femenino es una novedad histórica. Hoy contemplamos con toda naturalidad la existencia de ciudadanos y naciones de primera, segunda y hasta cuarta categoría, dotados con los derechos correspondientes. O ciudadanos a los que sólo se les concede un valor muscular: injertos del Tercer Mundo en el Primero que permite ser competitivos a las naranjas de California y al brócoli de Murcia.
Aún así, el mero hecho de que en la resolución 217 A (III), la Asamblea General de las Naciones Unidas, acordara el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos fue un paso más gigantesco para la humanidad que el de Armstrong en la Luna. Por primera vez, un foro de seres humanos concedía a todos sus congéneres, aunque fuera sobre el papel, papel mojado si se quiere, ciertos derechos.
En los documentos que aparecen en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, y que puede leer cualquier humano con derecho a la Internet, se apela a la argumentación estadística para poner en dudas la legitimidad de la política de derechos humanos, aduciendo que al “ser establecida en 1946, la Comisión de Derechos Humanos estaba integrada por 18 países, cuando existían 53 Estados Miembros de las Naciones Unidas, es decir, el 34% de los Estados Miembros”. Y añade el MINREX que “en la actualidad, solo 53 países de los 189 integrantes de las Naciones Unidas componen la Comisión, o sea el 28%”. De inmediato nos preguntamos por qué La Habana, tan proclive a la estadística, se decantó por el sistema patentado en su día por Vladimir Ilich, y no por el que impera en la inmensa mayoría de las naciones. De cualquier modo, en los mismos documentos, el gobierno cubano declara su “compromiso firme y permanente con la promoción y protección de los derechos humanos” —estadísticas al margen—. ¿En qué consisten entonces sus objeciones? La esencial es que dada la proporción abusiva de los países del Norte en la Comisión de DDHH (el 20% de los escaños cuando son apenas el 15% de los miembros de la ONU, dice el MINREX), se han ponderado los derechos civiles por encima de los restantes como criterio para evaluar el estado de los DDHH en las naciones. Y Cuba tiene razón.
Recordemos que en la Declaración se consigna que TODOS los seres humanos tienen derecho a la seguridad social, a la satisfacción de sus derechos económicos (Artículo 22); derecho al trabajo libremente elegido, a una remuneración equitativa que asegure a él y a su familia una existencia digna, protección contra el desempleo y derecho a pertenecer y fundar sindicatos que le defiendan (Artículo 23); derecho a tiempo libre, descanso y vacaciones pagadas (Artículo 24);derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales; derecho a seguros por enfermedad, invalidez, viudez, vejez, etc.; así como la protección de la maternidad y los niños (Artículo 25); derecho a la educación y derecho de los padres a elegir la educación de su hijos (Artículo 26); a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten (Artículo 27). Hay más, pero bastan estos para demostrar que en ningún país, que yo conozca, TODOS sus habitantes disfrutan del menú íntegro que nos ofrece la DUDH.Y distamos mucho de que esta situación se subvierta, distamos mucho de que todos los gobiernos y, en especial, los de las naciones desarrolladas, asuman un compromiso real por que ese derecho a la vida sea algo más que un documento. Y seguramente no será Don Mercado quien automáticamente lo resuelva.
Dije antes que Cuba tiene razón, y me explico: se ponderan, efectivamente, los derechos civiles. Los derechos fundamentales, que condicionarían el acceso de todos los seres humanos a un nivel digno de vida, dependen de factores económicos que sólo evolucionarán con lentitud. Los derechos civiles, en cambio, expresan la relación entre el poder y el individuo: actor con plenos derechos, incluso al respeto de su individualidad; o mero tornillo cuyo derecho es responder con obediencia a la rueda dentada del poder. Dependen, por tanto, de algo tan volitivo como la actitud de los hombres que detentan el poder ante los demás hombres. ¿La inquietud del gobierno cubano es pura vocación de equitatividad? No. ¿A qué se debe entonces su interés en subrayar esos derechos fundamentales? ¿A qué se debe que el MINREX exprese como posición de Cuba “el reconocimiento del carácter universal, indivisible, interdependiente e interrelacionado de todos los derechos humanos (...) dándole a todos el mismo peso, tanto a los derechos civiles y políticos como a los económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo”?
Dado que nadie cumple con todo esto, ¿con qué moral se me acusa?, apostilla La Habana. Además, el gobierno cubano considera que garantiza a los ciudadanos de la Isla un nivel de vida digno. También depende de lo que se entienda por dignidad: sistema gratuito de salud sin medicamentos ni medios; educación elegida por el gobierno (pater nostrum), dictada por maestros mal pagados y en éxodo de escuelas en ruinas, abrumados por la falta de recursos mínimos; una libreta de racionamiento que garantiza la alimentación subsahariana que su inventor no ha disfrutado en estos 40 años; derecho a adquirir en dólares que no se ganan la ropa y otros bienes imprescindibles; derecho a hacinarse tres generaciones en casa de los abuelos, o a que la mitad de las viviendas de la Isla se encuentren en situación ruinosa (según afirmación reciente de Carlos Lage); derecho a que el ingeniero y el médico ganen 15 dólares mensuales, otorgando al Estado una plusvalía de miedo (con lo que la gratuidad de las gratuidades queda en mero teorema); por no hablar del “libre” acceso a la cultura, o la libertad sindical. O del proclamado “derecho al desarrollo”, que Fidel Castro ha aplicado por el revés: colocando en la cola a un país que estaba a la cabeza de América Latina. En fin, el derecho, en este caso del Estado, a convertir el país que recibió en la primera mitad del siglo un millón de inmigrantes, en el país de donde huyeron dos millones en la segunda mitad. Sin discriminar a los zurdos, creo que se confunden los derechos con los izquierdos.
La desesperación reciente de La Habana por demostrar que en la Isla existe una genuina democracia —difícil tarea cuando menos de la mitad de los parlamentarios son elegidos por votación popular, y se reúnen una semana al año, lo que da cuenta de su peso en la maquinaria gubernamental—; los pataleos y acusaciones a Argentina o la República Checa y Polonia; la campaña más adjetiva que objetiva desatada en la prensa ante la inminente sanción condenatoria que le espera a mediados de marzo, todo forma parte de una habitual manipulación: suplir con himnos universalistas (a los que no falta su dosis de razón) la falta de respuesta a las preguntas más elementales sobre la realidad cubana.
¿Mueren de enfermedades curables los niños africanos? Sí. ¿Y eso qué relación tiene con que los cubanos sean discriminados hasta el ostracismo por sus ideas políticas (Artículo 2)? ¿Carecen de pan los campesinos etíopes? Sí. ¿Y eso qué relación tiene con que ningún cubano disfrute de la libertar de disentir, so pena de palizas, arrestos, mítines de repudio y otros izquierdos humanos que otorga FC (Artículos 3 y 5)? ¿Carecen de derecho a la salud las mujeres afganas? Efectivamente. ¿Y eso qué relación tiene con que en Cuba no sólo carezcan de las más elementales garantían las personas juzgadas por los tribunales, sino que incluso se les condene a prisión por “peligrosidad”, es decir, prisión profiláctica que precede al delito (Artículos 8,9 y 10)? ¿Carecen de toda seguridad los trabajadores haitianos? También. ¿Y eso qué relación tiene con que el Estado cubano interfiera arbitrariamente en la vida privada de sus ciudadanos, viole la correspondencia, mancille desde el monopolio de los medios de comunicación la honra de quienes disientan, o imponga la división de las familias según el grado de devoción política (Artículos 12, 15 y 16)? ¿Cruzan el Río Bravo los hambreados espaldas mojadas y son cazados por la policía migratoria norteamericana? Efectivamente. ¿Y eso qué relación tiene con que en Cuba el derecho a la libre circulación sea potestad del Estado, mediante el arbitrario permiso de salida, y se le niegue por definición a una parte importante de los ciudadanos; que el derecho a la nacionalidad o a cambiarla sean armas políticas o medios de recaudación, y que el intento de huida fuera penado con largas condenas (Artículos 13 y 15)? El propio MINREX reconoce en sus documentos que de esto lo que más le interesa es “el movimiento sin restricciones de las remesas financieras que los ciudadanos de otros países envíen a sus familias en el país de origen”. ¿Por qué será?
Y aunque el niño que padece esclavitud sexual en Tailandia o los meninos da rúa en Río de Janeiro carecen de todos los derechos, no creo que eso justifique el derecho de FC sobre la propiedad de sus súbditos (Artículo 17), la libertad de opinar (siempre que sea de acuerdo con el gobierno), y la de asociarse (a las organizaciones establecidas y controladas por el Estado) (Artículos 17 al 20). Por no hablar de su peculiar ejercicio de la libertad de recibir información, según la cual estas líneas no podrán ser leídas por los ciudadanos cubanos, cuya castidad ideológica Fidel Castro pretende preservar, tamizando este mundo revuelto antes de colocarlo ante sus ojos. Este mundo donde los hombres luchan por sus derechos, sin que un sumo pontífice se abrogue la potestad de instituir una libreta de racionamiento para administrar sus izquierdos: 80 gramos de pan y la más plena libertad de hacer silencio.
“Los derechos y los izquierdos”; en: Cubaencuentro, Madrid, 30 de marzo, 2001. http://www.cubaencuentro.com/encuba/2001/03/30/1751.html.

La expresión “Proyecto Varela” ha entrado de nuevo en circulación gracias a los líderes religiosos del exilio cubano, quienes respaldaron recientemente la convocatoria a un referendo, dentro del marco constitucional cubano, en busca de cambios políticos.
Oswaldo Payá Sardinas, presidente del Movimiento Cristiano Liberación y autor del Proyecto Varela, aboga por un cambio pacífico y desde dentro. “Porque si el cambio es violento, el gobierno que venga será un gobierno de fuerza y si esperamos que el cambio llegue desde afuera, entonces el pueblo no será protagonista del cambio”.
Pero el Proyecto Varela no es nuevo. En vísperas de la visita papal a Cuba, Payá lo presentó en la Nunciatura Apostólica cubana. ¿En qué consiste? El Artículo86 de la Constitución de la República de Cuba, en su inciso G, asegura que la iniciativa de las leyes compete a los ciudadanos. En este caso será requisito indispensable que ejerciten la iniciativa 10.000 ciudadanos, por lo menos, que tengan condición de electores. Es este el fundamento legal, dentro del marco constitucional cubano actual, que han tomado como base. Se trataría entonces de conseguir 10.000 firmas de ciudadanos con derecho al voto, apoyando un referéndum para llevar a consulta popular cinco puntos esenciales:
•Derecho a asociarse libremente
•Derecho a la libertad de expresión y de prensa
•Amnistía
•Derechos de los cubanos a formar empresas
•Una nueva ley electoral.
La petición se entregará en mano a los ciudadanos, después de tener su consentimiento, y cada uno la devolverá, firmada o no. El texto de la petición y las firmas se entregarán después a la Asamblea Nacional del Poder, encargada de llevar a la práctica el referendo.
En cualquier país del mundo esto sería un trámite normal. En Cuba, a pesar de encontrarse recogido en la Constitución, puede encontrar serios obstáculos. El primero es que una buena parte de los opositores que firmarían gustosamente la petición han sido desprovistos de sus derechos políticos. La segunda es ese doble discurso que el cubano común se ve obligado a mantener por pura supervivencia: la verdad privada y el silencio público. De modo que muchos, aunque no comulguen con el sistema actual, enfrentados a la decisión de hacer público mediante su firma el discurso privado, se abstendrán. Son enormes las presiones que harán más difícil su ya precaria situación en caso contrario. Tercero: el gobierno se encargará de boicotear por todos los medios la recogida de firmas. Y cuarto: una vez que se obtengan, podrá hacer caso omiso a su propia Constitución y no necesitará siquiera explicar al pueblo cubano su postura, dado que la prensa hará disciplinado silencio al respecto. Millones de cubanos ni siquiera sabrán que se ha violado la Constitución, un documento que en su día votó la casi totalidad de los electores.
¿Puede ocurrir? Me atrevería a vaticinar que en caso de recogerse las 10.000 firmas sorteando los enormes escollos que ello supone eso será precisamente lo que ocurra. El gobierno cubano, que blasona de contar con la adhesión masiva de los cubanos, jamás se atreverá a poner en manos de sus adeptos decisiones neurálgicas para su monopolio del poder, como el derecho a asociarse libremente, que sacaría de las catacumbas a los grupos opositores, los engrosaría mediante la amnistía y fomentaría sindicatos libres, el derecho a la libertad de expresión y de prensa, cuando bien saben que la información es poder; por no hablar de los derechos económicos y de una nueva ley electoral, que someterían sus monopolios tradicionales a la competencia.
Peor sería para el gobierno llevar estas consultas a referendo y ponerse más en evidencia ignorando un resultado adverso. ¿Por qué recoger entonces esas 10.000 firmas que posiblemente nunca se traduzcan en una consulta popular? Porque ello puede ser la evidencia más escandalosa de que el gobierno cubano es inconstitucional, incluso si el referente es su propia constitución y, por inferencia, no acepta la voluntad de la inmensa mayoría de los cubanos que un día aprobaron el documento. Y porque “los cubanos también tenemos derecho a los derechos'', como subrayó Payá en una ocasión. No sólo el derecho a la resignación y al silencio.
“Derecho a los derechos”; en: Cubaencuentro, Madrid, 16 de marzo, 2001. http://www.cubaencuentro.com/encuba/2001/03/19/1583.html.

Konstantínov en mano, mis profesores de materialismo dialéctico se afanaron en su día por explicarme la dialéctica de la realidad objetiva: los favelados de Río de Janeiro, Caracas o Lima levantaban sus ranchitos a la desbandada y sin permiso en lugar de comprarse un apartamento en Copacabana, no por espíritu transgresor, sino por pura desesperación habitacional. ¿Culpable? El capitalismo mundial, por supuesto. Y enmendar esta situación pasaría por el cambio de las condiciones objetivas; no por eventuales medidas represivas. Pero, al parecer, en el caso de Cuba rige otra dialéctica. Carlos Lage afirma ahora que se resolverá “el orden y la legalidad en la vivienda” mediante “la elevación de la conciencia del pueblo, el fortalecimiento del combate político y de las ideas”. Ni ladrillos ni cemento. Combate, conciencia y política.
Desde mediados de 2000, cuando se modificaron el Decreto de la Ley de la Vivienda y el Decreto Ley 211, se dictó la Resolución 500 y el nuevo decreto de contravenciones, se han impuesto 2.057 multas, de ellas 1.530 en divisas, por un importe de 1.617.500 dólares (el salario mensual promedio de 177.925 trabajadores cubanos); se desahuciaron 548 ocupantes ilegales, y se confiscaron más de 1.400 viviendas por violaciones en el alquiler, compraventas ilegales y otras causas. En la TV cubana se transmitió la confiscación de 21 residencias en el barrio Santa Fe. Una de ellas, vendida por un cubano a un extranjero. Otra, declarada inhabitable, y aún así otorgada "por razones humanitarias'' a una pareja, fue remozada con materiales comprados ilegalmente, cuando lo correcto habría sido esperar a que el techo les cayera encima. Una tercera, fue construida ilegalmente en terrenos estatales con financiamiento de un extranjero. No hay necesidad, sino pura perversión.
Para remediarlo, Carlos Lage apela a la solución policial, aunque acota que no se trata sólo de combatir las ilegalidades, sino de crear un clima de trabajo y de acción que las evite —ya que no otorgan viviendas, optan por el cambio climático—. “Con ello salvamos a revolucionarios y buenas personas, que muchas veces por desconocimiento, debilidad o blandenguería caen en esta indisciplina social”. Es decir, en las favelas capitalistas, pura necesidad; en las favelas socialistas, blandenguería, debilidad y desconocimiento.
Juan Contino, coordinador nacional de los CDR, es más paternalista: “Somos nosotros, los buenos vecinos, los que tenemos que ir y advertir `estás levantando una casa gigante', `estás alquilando ilegal y dejando que entren esas muchachitas [qué púdico] en tu casa...”. Hay gente que se está equivocando y los revolucionarios tenemos el deber patriótico de advertirlos, de reclamarles". Aunque deja entrever que con frecuencia las denuncias de los vecinos chocan contra los oídos sordos de la administración, y la impunidad campea. Todos sabemos que el status político condiciona el derecho de pernada en la república. Y lo contrario. ¿Será por eso que el propio Contino admite la existencia de “decisiones injustas en detrimento de los derechos de algunos ciudadanos, la no detección a tiempo de construcciones ilegales, y las demoras en ofrecer respuesta a las quejas, denuncias y trámites de la población”? Para concluir con una lección magistral sobre las clases sociales y la vivienda: "El día que el dinero distribuya las viviendas del país, estaremos divididos en clases sociales. Y eso no lo permitiremos. Si hay una buena casa, que la tenga un buen patriota, sea un obrero o un intelectual. ¿Cómo vamos a dejar que alguien se construya una casa gigante con materiales robados al pueblo, mientras hay 25.000 albergados que perdieron la suya?", Contino dixit. Y la experiencia se remonta a los 60, cuando los “buenos patriotas” se repartieron las mansiones expropiadas. Porque la definición de “buen patriota” no es ni quien más produce ni quien más crea. El “buen patriota” no conoce los albergues donde 25.000 cubanos rezan al santo patrono de la Reforma Urbana; no roba materiales, dispone de ellos según el antiguo derecho de conquista; ni admite la anárquica división en clases, cuando basta con la sencilla escisión entre la plebe multitudinaria y la aristocracia verde olivo, nimbada por su nobleza subsidiaria sin pedigrí, pero extremadamente útil. ¿Ignora Contino que durante aquellos años felices en que todavía se podía atrapar una guagua al vuelo, había quieres obsequiaban Ladas a sus hijos el día del cumpleaños? ¿Qué las amantes y los hijos dilectos jamás pisaron la microbrigada donde un pianista prometedor se machacaba las manos y el futuro durante siete años? Pero aún si ha perdido la memoria histórica: ¿no observa desde la ventanilla del auto la ciudad dividida entre bicicletas chinas y Toyotas? ¿Desconoce que a los siete años la mayoría de los niños cubanos dejan de recibir leche, mientras otros reciben su nueva Play Station? ¿A qué limbo sin clases se refiere el presidente de los CDR?
Claro que en esto de la vivienda también asoma el enemigo: “Alrededor de las ilegalidades de la vivienda se mueven la delincuencia, la prostitución, la droga, la contrarrevolución, penetran las enfermedades y se crea el espacio hasta para la actividad terrorista (!!!). Es el escenario natural para que caminen estos males que son característicos de los enemigos de la Revolución, de la justicia y del socialismo” (Carlos Lage). De lo cual se deduce que nadie se ha afanado más en crear ese “escenario natural” que las autoridades de la Isla, donde según sus propios datos, el 47% del fondo habitacional se encuentra en mal estado, cifra que cobija una proporción escandalosa de viviendas en ruinas, como se encarga de demostrar cada racha de aguaceros. Un país donde se ha incurrido durante cuatro décadas en el criminal abandono del patrimonio heredado, se paralizó la ya escasa construcción de viviendas, y donde el año pasado se terminaron apenas 42.923. Un país donde Norberto González, director provincial de la Vivienda ha pagado el arreglo de edificios completos carentes de calidad.
A pesar de Konstantínov, y aunque el marxismo haya caído en desuso, de todo esto se deduce que un buen techo de placa protege mejor de la lluvia que un discurso; que la dignidad de cuatro paredes es un sitio ambiguo entre la ilegalidad y la paciencia; que “vivir es peligroso”, como decía Guimarães Rosas, y en Cuba, temerario, y que en esto de la vivienda asoma, desde luego, la mano del enemigo. Salvo Lage y Contino, el resto de los cubanos saben de quién se trata.
“Dialéctica del gao”; en: Cubaencuentro, Madrid, 9 de marzo, 2001. http://www.cubaencuentro.com/encuba/2001/03/09/1472.html.

Aquel día de octubre de 1967, mientras miraba a la cámara con la fijeza empecinada de la muerte en los ojos, lejos estaba el alma de Ernesto Che Guevara, de barruntar su rostro reproducido en millones de camisetas y posters, encabezando manifestaciones y consignas de todas las tendencias, incluso las que él habría odiado. Lejos estaba de convertirse en reclamo turístico desbordando los timbiriches de La Habana Vieja. Y más lejos aún de sospechar que 34 años más tarde, la muerte de su guerrilla suscitaría una polémica con sede en Suecia y sucursal en París. Le ronca el mango, habría dicho quizás en su cubano adoptivo.
La controversia comienza el 13 de enero pasado, cuando el diario sueco Dagens Nyheter publica en su suplemento DN. Lördag Söndag un reportaje firmado por Tarik Daleh y Eric Gandini, cuya versión fílmica se difundió por el Canal 1 de la TV sueca cuatro días más tarde. En ambos se defiende la inocencia de Ciro Bustos, a quien se ha tenido durante años por el hombre que, tras su arresto por el ejército boliviano, ofreció abundante información, incluyendo retratos de los guerrilleros, entre ellos el Che. Y se acusa directamente a Regis Debray de haber delatado la presencia de Guevara, desencadenando los acontecimientos que conducirían a su muerte.
Ciro Bustos aduce en el reportaje que los retratos no prueban su culpabilidad, porque en ellos se insertaron dos caras falsas (de Andrés y de Ruthman). También se entrevista a Gary Pardo, jefe de la tropa que exterminó la guerrilla, quien también afirma que Debray fue el primero en hablar del Che.
Por su parte, el agente cubano de la CIA Félix Rodríguez define a Orlando Jiménez Bazán (Cambas), el tercer guerrillero capturado, como “muy reservado”, cosa que lo exime de culpas.
También la hija del Che ha culpado en declaraciones públicas al francés de la muerte de su padre.
Apoyando la tesis del reportaje, René Vázquez Díaz publica el mismo 17 de enero que en el mausoleo al Che en Santa Clara no hay ninguna acusación oficial contra Bustos. Y, curiosamente, el hermano del guerrillero Jorge Vázquez Viaña (Loro), Humberto Vázquez, quien también acusa a Debray en el reportaje, trabajó el año pasado en la campaña por la alcaldía, como político de izquierda, del hombre que dirigía la tropa que mató a su hermano: Gary Pardo.
Pero la cosa no parece estar tan clara: Jorge Castañeda, en su biografía del Che, se refiere a la temprana penetración del aparato urbano de la guerrilla por la CIA ya la ruptura del Che con Mario Monge, lo que le condujo a aliarse con el maoísta Moisés Guevara, incorporando a la tropa a hombres como Pastor Barrera (dícese que soplón, ex policía y narco, un dechado de virtudes), quien desertó junto a Vicente Rocabado al día siguiente de llegar Tamara Bunke con Ciro Bustos y Debray, delatando la presencia de cubanos. Salustio Choque, otro hombre de Moisés Guevara, fue atrapado por el ejército y, al parecer, confesó hasta lo que no sabía. Los tres maoístas sirvieron de testigos de cargo en el juicio contra Bustos y Debray.
Diez días después de la detención de Debray, el 29 de abril, el ejército apresa y tortura a Jorge Vázquez Viaña (Loro), a pesar de lo cual sólo logran que hable timándolo: un agente de la CIA, de origen cubano, se hace pasar por enviado de Fidel Castro, y le sonsaca información confirmatoria de lo ya dicho por los desertores.
En una entrevista ofrecida a la revista Tricontinental en 1998, el Comandante Piñeiro (Barbarroja), quien se ocupó de preparar todas las operaciones cubanas en el exterior durante años, declaró que (a pesar de “las negativas posturas políticas” asumidas por Debray en los últimos años), quien más información ofreció a los militares bolivianos fue Bustos, y que Debray (en contra de lo que se deduce del Diario donde el Che afirmara que el francés “habló demasiado”), sólo reveló una primicia: el carácter continental del proyecto guerrillero guevariano. Algo que cualquier lector de los discursos del Che, sabía sin que nadie se lo confirmara.
En carta a Liberatión, Elizabeth Burgos se refiere a la entrevista que el general Ovando, jefe del ejército boliviano, ofreció a El Diario de La Paz (21-09-1967), donde confiesa que la presencia del Che en Bolivia consta en un telegrama interno del ejército del 24-11-1966, casi cinco meses antes de la detención de Debray y Bustos. Según la misma carta, Debray sólo reconoce la presencia del Che tres semanas después de su arresto, en el mes de mayo, ante las evidencias presentadas por sus captores; mientras Bustos dibuja planos de los escondites donde se encontraba documentación de la guerrilla.
Al parecer, los autores del reportaje ponen el mismo entusiasmo en defender a Bustos que en atacar a Debray. Lo que no queda claro es por qué. Si se trata de esclarecer una verdad histórica, existen muchos argumentos que se han obviado, algunos de tanto peso como las declaraciones de Piñeiro, quien más sabía de todo el entramado guerrillero montado por Cuba. O la información con que ya contaba el ejército boliviano en el momento de la detención de Bustos y Debray. Si se trata de una operación política, todo queda más claro: la retractación de Debray de sus antiguas convicciones duele aún en La Habana. Y más aún su libro Loués soientles seigneurs (Alabados sean nuestros señores), donde tanto Fidel Castro como el Che distan mucho de la imagen que nos ofrecen el poster y el mausoleo. Tampoco se le perdona que fuera Debray quien ayudara a Daniel Alarcón (Benigno), superviviente de la guerrilla y ex-alto oficial de la Seguridad del Estado, a exiliarse en Francia y publicar su Vida y muerte de la evolución cubana.
Es precisamente la lectura de este libro, y la relectura atenta del Diario del Che, lo que nos permite acercarnos a la verdad. Digo: si de eso se trata. En ambos quedan claros algunos hechos:
Por el contrario de lo ocurrido en la Sierra Maestra cubana, donde el Movimiento 26 de Julio se insertó con fortuna en la realidad social, captando adeptos y concitando simpatías; la guerrilla del Che en Bolivia siempre fue un artefacto exótico que jamás ganó el apoyo del campesinado con el que resultaba difícil incluso comunicarse. Desde su instauración hasta su hecatombe, aquella guerrilla fue vista por los nativos a través de un prisma ajeno a cualquier postulado marxista de la lucha de clases: medio milenio de desconfianza indígena hacia todos los blancos. Algo que no ha cambiado tras su muerte: los quechuas no peregrinan a La Higuera para homenajear al ideólogo o al líder de sus reivindicaciones sociales. Acuden a San Ernesto de la Higuera con el hijo enfermo en procura de un milagro. Un Papa tan pródigo en canonizaciones debería pensárselo mejor.
Por otra parte, las continuas referencias del Che al abandono de Manila (La Habana), y la explícita acusación de Benigno, permiten reconstruir paso a paso el destino sellado de una guerrilla naufragando en la selva, en medio de la indiferencia cuando no la hostilidad local, y que envía continuos SOS sin respuesta. Algún día se sabrá con toda exactitud si ese abandono fue negligencia o asesinato. Si se debió a falta de iniciativa —que ni antes ni después faltó a La Habana para manipular sus operaciones encubiertas—, como afirman sus defensores. O de un peón conscientemente sacrificado en el tablero de la política internacional. Lo cual tiene su explicación: La Unión Soviética de Brezniev y de la política de distensión nunca vio con buenos ojos la vocación “trotskista” de la Cuba exportadora de revoluciones. Y el menos grato a Moscú era el Che, tras sus acusaciones explícitas de Argel y su admiración por la China de Mao. De modo que la política de promoción subversiva practicada por La Habana en los primeros 60, era (aunque no exclusivamente, por supuesto) una suerte de venganza por el ninguneo de Krushev a Fidel Castro durante la Crisis de los Mísiles o de Octubre. Tras el fracaso de la ¿política económica? cubana —que concluiría una de sus épocas más “creativas” con la Ofensiva Revolucionaria del 68 y la Zafra del 70—, se produce un gradual acercamiento a la Unión Soviética —en junio de 1967 el Primer Ministro Alexia Rosiguen visita la Isla—, redondeado con el espaldarazo público de FC a la invasión rusa que aplastó la Primavera de Praga en agosto de 1968. Así las cosas, no sería extraño que la negligencia de La Habana haya sido diligente. Como resultado: se perdía un héroe bastante desobediente, se ganaba un mártir —suelen ser mucho más obedientes—, y se complacía a la Gran Madre Rusia Subvencionadora y Petrolífera.
Años más tarde, cuando la 82 División Aerotransportada invadió Granada, FC ordenó inmolarse a los albañiles y peones cubanos que construían un aeropuerto. De nuevo, la Ley del Peón: si Ronald Reagan ve morir heroicamente a 200 constructores casi desarmados, abrazados a la bandera mientras entonan el himno (como proclamó la imaginativa radio cubana), se lo pensará dos veces antes de invadir a los otros diez millones de la Isla. Para su mal, los constructores cubanos no estaban dispuestos a corroborar la contabilidad de FC con su pellejo, y siguieron el ejemplo del oficial enviado por éste para conducirlos al sacrificio: el coronel Pedro Tortoló, quien daría nombre en el imaginario popular cubano a un modelo de zapatillas deportivas, dadas sus habilidades en los tres mil metros con obstáculos.
¿Fue Regis Debray el primero que denunció la presencia del Che en Bolivia? Al parecer, no. ¿Fue Bustos? Posiblemente, tampoco. Pero, ¿importa eso, como no sea para el estrecho círculo de los protagonistas y de los realizadores suecos que han desatado esta pequeña tormenta? No. En su carta de despedida a Fidel Castro, el Che se recrimina por no haber confiado más en él. Ahora sabemos que su desconfianza no era motivo de autocrítica. Al naufragar voluntariamente en la selva boliviana, el Che arrimó a su sien la pistola, un destino que, por otra parte, buscó conscientemente durante toda su vida. Desde Manila apretaron el gatillo.
“La ley del peón”; en: Cubaencuentro, Madrid, 16 de febrero, 2001. http://www.cubaencuentro.com/encuba/2001/02/20/1182.html.

La Navidad se nos viene encima desde finales de noviembre: promociones, invitación al consumo desaforado, Papaítos Noeles en las tiendas y, en breve, los Tres Reyes Magos, que en eso los países católicos ganan por superioridad numérica. Paisajes nevados en la tele, aunque en tu barrio ni llueva. Tradición y comercio imprimen su sello a diciembre. Incluso en Cuba, donde los hoteles ostentan desde hace algunos años arbolitos naif con nieve de algodón y Papitos Noel made in Taiwán.
Más allá de la parafernalia consumista y dulzona que nos devuelve a enero más gordos, asqueados de turrón y confraternidad familiar, la navidad es una especie de ley de punto final que ocurre una vez al año: el yerno brinda con la suegra que odia, los hermanos que se detestan lloran de arrepentimiento sin consecuencias (año nuevo, odio nuevo) la borrachera en el hombro del otro; familiares semilejanos se abrazan y se besuquean con un fervor que parece genuino. Y a veces lo es, que de todo hay en la viña del Señor Santa Claus.
Pero hay algo hermoso en el bolero navideño: la excusa para olvidar y perdonar, aunque sólo sea una vez al año, o de querer más explícitamente a los que queremos, y sentir la entrañable pertenencia a ese grupo tribal, protector, necesario, que es la familia. Algo inalcanzable para la dividida familia cubana que se debe conformar el 24, el 31 de diciembre, con llamar a la Isla —los isleños carecen en moneda nacional de ese derecho— y sentir que nos tocamos, que nos abrazamos, que nos deseamos hapi niu yiar feliz año mi hermanito, a través de un frágil hilo de cobre que atraviesa el mar. En ese momento no importa si de un lado hay cava y del otro cervecitas (gran reserva, a juzgar por el precio) de la shooping, no importa si de un lado nieva y del otro suda hasta el pernil que resolvimos. En ese instante parece que estamos juntos. Y eso es casi un lujo.
Pero este año ni siquiera esa comunión virtual con la familia parece probable. ¿Por qué?
Según un editorial de Granma en “el Decreto Ley 213 del Consejo de Estado, aprobado el 25 de octubre pasado sobre bases absolutamente legales, Cuba estableció un impuesto del 10% a las comunicaciones telefónicas, que estaría vigente hasta la recuperación de los fondos congelados y posteriormente robados. Dichos fondos serían totalmente dedicados a los servicios de salud de nuestro país”.
¿A qué fondos se refiere y en qué consistió el robo?
Se trata de “fondos congelados que se adeudaban a Cuba por más de 30 años de servicios de comunicaciones “y que el embargo norteamericano impide abonar a la Isla. El robo es la autorización norteamericana a emplear parte de esos fondos para indemnizar a los familiares de los pilotos de Hermanos al Rescate derribados por Mig cubanos en febrero de 1996.
El nuevo impuesto de US$0,245 por minuto (añadido a la abusiva tarifa de US$1,20/minuto en funciones), estaría en vigor hasta que se recuperen los fondos enajenados para las indemnizaciones. Es decir, recaudar unos 30 millones de dólares adicionales a los 80 que recibe el gobierno cubano por los servicios telefónicos. Y La Habana anuncia incluso la posibilidad de “adoptar medidas adicionales adecuadas hasta que dichos fondos sean reintegrados”.
Las autoridades norteamericanas alegan que el nuevo impuesto viola los acuerdos suscritos entre las empresas telefónicas estadounidenses y la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), y no se autoriza su pago, de modo que La Habana amenaza con el corte de las comunicaciones a mitad de diciembre.
Vayamos por partes.
El embargo norteamericano es arcaico, inmoral, prepotente y de una ineficacia demostrada durante 40 años; de modo que esos fondos jamás debieron estar congelados, y su legítimo dueño es el gobierno cubano.
Sobrevolar el espacio aéreo cubano es un delito, pero el derribo de las avionetas fue, obviamente, un crimen contra esos hombres y contra el pueblo cubano, al sabotear un momento de distensión entre Estados Unidos y Cuba. Si bien es correcto que se indemnice a las familias de los asesinados, también es cierto que el dictamen de un tribunal norteamericano no es internacionalmente vinculante. No imagino al gobierno norteamericano indemnizando, por orden de un tribunal de Guadalajara, a la familia de un inmigrante ilegal mexicano muerto por agentes en la frontera. Y no hablo de justicia o injusticia, sino de práctica internacional, salvo acuerdos internacionales o bilaterales que obliguen a las partes.
La ineficacia económica de las autoridades cubanas es proverbial. Capaces de dilapidar durante 30 años la ayuda soviética, una vez que ésta se suprimió, volvieron la vista hacia el nutrido exilio, la nueva vaca lechera a la que ordeñan 800 millones de dólares al año, más de lo que rinde la zafra azucarera. Cierto que no se trata de aportaciones directas, sino de ayuda familiar, destinada a paliar la miseria de los cubanos en la Isla. Circunstancia aprovechada por el Comerciante en Jefe para imponer los precios más disparatados, obteniendo una plusvalía de abuso, no gracias a su eficiencia, sino a su condición de monopolio. El chantaje emocional al exilio y el asalto a shooping armada a los cubanos de la Isla son hoy los sectores más prósperos de la economía cubana. Desde el litro de leche a US$1,50, la venta de pasaportes, permisos de salida y visados en dólares, hasta las tarifas telefónicas más altas del planeta. Es el “impuesto revolucionario” —similar al que cobra ETA a los empresarios vascos para comprar las pistolas con que matarlos después— que debe abonar quien desee emigrar, o el exiliado que pretenda ayudar a su familia, traerlos de visita o viajar a la Isla. ¿Es legal? Obviamente, en su condición de gobierno soberano, Cuba establece los impuestos, tasas, gravámenes y tarifas que le da la gana. Por algo disfruta del monopolio, incluso sobre la vida de los once millones de cubanos que residen en la Isla. Y al exilio simplemente lo chantajea: si amas a los que quedaron en la Isla, paga. ¿Es moral? Ya eso es otro cantar.
Los fondos fueron congelados por el embargo, y su enajenación parcial, obra de un tribunal norteamericano. En cambio, pagará el impuesto el exiliado de a pie, a quien lo transferirán las telefónicas con una subida de tarifas. Y los más afectados serán los cubanos confinados en la Isla, en nombre de los cuales y por su felicidad, gobierna el Pater Nostrum FC, quien dicta contra ellos pena adicional de incomunicación.
Desde ese punto de vista, es absurdo que un rey vaya contra sus propios súbditos. Pero, ¿es absurdo? En lo absoluto. Primero, la medida continúa una tradición de beligerancia que ha fomentado el mantenimiento del embargo durante 40 años: un precio que FC paga gustoso mientras rinda dividendos políticos, excusas a su desgobierno y concite cierta simpatía internacional hacia Cuba. De paso, intenta poner al exiliado de a pie contra la zona más anticastrista de su comunidad. En segundo lugar, esto es parte de una larga operación contra la familia que comenzó a inicios de los 60: el concepto de que la primera familia es la Revolución, por lo que se penaba cualquier intercambio con los parientes del exilio, incluso los más cercanos; las escuelas al campo y en el campo, las becas que transferían la custodia de los hijos al Estado para formar el hombre nuevo, libre del pecado original de las viejas generaciones (sus padres); las reiteradas barreras impuestas a la reunificación de las familias y los mítines de repudio a los desertores de la gran familia revolucionaria. La deificación del Gran Padre, ser intocable y cuya familia inmediata permanece oculta para acentuar la idea de que su verdadera familia es la multitud. Todo forma parte de un mismo engranaje que ha favorecido la disgregación de la familia cubana, poniendo la devoción ideológica por encima de la filial. Del mismo modo que FC dirige el país como su finca particular, en la familia cubana sólo puede haber un Patriarca. Cualquier fidelidad debe ser supeditada a la Fidel-idad.
Muchos sicoanalistas se referirían a su padre autoritario e intolerante, dueño de finca (mira qué casualidad), al hecho de que jamás haya hecho pública a su familia, o que sus numerosos hijos hayan sido criados por una recua de guardaespaldas, como pruebas de que un Gran Padre con 11 millones de hijos (y otros dos millones de hijos descarriados) desprecia por razones matemáticas a la diminuta familia tradicional. Yo, que apenas he leído a Freud por arribita, obviaré esas consideraciones. Sólo constato los hechos.
Todo esto nos permite concluir que cortar las comunicaciones justo antes de las navidades, la fecha más familiar del año, puede ser injusto al penalizar a inocentes cubanos de las dos orillas por culpas que le son ajenas; taimado, al hacerlo en el momento del año en que más duele (y, por tanto, acentúa la posibilidad de que el exilio se pliegue al chantaje); inmoral, en la medida que contribuye a un estado de beligerancia que no ha reportado sino infelicidad a nuestro pueblo. Es todo, menos ilógico. La coletilla de que el dinero se destinará a la salud pública es punto menos que risible. Jamás el gobierno cubano ha dado cuenta de sus gastos, de modo que si se utiliza en equipamiento antimotines, ni nos enteraremos. Tampoco temen las autoridades cubanas a la suspensión de las remesas familiares: saben que los pobres mortales no estamos dispuestos a permitir que sus amados súbditos, es decir, nuestros familiares, pasen hambre, aunque el precio sea subvencionar su desgobierno. FC cuenta con que somos humanos, una debilidad ideológica que él no se permitiría.
Fidel Castro no cree en los Reyes Magos. Sabe que el Poder, ese regalo que él se hizo hace más de 40 años, no se obtiene con una cartica en el zapato. Y para mantenerlo está dispuesto a las mayores privaciones, el sacrificio y, si llegara el caso, la inmolación (del pueblo cubano, por supuesto). Sabe que en estos casos, una piedra en el zapato es más efectiva que una cartica.
“Feliz Navi... Clic”; en: Cubaencuentro, Madrid,18 de diciembre, 2000. http://www.cubaencuentro.com/lamirada/2000/12/18.html.