El gobierno crea otro instrumento para perseguir las construcciones ilegales
La resolución 256/09, del Instituto Nacional de Vivienda, establece que quien construya sin licencia se arriesga al 'decomiso de medios y recursos utilizados' y la 'pérdida de lo construido'.
El gobierno emitió una normativa que sanciona las construcciones ilegales en la Isla, una actividad muy sensible debido a que, por el déficit habitacional y el deterioro de las edificaciones, los cubanos tiene que ingeniárselas para acomodar a sus familias bajo un techo, informó la AP.
La resolución 256/09 del Instituto Nacional de Vivienda, aprobada el 15 de septiembre pero publicada el miércoles en la Gaceta Oficial, faculta a los directores municipales de la vivienda para "detectar las acciones constructivas que se ejecuten ilícitamente... recibir, procesar... las ilegalidades dadas en torno a la vivienda".
La medida contempla que los inspectores pueden "disponer la paralización inmediata de las obras", pero también la persona que realice obras de construcción sin la debida licencia se arriesga al "decomiso de medios y recursos utilizados" o la "pérdida de lo construido".
El objetivo es "organizar, unificar criterios y paralizar las indisciplinas", dijo a la AP Jardines Lugo, asesor jurídico de la Vivienda en el municipio Playa, en la capital.
Lugo explicó que la nueva resolución "pone sobre el papel" una serie de regulaciones estipuladas por un decreto que data de febrero de 2001.
A veces sólo "se ponían multas", pero las construcciones seguían a pesar de las "irregularidades", afirmó.
El funcionario dijo que el gobierno puso en marcha un plan en el sector de la construcción que hará "más fácil para la gente obtener la licencia" para remodelar, reparar o hacer modificaciones a sus viviendas.
"El problema de la vivienda es uno de los más graves que hay y es cada vez peor", criticó Oscar Espinosa Chepe, economista disidente condenado a 20 años de cárcel en la primavera de 2003 y excarcelado con una licencia extrapenal por problemas de salud.
Espinosa consideró que la población tiene "más presión para resolver sus problemas de vivienda" y agregó que, con esta resolución, "es posible que existan más ilegalidades... más inspecciones, más oficiales recibiendo dinero u otros favores".
Una mujer de 77 años que se identificó como Milagros, sin dar su apellido por temor a represalias de las autoridades, y cuya vivienda en el municipio de Playa está siendo reparada, dijo no temer ser sancionada por cometer supuestas "ilegalidades".
"Esta es mi casa, vivo aquí desde hace 71 años y la estoy arreglando, no necesito permiso de nadie" exclamó molesta.
En casa de Milagros viven siete personas. Sus dos hijos trabajan, pero la anciana explicó que "resuelve" los materiales "con la ayuda económica que me manda mi familia del extranjero, porque con el salario que reciben mis hijos no alcanza para nada".
La Isla fue golpeada en 2008 por tres huracanes que causaron millonarias pérdidas a la economía, incluyendo serios daños a las viviendas, que su sumaron a décadas de abandono y falta de reparaciones.
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