Actualizado: 03/07/2020 15:57
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Derechos Humanos

Escape por la tangente

«¿Abolirá Raúl Castro la Ley 88? ¿Dejará de perseguirme por defender el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que él mismo ha firmado?»

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El ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, suscribió el pasado 28 de febrero el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976.

En su Preámbulo, el referido Pacto proclama: "Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables".

Es decir, el fundamento de la paz internacional, la justicia universal y la libertad es el decoro de la persona, que sólo existe cuando le son respetados sus atributos jurídicos indispensables. Este espíritu lo anima de principio a fin. La letra es un baño de luz primaveral para todos los pueblos de la tierra que logran alcanzarla.

Los artículos 19 y 21 refrendan: "Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones". "Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección". "Se reconoce el derecho de reunión pacífica".

Panorama desolador

En Cuba, la realidad es que más de cien prisioneros de conciencia languidecen en las cárceles del gobierno. Unos 20 han sido enjuiciados en los últimos tres meses, en procesos sumarios, no públicos, por tribunales parciales sujetos a los militares de la Seguridad del Estado. Más de 25 extinguen condenas de hasta cuatro años sin haber cometido delito, según me ha dicho el propio Tribunal Supremo, pues fueron acusados de ser "proclives a cometer delitos" por "conducta socialmente peligrosa". Cincuenta y cinco, que pertenecen al Grupo de los 75, encarcelados en marzo de 2003, llevan cinco años de prisión y tortura aniquilante. La mayoría está muy mal de salud por el castigo vengador del gobierno de La Habana.

El artículo 10 del Pacto, en su apartado 1, establece: "Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". Actualmente, casi 100.000 personas padecen el horrendo cuadro carcelario. Unos 260 son reos políticos, sobreviven subalimentados, sin agua potable ni asistencia médica adecuada, y expuestos a la tuberculosis.

Desde todos los centros penitenciarios se reportan con frecuencia descomunales palizas. Al menos 35 penados comunes murieron durante el año 2007, víctimas de este espantoso régimen. Dos fueron matados por los guardias, que los golpearon con hierros, en la Prisión Kilo 8, de Camagüey. En estas condiciones sobrevive medio centenar de condenados a muerte.

El Pacto firmado por La Habana, en su artículo 6 declara: "El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente".

La detención arbitraria, las injerencias en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia, y los ataques a la honra, quedan proscritos por la normativa del Pacto.

El artículo 23, apartado 1, califica a la familia de "elemento natural y fundamental de la sociedad" y reconoce su "derecho a recibir protección de la sociedad y del Estado". Sin embargo, unas 400 personas fueron desalojadas a porrazos de sus viviendas el pasado mes en Holguín. El gobierno anunció que demolerá las casas de unas 3.000 personas. Además, 22 bicitaxis fueron decomisados en La Habana a mediados de febrero, y sus dueños quedaron sin sustento ni instrumentos de trabajos para alimentar a su familia. Hechos como estos son política y acción cotidiana de las autoridades en todo el país.

Misas 'con invitación'

La visita a Cuba del secretario de Estado del Vaticano, monseñor Tarcisio Bertone, no significa que podamos hoy predicar en los parques, plazas públicas, o de casa en casa. Aún no se nos ha devuelto el derecho a la radio, la televisión, la prensa y la educación religiosa. Decenas de cristianos defensores de los derechos humanos fueron arrestados o visitados en sus viviendas por la Seguridad del Estado, lo que les impidió participar en las misas oficiadas por el cardenal Bertone en Santiago de Cuba y Guantánamo, los días 23 y 24 de febrero.

Gerardo Sánchez Ortega, Yorledis Duvalón Guiber, Rolando Rodríguez Lobaina, Abel López Pérez, Kéiber Rodríguez Fernández y Noelmis Cevila Terrero denunciaron por vía telefónica que permanecieron hasta doce horas en unidades de la policía política. Fueron interrogados y amenazados por los militares. También fueron víctimas de estos actos represivos Yordis García Fournier y Ana Belkis Ferrer García.

¿Cuándo comenzará a respetarse este postulado? "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión"; así como a la libertad de "manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza" (Artículo 18, apartado primero, del Pacto Internacional).

Sin libertad política no puede hablarse de ningún otro atributo consustancial a la persona; por eso el artículo 25, en los incisos a, b y c, le concede "participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos", "votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores" y "tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país".

El continuismo político, lejos de apertura, acaba de dar en La Habana un estruendoso portazo que ha helado la sangre a amigos y enemigos del régimen, dentro y fuera de la Isla. Raúl Castro es oficialmente presidente del Consejo de Estado y del Gobierno, pero ha recordado que no moverá un dedo en política exterior, castrense y económica si no consulta a su hermano, a quien citó unas quince veces en su discurso de investidura.

Esperar con los ojos abiertos

En medio de todo este drama nacional y sin el más mínimo atisbo de alivio, ¿cómo entender la entrada en vigor y la aplicación honesta y práctica del más importante documento internacional que protege a las personas y sus más elementales derechos?

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos es antítesis no sólo de la sucesión dinástica oficial que acabamos de sufrir, sino del secuestro tiránico de 50 años que pretende legitimar hoy la cúpula gobernante ante los ojos del mundo, con el único afán de mantenerse aferrada al poder, a costa del sufrimiento y la vida de todo un pueblo.

Es cierto que la firma del Pacto entraña el reconocimiento formal de los derechos humanos por parte del gobierno, pero, amén de las reservas que sin lugar a dudas formulará, ¿qué ha ocurrido durante este medio siglo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es gestora y firmante?

Los Estados partes quedan obligados a modificar el ordenamiento jurídico interno para dar entrada a la normativa del Pacto. ¿Abolirá Raúl Castro la Ley 88 (Ley Mordaza) y pondrá en libertad inmediata a todos los prisioneros de conciencia? ¿Reformará el Código Penal y todas las normas que institucionalizan la violación sistemática en Cuba de los derechos contenidos en el Pacto? ¿Mejorará las criminales condiciones carcelarias? ¿Dejará el gobierno de perseguirme, por defender precisamente lo que el mencionado Pacto manda?

El gobierno confía una vez más en sus consuetudinarios recursos: la manipulación y la burla internacional. Conoce los complejos y disfuncionales mecanismos de verificación y aplicación de Naciones Unidas, las dilaciones y reservas. Cree que escapará por la tangente. Todo es cuestión de esperar con los ojos bien abiertos.

* El autor es presidente de la Fundación Cubana de Derechos Humanos y secretario ejecutivo del Consejo de Relatores de Derechos Humanos. Artículo distribuido por la Corriente Agramontista.


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El canciller Felipe Pérez Roque, junto al secretario general de la ONU, Ban Ki-MoonFoto

El canciller Felipe Pérez Roque, junto al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, tras firmar los dos pactos internacionales sobre derechos humanos. (AP)