Demagogia e inmigración

La condición de exiliado

La Ley de Ajuste Cubano —promulgada en 1966, durante la presidencia del demócrata Lyndon Johnson— se fundamenta en que los cubanos no pueden ser deportados, ya que el gobierno de La Habana no los admite, que en cualquier caso estarían sujetos a la persecución y que en la Isla no existe un gobierno democrático.

La abolición de esta ley es el reclamo preferido y constante de los funcionarios cubanos, durante las diversas reuniones migratorias llevadas a cabo entre Washington y La Habana. Clinton logró darle un rodeo a la ley, con la infame política de "pies secos, pies mojados" y el acuerdo con Castro de que los inmigrantes devueltos no serían perseguidos y podían regresar a sus casas.

Cuando en julio de 2004 se promulgaron las medidas que limitan los viajes familiares y las remesas a la Isla, salió a relucir el argumento de que quienes van a Cuba lo hacen fundamentalmente por motivos económicos, de que en los últimos años Miami se ha llenado de inmigrantes económicos, que sólo se interesan por llenar su barriga y la de sus familiares.

En apoyo a las restricciones, los propios miembros de la comunidad exiliada que las defienden a ultranza, recurrieron al argumento de negarles a la mayoría de los cubanos llegados en los últimos años la categoría de perseguidos políticos.

El error de esta discriminación radica en trasladar al sujeto que abandona el país, la responsabilidad por las razones que lo llevaron a irse: confundir la causa con el efecto. No importa la fecha de llegada, el tener un "glorioso pasado" como miembro de la anterior dictadura —la batistiana— o el mostrar o no un arrepentimiento real o fingido por un historial nada despreciable en favor del marxismo-leninismo. La categoría de exiliado político la "otorga" Fidel Castro.

Lo viene haciendo desde hace muchos años. Se la ha "conferido" a todo aquel que ha dejado la Isla, con independencia de motivos, voluntad y aspiraciones. Estados Unidos reconoce esa categoría y ha sido generoso, como ninguno, con los cubanos. La nación norteamericana. No un gobierno específico, republicano o demócrata.

Algunos mandatarios se han distinguido por una política migratoria más flexible, pero el hecho de acoger a los perseguidos políticos es un principio fundamental del sistema estadounidense, que el Estado cumple.

Conquistas del exilio

Si lo hace "de forma legal", quien abandona Cuba tiene que firmar un documento, que es un "permiso de salida definitiva del país". Esto quiere decir que no puede volver a vivir en la Isla, que se ve privado de sus derechos como ciudadano y que no se le permite colocar un candado a la puerta de su vivienda para, si en el día de mañana le va mal en el extranjero, regresar a la patria.

Igual ocurre si se va "de forma ilegal". El castigo puede ser mayor: le retienen la familia, no lo dejan volver a visitarlos. Hay algo que nos une a todos los que partimos de Cuba y nos diferencia del resto de los inmigrantes: no podemos —poco importa el deseo de hacerlo o no— establecernos de nuevo, de forma legal y permanente, en el país en que nacimos.

No es un problema de ciudadanías adquiridas, es un derecho de nacimiento. Castro entrega el permiso para irse definitivamente. Hasta ahora, no le ha dado "permiso" a ningún ciudadano común y corriente para regresar definitivamente.

Quienes por vocación o interés manifestaron su apoyo por las nuevas limitaciones, olvidaron que la política de reunificación familiar, los viajes a Cuba, el aumento de las comunicaciones e incluso las remesas familiares, son conquistas del exilio. Los que favorecieron restringir estos logros entraron por conveniencia en un juego que sólo ha rendido supuestos dividendos electorales.

Ya se ha comprobado que ningún resultado han tenido estas normas en cuanto a disminuir la capacidad de acción o el poderío del régimen castrista. Si se mantienen vigentes es porque un poderoso grupo en esta ciudad las considera como un ejercicio particular de dominación, no por su efectividad.

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