Raúl Castro, al clausurar el VII Período de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular el 1 de agosto anunció cambios en la política migratoria. Fue conciso, pero claro, por lo que no cabía la interpretación de que la flexibilización implicará fundamentalmente eliminar los permisos de salida a los cubanos. Erradicar la llamada “tarjeta blanca” parece un empeño imposible dentro de un estado totalitario. Sin embargo, sus palabras tienen importancia para la posible participación de los cubanos residentes en el extranjero dentro la sociedad nacional.

No es la primera vez que autoridades cubanas dan señales de cambiar la prohibición que viola el Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, referido a la salida y regreso al país propio. En 1989-1991 hubo expresiones al respecto hacia el exterior; Carlos Aldana, miembro del Buro Político y el Secretariado, en una entrevista a la revista española Cambio 16 dio por sentado que pronto habría una legislación permitiendo el libre movimiento. Eso fue tan defenestrado como el mismo dirigente.

Pero ahora sí es la primera ocasión en que la máxima autoridad aborda el asunto para conocimiento de la población, con detalles que no dejan mucho margen a las ilusiones de que la apertura a los cubanos será muy limitada, posiblemente solo algunas variaciones en el férreo control existente para propiciar la reunificación familiar o casos de enfermedad y otros muy puntuales. Al respecto señaló: “Como es lógico, la flexibilización de la política migratoria tendrá en cuenta el derecho del Estado revolucionario a defenderse de los planes injerencistas y subversivos del gobierno norteamericano y sus aliados y al propio tiempo, se incluirán contramedidas razonables para preservar el capital humano creado por la Revolución frente al robo de talentos que aplican los poderosos”.

De las palabras del Presidente se desprende que cualquier signo de opiniones diferentes, englobadas en el acusatorio sustantivo “contrarrevolución”, continuarán utilizándose para procurar reprimir y mantener callados los criterios propios, e imponer la tranquilidad ciudadana a la espera de recibir el ansiado permiso de salida, que lamentablemente los cubanos, sobre todo los jóvenes, encuentran como única “salida” a la falta de oportunidades y futuro en nuestro país. También continuarían las prolongadas esperas de los especialistas, que si tuvieran otras condiciones podrían viajar al exterior para ampliar sus conocimientos o mejorar sus condiciones económicas y regresar a abrir sus consultas médicas, escuelas y otras actividades privadas, así como contribuir con instituciones universitarias, de investigación, industrias, cultura y deportes.

No obstante, parece que la crisis general existente en Cuba, y las inmensas dificultades del partido-gobierno para despertar la economía, urgentemente requerida de producción, pero también de inversiones, está propiciando abrir puertecitas en la “fortaleza auto-sitiada”. El General expresó: “Nos encontramos trabajando para instrumentar la actualización de la política migratoria vigente, en función de lo cual se ha venido avanzando en la reformulación y elaboración de un conjunto de normativas reguladoras en esta esfera, ajustándolas a las condiciones del presente y el futuro previsible. Damos este paso como contribución al incremento de los vínculos de la nación con la comunidad de emigrantes, cuya composición ha variado radicalmente con relación a las décadas iniciales de la Revolución… Hoy los emigrantes cubanos en su aplastante mayoría lo son por razones económicas… Lo cierto es que casi todos preservan su amor por la familia y la patria que los vio nacer y manifiestan de diferentes formas solidaridad hacia sus compatriotas”.

El énfasis en el cambio en la estructura de la emigración parece responder a la necesidad de justificar los pasos que se darán, despolitizando las motivaciones de salida de unos 2 millones de cubanos y como soporte a las posibilidades de inversión dentro del país, ya sea a través de empresas mixtas con el Gobierno, créditos a particulares o con permisos a los familiares para utilizar las remesas en el fomento del cuentapropismo, que pudiera implicar la creación de pequeñas y medianas empresas (PYMES). Diversas modalidades se han utilizado por países con emigrantes y contribuido a impulsar las economías de los actuales países emergentes y otros, conjuntamente con sacar de la pobreza y convertir en emprendedores ciudadanos a millones de personas.

Indudablemente, no basta con las promesas del Gobierno cubano, sino que tiene que ofrecer garantías, mediante una legislación, que contemple igualmente los derechos de los nacionales para invertir en negocios privados. Esto implica no solo leyes específicas, sino cambios en la Constitución. Si bien el Presidente lleva a recordar ejercicios esporádicos en las diversas décadas de esta revolución dilatada, como los diversos diálogos y encuentros de “La Nación y la Emigración”, fundamentalmente con residentes en Estados Unidos, ahora en Cuba se vive una etapa muy compleja y la situación económica es muy agónica.

Este podría ser el inicio del encuentro real entre los cubanos, que repercuta paulatinamente en el levantamiento de las “prohibiciones absurdas” a los encerrados en el gran caimán. Habrá que recibir con cautela la nueva política migratoria, pero con la esperanza de que Cuba no siga siendo destruida y empujada a la involución. Tenemos derechos todos a ser ciudadanos activos del Siglo XXI.

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