Cómo la jueza Cannon está frenando uno de los casos penales más importantes contra Trump

La jueza Aileen Cannon no parece tener prisa.

Sobre el papel, ha programado que se inicie un juicio el próximo mes de mayo en el caso que acusa a Donald Trump de acaparar secretos de seguridad nacional en Mar-a-Lago.

En realidad, ha llevado el proceso previo al juicio a un ritmo pausado que hará que un aplazamiento sea casi inevitable, según expertos en procesos penales relacionados con información clasificada, informa Politico.

Retrasar el juicio de Trump hasta después de las elecciones de noviembre tendría una implicación trascendental: podría significar que el juicio nunca se llevará a cabo. Si Trump gana las elecciones y el caso aún está pendiente, se espera que ordene al Departamento de Justicia que lo cierre.

Incluso un retraso más corto sería complicado: retrasar el juicio hasta el verano o el otoño podría precipitarse hacia la Convención Nacional Republicana o el corazón de la campaña electoral general.

Por ahora, Cannon, una jueza de distrito federal en Florida designada por Trump, se apega oficialmente a la fecha del juicio del 20 de mayo que anunció hace cuatro meses. Incluso recientemente negó el intento de Trump de retrasarlo. Pero en una serie de fallos más técnicos, Cannon ha pospuesto plazos previos al juicio clave y ha añadido más flexibilidad al cronograma simplemente tomándose su tiempo para resolver algunos asuntos bastante sencillos.

“Podría verse como un intento sigiloso de retrasar la fecha definitiva del juicio sin anunciarlo todavía”, dijo Brian Greer, exabogado de la Agencia Central de Inteligencia.

“No hay prácticamente ninguna posibilidad de que puedan ir a juicio el 20 de mayo con el calendario actual”, añadió.

David Aaron, exfiscal de seguridad nacional del Departamento de Justicia, estuvo de acuerdo y dijo que es poco probable que se celebre un juicio el 20 de mayo “a menos que se imponga mucha disciplina”.

Retrasos tempranos en un caso complejo

El caso no es sencillo de gestionar para ningún juez. Trump está acusado de retener documentos clasificados en su propiedad de Florida después de que dejó la Casa Blanca y luego de impedir los esfuerzos del gobierno por recuperar los registros. Debido a que gran parte de la evidencia del caso es clasificada, una ley de 1980 conocida como Ley de Procedimientos de Información Clasificada, o CIPA, rige cómo se debe manejar esa evidencia.

La mayoría de los jueces federales fuera del área de Washington rara vez se encuentran con casos CIPA, y no se sabe que Cannon haya manejado uno antes del de Trump. Ya ha lamentado algunas de las complicaciones prácticas que rodean este caso. No se espera que una instalación para almacenar información clasificada cerca del tribunal del sur de Florida que ella designó para el juicio esté lista hasta principios del próximo año, dijo la juez durante una audiencia el 1 de noviembre.

Otros retrasos son más sustanciales. El mes pasado, después de que los fiscales de la oficina del fiscal especial Jack Smith tuvieran dificultades para poner a disposición de Trump y sus abogados una pequeña cantidad de pruebas del caso debido a lo que el gobierno dice que es su naturaleza extremadamente sensible, Cannon suspendió los plazos para las mociones relacionadas con información clasificada.

Le tomó más de cinco semanas celebrar una audiencia sobre la solicitud de Trump de un nuevo cronograma y nueve días más para emitir uno nuevo. Y cuando finalmente estableció un nuevo cronograma, pospuso la fecha límite para muchas mociones previas al juicio en casi 16 semanas.

“Ciertamente se ha tomado su tiempo para litigar”, dijo Greer.

La semana pasada, los fiscales intentaron reactivar el caso pidiéndole a Cannon que diera a los abogados defensores un plazo hasta el 18 de diciembre para presentar la mayoría de sus solicitudes de uso de información clasificada en el juicio. Al día siguiente, antes de que ninguno de los abogados defensores hubiera respondido, Cannon negó la solicitud y dijo que no planea fijar esa fecha límite hasta el 1 de marzo.

“Las señales son de un tribunal que está avanzando lenta y metódicamente a lo largo del proceso”, dijo Brandon Van Grack, exfiscal de seguridad nacional que también formó parte del equipo del fiscal especial Robert Mueller. “Para poder celebrar un juicio en mayo, el tribunal solo tendría que presionar a las partes para que fijaran un plazo más estricto”.

En una audiencia a principios de este mes, Cannon dijo que los fiscales que presionaban para acelerar el proceso del caso no eran realistas en cuanto a las complicaciones involucradas.

“Simplemente me cuesta ver con qué realismo se puede realizar este trabajo en este corto período de tiempo, dadas las realidades que enfrentamos”, dijo Cannon.

Un choque de calendarios legales y políticos

El enfoque de Cannon contrasta marcadamente con el de su homóloga en Washington, la jueza Tanya Chutkan, que supervisa el otro caso penal federal contra Trump. (Trump enfrenta cargos penales separados a nivel estatal en Georgia y Nueva York).

El caso en Washington, que involucra los esfuerzos de Trump para interferir con los resultados de las elecciones de 2020, está programado para ser juzgado en marzo, y Chutkan, designado por Obama, parece decidida a ceñirse a ese cronograma. Ha insistido repetidamente en que no considerará, ni puede, considerar el calendario político de Trump al fijar los plazos para el caso.

Cannon, por el contrario, hasta ahora ha dado vueltas sobre la cuestión de si Trump debería tener alguna deferencia en la programación debido a su condición de candidato presidencial. Pero es posible que pronto esas preguntas se vuelvan imposibles de eludir.

Se espera que el juicio por documentos clasificados dure semanas o más. Si la fecha de inicio del 20 de mayo resulta inviable, el juicio podría correr el riesgo de superponerse con la convención republicana, que comenzará el 15 de julio en Milwaukee.

“¿Podría intentar meterlo antes de eso? Tal vez, pero dudo que ella hiciera eso”, dijo Greer.

Retrasarlo hasta agosto, septiembre u octubre abriría su propia Caja de Pandora, suponiendo que Trump gane la nominación republicana. Lo que está en juego político estaría al rojo vivo, ya que Trump sería marginado de la campaña electoral para asistir a un juicio por cargos que conllevan décadas de prisión potencial.

Pero aplazar el juicio hasta después de las elecciones podría ser la medida más controvertida de todas. Esto crearía la oportunidad para que Trump evite el juicio por completo al ganar las elecciones, porque como presidente podría nombrar un secretario de Justicia dispuesto a despedir al fiscal especial y retirar los cargos. Trump incluso podría perdonarse a sí mismo.

Muchos críticos de Trump ya se muestran profundamente escépticos con respecto a Cannon. Incluso antes de que él fuera acusado, ella se puso del lado de Trump en cuestiones relacionadas con los materiales que los investigadores confiscaron en Mar-a-Lago. Un tribunal federal de apelaciones rápidamente bloqueó parte de la orden de Cannon y luego anuló el resto.

“La parcialidad de la jueza Cannon se muestra una y otra vez”, escribió la semana pasada el exdiputado de Mueller, Andrew Weissmann, en X, antes conocido como Twitter, declarando que la jueza está “en la bolsa de Trump”.

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