Organización de derechos humanos mantiene en su “lista negra” a Cuba

Venezuela, Cuba, Colombia y Honduras siguen en la “lista negra” de los países de América que deben mejorar el respeto a los derechos humanos, mientras que Haití fue retirado por la “especial situación” que padece la nación desde el sismo de 2010, según el informe anual presentado hoy por la CIDH.

La presidenta de turno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la estadounidense Dinah Shelton, presentó como cada año el informe sobre derechos humanos para llamar la atención, en el denominado Capítulo IV, sobre aquellos Estados que deben mejorar en ese ámbito.

La CIDH, en lo referente a Cuba este año, valora la excarcelación durante el año pasado de 115 presos políticos, pero sigue pidiendo que se anulen a las víctimas de la Primavera Negra sus condenas.

Reitera que existe una “una situación permanente de trasgresión” de los derechos fundamentales de los cubanos en la Isla.

Urge al Estado cubano a adoptar las medidas necesarias para prevenir y erradicar los hostigamientos contra quienes ejercen el derecho de asociación y de reunión con fines humanitarios y sindicales y se dedican a la defensa de los derechos humanos.

Afirma, con relación a Haití, que antes del terremoto del 12 de enero de 2010, ese país “estaba dando algunas señales de progreso en determinadas áreas, como en derechos civiles y políticos y en materia de seguridad”.

Pero tras el terremoto, los desafíos no solamente se han acentuado sino que han surgido nuevas problemáticas en materia de vivienda, de seguridad, de violencia sexual y vejaciones contra las mujeres y niñas y el acceso a bienes y servicios básicos, sostiene.

Por ello, ha decidido incluirlo en un capítulo aparte, de seguimiento.

En cuanto a Venezuela, la CIDH recuerda su preocupación por el deterioro de la independencia e imparcialidad del poder judicial, por asesinatos de defensores de derechos, el uso abusivo de la fuerza pública para reprimir manifestaciones y el uso del sistema penal para obstaculizar la labor de los activistas.

Asegura, además, que durante 2010 continuaba la “tendencia preocupante” de represalias contra personas que disentían.

Dentro del capitulo de Venezuela, la CIDH dedica un extenso apartado a la libertad de expresión, en el que da cuenta de agresiones contra periodistas, procesos disciplinarios, administrativos y penales contra medios y periodistas, la prohibición de contenidos y de leyes restrictivas.

Considera que la Ley Habilitante, que concede poderes especiales al presidente durante 18 meses, es “incompatible” con la Convención Americana de Derechos Humanos.

Sobre Honduras, el organismo afirma que a partir del golpe de Estado de 2009, se produjeron violaciones que afectaron “gravemente” a los hondureños y que se han mantenido durante 2010.

La CIDH recibió información sobre asesinatos, hostigamientos y amenazas contra defensores, periodistas, profesores, sindicalistas y miembros de la resistencia y sobre persecuciones contra jueces, violaciones a la libertad de expresión, la impunidad de crímenes cometidos y la deficiente aplicación de medidas cautelares.

Expresa su preocupación por el decreto de amnistía y la presencia de militares o ex militares con denuncias puestos de dependencias públicas, y sostiene que los esfuerzos en el intento de normalización institucional “han sido insuficientes”.

Por último, la CIDH señala que Colombia aún enfrenta desafíos en materia de desarticulación de las estructuras armadas ilegales y de implementación del marco legal adoptado con el fin de juzgar los crímenes perpetrados durante el conflicto.

A la CIDH le siguen preocupando la comisión de ejecuciones extrajudiciales presuntamente por miembros de la Fuerza Pública y el escaso número de condenas por éstos hechos, la utilización de la jurisdicción penal militar para conocer casos de violaciones de derechos humanos y el incremento del número de desplazados internos.

Le inquieta la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas colombianos y de la población afrocolombiana, y pide que se prevenga el empleo indebido de mecanismos de inteligencia contra defensores, líderes sociales, periodistas, operadores de justicia, organismos y organizaciones internacionales.

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