El gobierno podría enfrentar una batalla legal con los fondos de pensiones
Los fondos, bajo gerencia de la española BBVA y la suiza Zurich Financial, están 'obligados' a transferir, 'a título gratuito', las acciones que poseen en las petroleras.
El ultimátum dado por el gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, a los fondos de pensiones —bajo gerencia de la española BBVA y la suiza Zurich Financial— para que transfieran sin indemnización al Estado sus acciones en compañías petroleras, podría derivar en una fuerte disputa legal, informó la AFP.
Los fondos de pensiones están "obligados" a transferir, "a título gratuito", la titularidad de las acciones que poseen —2/24 partes— en las petroleras Andina (Repsol), Transredes (ex Enron y Shell) y Chaco (British Petroleum), según un decreto emitido el lunes por el gobierno boliviano.
El presidente de Previsión, la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) del grupo bancario español BBVA, Ildefonso Núñez, estimó preliminarmente que el problema planteado por el gobierno con el decreto promulgado el lunes "es de índole de entendimiento legal".
En declaraciones a la prensa señaló, sin embargo, que "en el fondo, no habría ningún inconveniente por parte de las AFP en ceder esta administración". La discrepancia aflora porque "el gobierno entiende que debía ser de una manera y nosotros entendemos que debía ser de otra", apuntó Núñez.
El presidente de AFP-Futuro, de Zurich Financial Service, Gonzalo Bedoya, advirtió este martes que esa entidad se reserva el derecho de iniciar acciones legales en oposición a la medida que, no obstante, cumplirá el viernes.
"En principio, no tenemos más alternativa que cumplir con el Decreto 28711 (de nacionalización de hidrocarburos promulgado el 1 de mayo), bajo protesta o prerrogativa de reservarnos el derecho dentro de lo que la Ley nos confiere, para lograr transparencia y constitucionalidad y dejar clara y establecida la responsabilidad de nuestra administradora", afirmó Bedoya.
Consultado acerca de eventuales acciones judiciales, Bedoya respondió: "No descarto la posibilidad".
"Pero esperamos que los informes legales pertinentes nos digan exactamente cómo proceder con el cumplimiento de este decreto", agregó.
En Madrid, el ministro español de Economía, Pedro Solbes, consideró "inaceptable" la transferencia "sin existir compensación" del Estado boliviano.
Solbes añadió que no puede haber inversión extranjera sin "seguridad jurídica" en Latinoamérica, en una entrevista en la que afirmó que los aliados "fundamentales" de España en la región son México, Brasil y Chile.
"Si hay que mantener procesos de inversión en los países que son fundamentales para desarrollarlos, debe haber seguridad jurídica o es muy difícil que las cosas al final terminen bien", advirtió.
En respuesta a sus declaraciones, el presidente boliviano, Evo Morales, afirmó en Bruselas que "no hay nada que indemnizar" en la nacionalización de acciones en manos de fondos de pensiones en Bolivia.
"Son aportes de los trabajadores. Sólo estaban administrados por las empresas privadas. Ahora van a ser administrados por el Estado boliviano. No hay nada que indemnizar porque no estamos expulsando a nadie", dijo.
En Madrid igualmente, fuentes financieras estimaron que el costo para BBVA de esta nueva política sería de tres millones de euros (cerca de 3,6 millones de dólares).
En esa línea se pronunció el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, que calificó de "irrelevante" para el BBVA la decisión de Bolivia, aunque señaló que "la principal preocupación" de la decisión boliviana es para la economía de ese país, pues "no es una buena noticia no seguir las reglas del juego y no garantizar la seguridad jurídica".
Frente a ese panorama, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, quien firmó el decreto conminatorio a los fondos de pensiones, sostuvo: "Hemos encontrado exceso verbal de alguno de los representantes de las AFP" que "este gobierno no lo tolera, no lo soporta ni lo permite".
García Linera advirtió que "habrá intervención a estos fondos de pensiones si no cumplen en tres días el decreto, así de claro".
"Hemos dialogado varias horas, varios meses, con la gente de las AFP y hemos encontrado colaboración de una más que otra, hemos encontrado resistencia verbal y exceso verbal de alguno de los representantes de los fondos de pensiones", señaló.
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