Demagogia e inmigración
¿Es justo incrementar las medidas que afectan a los cubanos de la Isla y al mismo tiempo cerrarles las vías de escape?
La Habana y Washington están ofreciendo diversas respuestas frente al auge de la inmigración en Cuba. Coinciden en unas y disienten en otras, pero ambos gobiernos recurren a una doble moral frente a un drama humano.
La Casa Blanca afirma que este aumento obedece a la falta de libertad y a la crisis económica y social reinante en la Isla. En la Plaza de la Revolución, lo ven como el resultado de la "asesina" Ley de Ajuste Cubano.
La administración del presidente norteamericano George W. Bush apela a la demagogia y afirma que está dando los pasos necesarios para ayudar a los cubanos, con el fin de acelerar la transición hacia la democracia. El régimen de Fidel Castro recurre al socorrido expediente de culpar a otros de sus problemas.
En lo que están de acuerdo ambos gobernantes es en considerar que todos (Castro) o muchos (Bush) de los que abandonan la Isla lo hacen por motivos económicos y no políticos, mientras que los refugiados se empecinan en no creer en las promesas de uno o del otro. Dos países tan disímiles unidos por un problema común: miles de desesperados en busca de un destino mejor.
Queda una zona gris que amenaza la larga luna de miel entre el gobierno norteamericano y buena parte de la comunidad exiliada: la política de "pies secos, pies mojados", la cual obliga a los cubanos a tocar suelo norteamericano para obtener asilo. Es precisamente esta política la que Castro aprovecha para explotar las incongruencias de una medida que favorece el contrabando humano, aumenta los riesgos y, en Miami, acentúa las diferencias de percepción y actitud hacia los que huyen de la Isla.
Los balseros del puente
La repatriación de un grupo de quince inmigrantes que llegaron a un puente semiderruido, en una época parte de la línea de ferrocarril entre Miami y los Cayos de la Florida, ha puesto de nuevo en evidencia lo inadecuado del proceso. Pero más allá de lo injusto de la devolución —el estado de abandono del puente no lo excluye de formar parte del territorio norteamericano: no es una "tierra de nadie", imposible apoderarse de los pedazos de armazón en ruina y venderlos como chatarra o declararlos la "República Independiente del Puente"—, la falta de sensibilidad y la indiferencia del gobierno norteamericano es lo que ha indignado a muchos aquí.
Este sentimiento debe extenderse a denunciar la doble moral de Bush y sus seguidores en la radio de esta ciudad, quienes practican la maldad de denunciar a un régimen y al mismo tiempo adoptan una actitud selectiva a la hora de considerar a sus víctimas.
El gobierno de Bush ha preferido dejar inalterables las normas que rigen la política hacia Cuba en los dos puntos claves establecidos por la última administración demócrata. El primero afecta las relaciones comerciales de esta nación con otros países: renovar cada seis meses la prórroga de la puesta en práctica del título III de la Ley Helms-Burton.
El segundo guarda relación con un mayor control de las fronteras, una política migratoria menos amplia y una tendencia creciente a cerrar el país —aspectos en los que se combinan los puntos de vista del Partido Republicano con un cambio de actitud nacional, luego de los ataques terroristas del 9/11—, pero también con el temor siempre presente a un éxodo masivo desde la Isla. En este sentido, la administración ha preferido mantener la política migratoria respecto a Cuba establecida por el ex presidente Bill Clinton.
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