Padecimientos estructurales (I)

Cualquiera que intente desenredar el nudo gordiano de la economía cubana, con el objetivo de encontrar una cura efectiva para sus padecimientos estructurales, es decir, los amarres que frenan su desarrollo, no tendrá más remedio que deshacerse de dos dogmas fundamentales que rigen la posición del gobierno y la burocracia, con respecto a cómo se maneja la economía: el dogma de la superioridad de la propiedad estatal sobre la privada y el de la superioridad de la centralización burocrática como una forma más racional que la del mecanismo de mercado para organizar la distribución de recursos.

Quien quiera encontrar una cura, tendrá que deshacerse de ellos, ya que las probabilidades de éxito de todo lo que se haga después, dependerá de que estos dogmas sean reemplazados por otros que sean compatibles con el avance hacia la modernidad.

Estado sobredimensionado

Cualquier neófito con "Economía 101" sabe que la manía de estatizar produce ineficiencia productiva, mala calidad de los productos y servicios, baja productividad, inflación de nóminas, pésima administración empresarial, insuficiente crecimiento de los salarios y de su poder adquisitivo, mínima capacidad de la industria y el comercio para generar valor agregado, y constante dependencia del subsidio exterior. Lo anterior, como el perro que se muerde su propio rabo, tiende a perpetuar y agravar la crisis estructural a medida que la economía se hace cada vez menos autosostenible.

No obstante, el totalitarismo cubano nacionalizó y estatizó en un momento en que existía una fiebre internacional en ese sentido. Se creía que el control de los sectores estratégicos de la economía era conducente a la creación de una economía planificada mucho más racional y menos propensa a los vaivenes del ciclo económico que una economía de mercado con un sector privado predominante. Lo anterior ocurrió en Gran Bretaña e India, no sólo en la URSS y el campo socialista, en parte por el éxito del keynesianismo en Occidente para disminuir los vaivenes del ciclo económico y gracias a los avances en la ciencia matemática y la estadística económica, que hicieron posible la planificación centralizada indirecta o indicativa en los primeros, y directa en los segundos.

La diferencia entre unos y otros procesos de nacionalización, consiste en que casi todos los gobiernos que nacionalizaron y estatizaron las "alturas dominantes" o sectores estratégicos de sus economías, como el energético y el de las comunicaciones, se fueron desprendiendo poco a poco del lastre financiero causado por la conversión del Estado en dueño y administrador de unas empresas que, en su gran mayoría, devinieron ineficientes y muy mal administradas por gerentes enchufados, como sanguijuelas causantes de déficit al presupuesto estatal.

Mientras que el totalitarismo cubano, que fue mucho más lejos en su afán de estatizar (cometió el gran error de echarse encima todo el sector productivo y de servicios durante la ofensiva revolucionaria de 1968), sólo ha permitido la inversión extranjera minoritaria en algunos sectores claves, como el turismo y el níquel. Retiene su posición dominante en la mayoría de los sectores y se opone, al mismo tiempo, a que los potenciales empresarios cubanos puedan ser dueños de sus propias empresas.

De ahí que aún será muy largo el camino por recorrer en el proceso de reestructuración y contracción del papel del Estado en la economía, una vez que La Habana rectifique su error y comience a privatizar, ya sea con este gobierno o con el que venga después de la transición. Lamentablemente, los cubanos somos unas de las pocas víctimas que quedan de esa gran primera ola mundial de estatización, que ahora renace a menor escala con el llamado "socialismo del siglo XXI" y la nueva ola de nacionalizaciones en Venezuela y Bolivia.

Ignorando la evidencia

Lamentablemente, en su persistencia por mantener el dogma de la supremacía de la propiedad estatal sobre la privada, la élite totalitaria ignora la evidencia empírica que demuestra que, con muy raras excepciones, la inversión privada logra generar un mayor efecto multiplicador sobre el crecimiento del empleo, el ingreso y la demanda agregada, que cuando la misma inversión tiene lugar bajo la administración del sector estatal. Esa diferencia de resultados, justifica, sin la necesidad de otros argumentos, la transferencia de todas las actividades productivas y gran parte de los servicios al sector privado.

La gran ventaja de la eficiencia de la inversión privada implica que la salida a la crisis estructural tiene que pasar por la redefinición del papel del Estado en la economía, ya que ello ayudaría a disminuir el lastre financiero y aumentaría la base impositiva.

Para recuperarse de sus padecimientos estructurales, la economía nacional necesita un Estado redimensionado y concentrado en funciones como la defensa del interés nacional y el orden público, uno que retenga su capacidad de control mediante la política fiscal y monetaria, pero sin compromiso alguno en la producción de bienes y servicios, ya que la propiedad estatal en casi todas sus modalidades constituye un freno al crecimiento y una fuente de despilfarro de recursos hasta en las economías más avanzadas.

Por ejemplo, algunos gobiernos locales en Estados Unidos, tras el traspaso de casi todas sus actividades al sector privado, han logrado mejorar la calidad de sus servicios a un menor costo y la disminución de la carga fiscal sobre los ciudadanos, sin afectar el grado de la cobertura de los mismos. En realidad, existen muy pocas actividades y funciones que no pueda hacer el sector privado de forma más eficiente y a un menor costo que el sector público. ¿Se imaginan cuán grande es la oportunidad de mejoría para una economía como la cubana, donde el gobierno controla desde la recogida de basura hasta la distribución del pan?

En fin, para estimular la oferta de bienes y servicios y mejorar su calidad, la economía nacional necesita un reordenamiento de las relaciones de propiedad a favor de otras modalidades, ya sea privada o de cooperativas con verdadera autonomía de gestión. Esto tendría un estímulo muy positivo sobre la productividad, la capacidad para generar valor agregado, los estímulos al trabajo, a favor del sector formal y en la disminución de la escasez y la corrupción concomitantes, ya que la libertad de agencia ocupa el meollo de la problemática en cualquier economía, mucho más cuando, como en Cuba, se suprime esa libertad.

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