La fiscalía dicta prisión preventiva para 11 opositores en Santiago de Cuba

La fiscalía de Santiago de Cuba ha dictado prisión cautelar para once opositores detenidos hace semanas en Santiago de Cuba, quienes permanecen en unidades policiales y en cárceles de la provincia, informaron fuentes de la disidencia a CUBAENCUENTRO.

Los acusados son Yelena Garcés, quien fue trasladada el pasado lunes a la prisión de mujeres de Mar Verde, José Batista, Reinaldo Rodríguez, Héctor Félix Labrada, Bismar Mustelier Galán, Miguel Rafael Cabrera Montoya, Alexeis Aguilsabal Rodríguez, José Enrique Martínez Ferrer, Alexis Kuan, Yosvani García Ruchindo y Víctor Campa Almenares.

Garcés, Batista, Rodríguez y Labrada han sido acusados “de atentado y desórdenes públicos”, de acuerdo el auto de medida cautelar firmado el 15 de septiembre por la fiscal provincial de Santiago de Cuba, Olga Virgen Despaigne Corrioso, informó a CUBAENCUENTRO el ex preso político José Daniel Ferrer García.

Estos cuatro activistas fueron arrestados el pasado 8 de septiembre por supuestas amenazas a la señora Marianela Venero Villariño, que, según Ferrer García, pasó frente a la casa de Yelena Garcés “profiriendo insultos”.

“Los opositores respondieron con consignas contra el Gobierno, sin ofensas ni ataques personales. La Policía llegó inmediatamente y se llevaron detenidos a los cuatro activistas”, dijo entonces el coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

De acuerdo con el opositor, la señora Venero Villariño había sido entrevistada días en la televisión estatal, donde justificó el asalto de tropas antimotines a la vivienda de Antomarchit Rivero.

Citado por Ferrer García, el auto de medida cautelar dictado contra los cuatro activistas indica que Yelena Garcés, “aproximadamente a las 12:25 horas interceptó a la ciudadana Marianela Venero Villariño, cuando la misma caminaba por la calle Carril, esquina a Paquito Borrero, La Ceiba, Palma Soriano”.

De acuerdo con el documento, la reacción de Garcés fue en “represalia por las declaraciones” que Venero Villariño “ofreció de forma pública y voluntaria” a la prensa oficial “por los sucesos ocurridos en fecha 28 de agosto de 2011 en la ciudad de Palma Soriano por un grupo de ciudadanos opositores al régimen”.

Destaca el texto igualmente que Garcés se dirigió a Venero Villariño “en forma agresiva e intimidatoria, reclamándole, porque según su criterio (…) no había dicho la verdad sobre lo sucedido, realizando acciones encaminadas a que la misma sintiera temor por lo que en ese momento estaba sucediendo”.

El auto añade que “a dichas acciones se sumaron los igualmente acusados (…) opositores también el régimen, quienes aprovechando también la situación comenzaron a gritar ‘Abajo Fidel’, ‘Abajo Raúl’, ‘Abajo la Revolución’ y otras frases en contra del proceso, logrando con esto que se aglomeraran otras personas, alterando así el orden público”.

Ferrer García subraya que el documento reconoce que los activistas son opositores al régimen, pero apunta imprecisiones en el texto. “Ellos realmente no dijeron ‘Abajo la Revolución’, porque ese término no existe para nosotros, sino ‘Abajo la dictadura”, afirmó.

Por otro lado, según el ex preso político, la que fue a “provocar y a ofender” a Yelena Garcés fue Venero Villariño, sin embargo, “en el auto se invierten los términos”.

“La dirección donde ocurrió el incidente y donde vive Yelena viene siendo la misma, solo mueven una esquina, un pedacito de la calle, para entonces trasladar el escenario afuera de la vivienda y no tener que reconocer que esta señora es quien va a provocar a Yelena, y que los opositores no amenazaron a nadie”, explicó Ferrer García.

Añade el opositor que las autoridades tampoco “especifican qué tipo de amenaza profirió Yelena, lo que sí reconocen” son las consignas contra el gobierno proferidas por los opositores.

Por otra parte, también recibieron el auto de medida cautelar Mustelier Galán, Cabrera Montoya —esposo de Yelena Garcés—, Aguilsabal Rodríguez, Martínez Ferrer, Kuan, García Ruchindo y Campa Almenares, quines son acusados de “desórdenes públicos”, de acuerdo con el documento, firmado por la fiscal Despaigne Corrioso y fechado el 3 de septiembre.

Fuentes de la disidencia declararon que estos activistas se encontraban reunidos junto a otros opositores en la vivienda de Marino Antomarchit Rivero, en Palma Soriano, cuando tropas antimotines los asaltaron con gases lacrimógenos el pasado 28 de julio.

El auto de medida cautelar indica que los acusados “comenzaron a proferir frases en contra de la revolución y sus principales dirigentes, lo que provocó que en el lugar se congregara un gran número de ciudadanos hasta el punto de agredirse mutuamente con palos y piedras, necesitando de la enérgica intervención de las autoridades policiales para disolver la misma”.

De los nueve opositores que permanecen detenidos desde el pasado 28 de julio aún no han recibido oficialmente la orden de prisión cautelar Ángel Luis Campa Almenares, Andrés García Almenares y Pedro Campa Almenares.

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