GAESA saqueó a la seguridad sanitaria cubana 69,8 mil millones de dólares

El Observatorio Cubano de Auditoría Social (OCAC) en su informe Cuba: el saqueo de GAESA a la seguridad sanitaria acusa a la nueva oligarquía cubana de haberse apropiado como mínimo de 69,8 mil millones de dólares ($69.866.399.679), de los salarios de los médicos en las brigadas internacionales, que nunca fueron invertidos en el sistema de salud nacional como había anunciado el gobierno cubano.

Entre las recomendaciones del informe, OCAC exige que GAESA (incluido el Banco Financiero Internacional bajo su control), el Ministerio de Salud Pública y las empresas encargadas de la exportación de servicios médicos, abran sus libros a escrutinio fiscal y público y procedan de inmediato al reintegro al sistema de seguridad sanitario de los fondos saqueados entre 2009 y 2022.

GAESA, el holding de la nueva oligarquía cubana, haciendo uso del Banco Financiero Internacional, no solo robó a los médicos, robó a la nación, con lo cual impulsó el desmantelamiento del sistema de salud pública.

Al enfrentar las primeras acusaciones de trabajo forzoso en ese sector, en violación del derecho internacional, el gobierno cubano alegó que los salarios confiscados a las brigadas médicas serían reinvertidos en el sistema de salud pública nacional. Pero ello nunca ocurrió. Las estadísticas anuales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba reflejan una aguda disparidad entre los ingresos que se reconoce aportados por las brigadas y el monto de inversiones dedicadas a salud pública. El informe confirma que, en los últimos 13 años, se invirtió 13 veces más en la construcción de nuevos hoteles que en el sector de la salud.

Por seguridad sanitaria de un país se entiende la suma de varios factores entre los que destacan el estado y accesibilidad universal a los servicios médicos, fármacos y servicios de salubridad (alcantarillado, tratamiento de aguas negras, acceso a agua potable, eliminación de vectores propagadores de enfermedades, recogida de basura y desechos, entre otros). En todos esos renglones la seguridad sanitaria en Cuba está en caída libre.

Según cifras oficiales, en Cuba el número de hospitales decreció entre 2007 al 2018 un 32 %. (todos los rurales fueron cerrados a partir de 2011) los policlínicos en un 9 %, mientras que todos los puestos médicos rurales y urbanos cerraron a partir de 2010. El país pasó de tener un total de 312.406 empleados como personal facultativo en el año 2021, a 281.098 en 2022. El personal de salud descendió en 31.308 menos en solo 12 meses, de 2021-2022. Esa categoría incluye técnicos superiores, medios y básicos, tecnólogos y otros licenciados de la Salud.

La falta de medicamentos básicos se ha duplicado este año con relación al año 2020. De 84 medicamentos faltantes en 2020, en 2023 la cifra llegó a 172. Una encuesta realizada en agosto de 2022 por el sitio independiente de información y estadísticas Cubadata, arrojó que el 46,7 % de los encuestados consideraba muy difícil conseguir medicinas en el país. Durante el mes de septiembre miembros de OCAC realizaron visitas a farmacias en 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Se recopiló información sobre la falta de medicamentos que son expedidos por tarjeta de control (tarjetón) por tratarse de medicinas para condiciones crónicas, y los de primera prioridad. En todas las provincias se detectaron falta de medicamentos como analgésicos, antibióticos, antihipertensivos, antiparasitarios, antiinflamatorios, ansiolíticos y antidepresivos.

Un tratamiento mensual para enfermedades crónicas que solo puede adquirirse en el mercado negro puede equivaler a más del 200 % de la pensión mínima. Por ejemplo, Enapranil, para la presión arterial elevada y Amitriptilina para la depresión pueden llegar a costar 3.600 CUP que representa el 236 % de la pensión mínima de 1.528 CUP.

La seguridad sanitaria tiene hoy dos estamentos: los que tienen familiares en la diáspora o acceso a dólares, y los que dependen de ingresos en moneda nacional. Los hospitales también carecen de insumos básicos y equipamiento para diagnóstico y atención a pacientes, así como para mantener la limpieza y esterilidad de las instalaciones. Son los familiares los encargados de conseguir los insumos para cualquier procedimiento en el mercado negro.

Al evaluar el impacto de las sanciones económicas unilaterales en diversos países, la Relatora Especial de la ONU ha afirmado que el deterioro del sistema de salud pública en Cuba se debe a ese factor externo, ajeno a la voluntad del gobierno cubano. OCAC considera esa apreciación errada. La causa real de la crisis en el sistema sanitario cubano es de naturaleza endógena y sistémica: el abandono deliberado de las responsabilidades constitucionales del Estado con las necesidades básicas de la población. Un dato adicional: el embargo no impide la adquisición de equipos de salud y medicinas en Estados Unidos.

¿A dónde fueron a parar los 69,8 mil millones de dólares? ¿Cómo saberlo si GAESA no es auditada por el Estado cubano? Las muertes acumuladas por la ausencia de fármacos para controlar enfermedades crónicas, así como de equipos e insumos para poder garantizar terapias e intervenciones quirúrgicas exitosas, son responsabilidad inescapable de quienes tomaron deliberadamente la decisión de abandonar el compromiso del Estado con el sistema de salud y apropiarse de los recursos que los médicos generan en el exterior.

En conclusión: La actual inseguridad sanitaria de la población es el resultado de decisiones deliberadas emanadas de la oligarquía cubana que controla GAESA y al gobierno de Miguel Díaz-Canel. No puede ser justificada a partir de factores externos como las sanciones estadounidenses, o fortuitos como una pandemia.

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Acerca del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC)

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