El gobierno cierra un canal de televisión 'crítico' con su gestión
Organizaciones de prensa muestran su preocupación por el secuestro de equipos y la directora del canal califica la operación de 'política'.
Varias organizaciones de prensa de Bolivia manifestaron su preocupación por el cese de transmisiones de un canal de televisión opositor al gobierno, del centro del país, informó AP.
El responsable de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SITTEL), Clifford Paravicini, señaló, sin embargo, que ese organismo no ordenó la clausura del medio afectado, Canal 20 de la ciudad de Cochabamba, sino el secuestro de unos equipos de enlace, lo que en los hechos obligó a la clausura de sus operaciones.
Paravicini indicó que, en los próximos días, Sittel podría proceder a clausurar seis radios y un canal televisivo, todos clandestinos, condición que no se extiende a Canal 20, que tiene licencia de funcionamiento hasta 2023.
La Asociación Nacional de Prensa (ANP), que une a importantes empresas periodísticas de Bolivia, manifestó "su profunda preocupación por la actitud de... SITTEL, de secuestrar equipos del Canal 20, Piñami de Comunicaciones (...) provocando el silencio de ese medio de comunicación".
También la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, de carácter sindical, y su par de Cochabamba, manifestaron apoyo a Canal 20 y pidieron explicaciones al gobierno.
Paravicini dijo a la prensa que el secuestro de equipos obedeció a que Canal 20 no tenía autorización para establecer un enlace mediante el espacio electromagnético entre su planta y la del operador de cable InteracTV, propiedad de una cooperativa que es la principal proveedora de servicios de telecomunicaciones de Cochabamba.
El funcionario no precisó si los funcionarios de Sittel tenían orden de allanamiento tanto a Canal 20 como a InteracTV.
La directora de Canal 20, Marianela Montenegro, sostiene que no portaban órdenes judiciales, y que la operación fue "política, para acallar a Canal 20", que se ha caracterizado por formular denuncias por corrupción, nepotismo y otras supuestas acciones reñidas con la ética que atribuye al gobierno.
Montenegro indicó a la prensa que Paravicini habría sufrido "presiones" del senador oficialista Omar Fernández y de la ministra de Justicia Célima Torrico. Ambos enfrentan acusaciones en la justicia de haber promovido en enero una ola de violencia sindical en esa ciudad.
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