Actualizado: 29/04/2024 2:09
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Represión

Penas de hasta dos años de cárcel para cinco disidentes detenidos en 2005

Los cinco condenados fueron acusados de 'desorden publico' por participar en actividades de conmemoración del hundimiento del remolcador 13 de Marzo.

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Cinco opositores cubanos detenidos el 13 de julio de 2005 fueron condenados este martes a penas hasta de dos años de prisión, bajo cargos de "desorden público", reportó la AFP.

Roberto Jesús Guerra Pérez, periodista independiente de 28 años, fue condenado a un año y 10 meses, mientras que al secretario general del ilegal Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, René Montes de Oca (43), le fueron impuestos dos años, informó la Asamblea para Promover la Sociedad Civil (APSC).

Emilio Leyva Pérez (42), Manuel Pérez Soria (54) y Lázaro Alonso Román (32), fueron condenados también a dos años bajo el mismo cargo, según Elizardo Sánchez Santacruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).

En el momento de su arresto, los cinco condenados participaron en actividades conmemorativas del hundimiento del remolcador 13 de Marzo por parte de embarcaciones del gobierno, el 13 de Julio de 1994.

En el hecho murieron unas 40 personas que intentaban escapar de la Isla hacia Estados Unidos. Entre los fallecidos había varios niños. El gobierno afirma que las muertes fueron accidentales, pero la oposición y sobrevivientes de la tragedia aseguran que ocurrió de manera provocada.

Estas condenas "muestran la posición inflexible del gobierno de Cuba, pues los acusados son completamente inocentes", dijo Sánchez Santacruz a la AFP.

Señaló que la entidad que preside, la CCDHRN tiene "testimonios que prueban que el desorden (en los actos de conmemoración de 2005) lo provocó el gobierno valiéndose de elementos parapoliciales, que provocaron a los disidentes".

Sánchez expresó "frustración" por las condenas, pues se esperaba la liberación de esos arrestados o su condena a un lapso de tiempo coincidente con el que ya han permanecido detenidos.

Explicó que, al parecer, con esos juicios el gobierno quiere terminar con una serie de casos pendientes, de los cuales quedan aún una docena en las prisiones.