Dos de los cinco hijos del ex dictador Augusto Pinochet, Lucía y Marco Antonio, procesados por malversación de 8,2 millones de dólares, se declararon este lunes "presos políticos" y afirmaron que analizan acudir a tribunales internacionales, informó la AP.

La viuda de Pinochet, sus cinco hijos y otras 17 personas, incluidos seis generales jubilados y dos coroneles activos, fueron procesados el jueves pasado por el juez Carlos Cerda, por malversación de 8,2 millones de dólares provenientes, presumiblemente, de gastos reservados del gobierno, cuando el general detentaba el poder.

El juicio a Pinochet por malversación, iniciado en el 2004, se cerró para él tras su muerte en diciembre, pero siguió abierto para su familia y su entorno.

Las tres hijas mujeres de Pinochet y los dos hombres, fueron detenidos y enviados a cárceles comunes, y los militares quedaron al interior de un regimiento del ejército. La viuda y un general se internaron en un hospital militar tras conocer el encausamiento.

"Estábamos aisladas, cuando llegamos (a la cárcel) no había nada, no teníamos lo mínimo. En el baño no había jabón ni confort (papel higiénico), ni frazadas, nada", dijo Lucía el domingo a la televisión.

Lucía, Verónica y Jacqueline pasaron dos noches en celdas aisladas del resto de las mujeres del Centro de Orientación Femenina. Sus hermanos Augusto y Marco Antonio compartieron celda en un penal masculino. Todos quedaron en libertad el sábado, al igual que los militares.

"Fui capturado violentamente, como un delincuente, a punta de pistola y obligado a subir a un vehículo policial", dijo Marco Antonio a un telenoticiero.

"Nosotros fuimos presos políticos. A Marco Antonio no podían haberlo tomado detenido. A mí nunca me ha interrogado el juez", afirmó Lucía.

"Con los abogados hemos visto la posibilidad de ir a una corte internacional, algo más justo, porque la verdad es que con jueces que además reciben premios por perseguirnos y son aplaudidos internacionalmente por hacer esto, es casi como que reciben sobornos para que nos persigan, nos encarcelen y sigan con esto", declaró Marco Antonio.

El clan Pinochet culpa al juez Cerda de buscar figuración con sus procesamientos. Cerda recibirá en Washington este miércoles un premio de la Fundación Grubert.

En plena dictadura, Cerda fue sancionado y suspendido un par de meses de sus funciones por negarse a cerrar un juicio contra 40 miembros de la fuerza aérea por violaciones de derechos humanos.

Los Pinochet también responsabilizaron al gobierno de impulsar su enjuiciamiento.

La presidenta, Michelle Bachelet, reiteró que existe independencia de poderes y el portavoz, ministro Ricardo Lagos, rebatió la calificación de presos políticos que se adjudicaron los Pinochet.

"Aquéllos que se hacen llamar presos políticos y perseguidos políticos" han tenido un juicio con un ministro que todos conocen, pudieron apelar a sus dictámenes y han tenido gran despliegue de prensa, dijo Lagos.

"Es bastante más de lo que tuvieron muchos miles de chilenos durante la larga noche que vivió Chile durante el gobierno de Pinochet", agregó el portavoz, en alusión a los miles de opositores que murieron por causas políticas, entre ellos, 1.200 desaparecidos.

Los tribunales de justicia analizarán esta semana los recursos judiciales que buscan anular los procesos contra los cercanos al fallecido dictador.

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