El presidente Barack Obama firmó un decreto para el cierre del centro de detención de la Base Naval de Guantánamo en los próximos cien días y, al respecto, el relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Leandro Despouy, y el relator especial sobre tortura y otras conductas y castigos crueles, inhumanos y degradantes, Manfred Nowak, han dicho: "Quienes hayan perpetrado, tolerado o consentido tortura en Guantánamo, deben ser llevados ante la justicia, incluyendo los más altos mandos militares y políticos".

Este 5 de febrero, La Habana presentará, ante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, su informe de cómo se respetan esos derechos en Cuba. Al examinar a los Estados en esa prueba, el mecanismo de averiguación de la ONU tiene en cuenta, además de los informes presentados por los gobiernos, la compilación preparada por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en la que se incluyen informaciones enviadas por organizaciones de la sociedad civil.

El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que "más de 200 organizaciones no gubernamentales cubanas" enviaron sus informes a la Oficina de la Alta Comisionada avalando el respeto de los derechos humanos en la Isla. Pero, según el Artículo 5 de la Constitución de la República, el Partido Comunista es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, y, por esa razón, primero de facto y luego de jure, a lo que en Cuba se llama organizaciones no gubernamentales no son sino dependencias del gobierno, que entre otras funciones, fueron concebidas para ejercitar su política segregacionista.

De tal suerte, los llamados Comités de Defensa de la Revolución (CDR), a los efectos del gobierno una ONG, en realidad son una organización de vigilancia, de la que se valen los cuerpos represivos para espiar a los ciudadanos barrio a barrio, de un extremo a otro del país. Y, como si el seguimiento físico de las personas no fuera suficiente, otra organización, supuestamente no gubernamental y de libres pensadores, se encarga de ejecutar la política cultural estatal. Así, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) rige sus estatutos por el papel dirigente del Partido Comunista, valga decir, por la voluntad que gobierna hace 50 años.

Se sabe que después de la familia, la primera unidad social es el municipio, y, si entendemos por sociedad civil la unión de todos los habitantes de un mismo territorio bajo leyes civiles comunes, relativas a la familia, la propiedad, las obligaciones, costumbres y el régimen municipal, se comprenderá por qué es un sofisma creer que en Cuba existen organizaciones no gubernamentales a través de las que pueda ejercitarse la sociedad civil. Y mucho menos que tales cofradías puedan informar sobre derechos humanos cuando ellas mismas, de forma abierta o encubierta, son encargadas de conculcarlos.

No es un secreto que el gobierno imperante en Cuba desde hace medio siglo maneja la "sociedad civil" a su conveniencia, y para ello utiliza desde la manipulación sicológica de las multitudes hasta la nocturnidad del paredón de fusilamiento. Y aunque huelga citar ejemplos archiconocidos, es útil clarificar el colmo del cinismo.

El 'gran Guantánamo'

Mientras este 28 de enero, en La Habana, el ministro de Relaciones Exteriores Felipe Pérez afirmaba que con la "conciencia limpia" su gobierno se apresta a informar ante el Examen Periódico Universal y anunciaba al propio tiempo la próxima ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Personas contra las Desapariciones Forzadas, en Las Tunas, a sólo unos minutos de vuelo del ministro Pérez, el teniente coronel de la policía política Ramón Cruz Bermúdez interceptaba al ciudadano Miguel Martorell Quiñones cuando se disponía a viajar a La Habana.

Martorell es integrante de un sindicato de trabajadores independientes. Lo condujeron a una casa en las afueras de la ciudad y, durante horas, lo sometieron a interrogatorios sobre sus actividades cívicas, impidiéndole continuar viaje a la capital del país y despojándolo de su teléfono móvil antes de liberarlo en una zona apartada.

El presidente Barack Obama también firmó otro decreto en el que ordena a la Agencia Central de Inteligencia clausurar sus centros secretos de detención. Cabe preguntarse, ya que en Brasil habló de "gestos por gestos": ¿Ordenará el general Raúl Castro a la Seguridad del Estado cesar las detenciones y ocupaciones ilegales? ¿Ordenará el general que no prosigan los tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles? ¿Dispondrá la liberación de los presos políticos? ¿Dará luz verde al libre mercado para que en la sociedad cubana no tengan lugar figuras delictivas como el hurto y el sacrificio de ganado mayor?

"Cuba extenderá próximamente una invitación al relator especial contra la tortura", dijo también en su conferencia el señor Pérez, soslayando decir el cargo completo de Manfred Nowak, que incluye la relatoría de otras conductas y castigos crueles, inhumanos y degradantes, y no sólo la tortura física.

Luego, es de esperar que tanto los relatores Nowak y Despouy, como el Mecanismo de Revisión Periódica del Consejo de Derechos Humanos, comprendan que en Cuba no sólo deben ser llevados ante la justicia quienes han perpetrado, tolerado o consentido violaciones de derechos humanos en el territorio de Guantánamo bajo administración estadounidense, sino también a todo lo largo y ancho de la Isla, incluyendo los más altos mandos militares y políticos cubanos.

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