Justicia condena a violadores de derechos humanos
Diez años de cárcel para tres militares jubilados y para el ex jefe de los servicios represivos de la pasada dictadura militar.
Una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile condenó a diez años de cárcel a tres militares jubilados por el homicidio de un matrimonio argentino-mexicano y sumó más años de cárcel al ex jefe de los servicios represivos de la pasada dictadura militar por la desaparición forzada de tres opositores, informó AP.
En un fallo dividido, dos de tres jueces de la Novena Sala condenaron a tres ex oficiales del ejército a 10 años de cárcel por los homicidios del argentino Bernardo Lejderman y de su esposa mexicana María Avalos Castañeda, en diciembre de 1973, en la región de Coquimbo, en el norte chileno.
El matrimonio fue descubierto en una mina abandonada. Había sido ejecutado por una patrulla militar, según las investigaciones judiciales.
El fallo también ordena al fisco pagar una indemnización por daño moral de 300 millones de pesos, unos 602.000 dólares, al hijo del matrimonio, Ernesto Lejderman Avalos, que tenía dos años y medio al momento de quedar huérfano.
El tercer juez fue partidario de aplicar la prescripción. Falta el pronunciamiento de la Corte Suprema. En el fallo de primera instancia, los militares habían sido absueltos aplicando la prescripción, decisión revertida por la sala.
Según las investigaciones judiciales, el matrimonio intentaba huir del país para escapar de la represión desatada tras el golpe militar de septiembre de 1973 contra izquierdistas locales y extranjeros.
En otro caso de violaciones a los derechos humanos, la misma sala ratificó una condena a diez años de prisión para el general retirado Manuel Contreras por la desaparición forzada de tres disidentes, en situaciones distintas, en agosto de 1976. En la misma causa un subordinado de Contreras fue sentenciado a 5 años de cárcel.
Contreras creó y dirigió la Dirección de Inteligencia Nacional, Dina, la policía represiva bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), a la que se responsabiliza por la mayoría de las desapariciones y asesinatos de disidentes, unos 3.000, según un informe oficial de 1991.
Contreras, de 78 años, está preso cumpliendo una condena a 12 años de cárcel por la desaparición de un joven izquierdista y enfrenta otras penas que sumadas se acercan a los 200 años de presidio por la desaparición de unos 200 opositores.
Otros 503 militares, incluido medio centenar de generales, están enjuiciados y/o condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
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