Justicia española pide extradición de supuesto etarra en Cuba

El juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco ha pedido al Gobierno que inicie los trámites para la extradición del presunto terrorista José Angel Urtiaga, residente en Cuba, y al que procesó junto al etarra deportado Arturo Cubillas en la causa que investiga la supuesta alianza entre ETA y las FARC.

Así lo acordó el magistrado después de que la Fiscalía se lo reclamara la semana pasada al entender que la entrega de Urtiaga es posible según el tratado de extradición vigente entre España y Cuba.

Una petición a la que se adhirió la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), personada conjuntamente con la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid.

A finales del pasado mes de febrero, Velasco procesó a Urtiaga por colaboración con organización terrorista y a Cubillas por los delitos de conspiración para cometer homicidios terroristas y de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada.

En su auto, Velasco relata que Urtiaga fue deportado desde Francia a Panamá en 1984 y, posteriormente, en mayo de ese mismo año, a Cuba, “en donde le sitúan las últimas informaciones policiales” y donde él mismo ha facilitado un domicilio cuando solicitó su personación en la causa.

Entiende, por tanto, que su extradición puede reclamarse según lo que establece el artículo 3 del Tratado de Extradición entre España y Cuba de 1905, además de cumplir los requisitos de los Convenios Internacionales de la ONU para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas y para la financiación del terrorismo.

El magistrado español investiga en la causa los supuestos vínculos entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias colombianas y el supuesto entrenamiento de terroristas en Venezuela, así como la “cooperación” del Gobierno de Hugo Chávez en la alianza de los dos grupos terroristas.

En concreto, según detalla el auto judicial, Urtiaga, al que sitúa como responsable de ETA en Cuba desde 1984 hasta 1998, informaba a la banda terrorista de que dos miembros del colectivo etarra en la Isla pedían permiso a la organización para “experimentar en Venezuela” con artefactos explosivos, unas pruebas que se realizarían “con la participación de las FARC en la selva colombiano-venezolana”.

Esta información estaba contenida en un disquete informático incautado al ex dirigente de ETA José Javier Arizkuren Ruiz, “Kantauri”, y los etarras José Ignacio Herrán Bilbao y Jon Mirena San Pedro Blanco, detenidos en marzo de 1999 en París.

Entre la documentación también se hallaron varias cartas de ETA a Urtiaga y viceversa, en las que “se recogen pormenores sobre la situación del colectivo en Cuba”, así como la decisión de la banda de sustituir a este responsable por José Miguel Arrugaeta San Emeterio.

Además de la extradición de Urtiaga, el pasado 20 de octubre, el juez solicitó al Gobierno español que iniciara los trámites para extraditar a Cubillas, residente en Venezuela, que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), aunque le sugirió que antes reclame al Ejecutivo de Hugo Chávez que le retire la nacionalidad venezolana.

A la primera de esas peticiones, accedió el pasado viernes el Gobierno cuando el Consejo de Ministro acordó reclamar su extradición a Venezuela.

Asimismo, Velasco ha citado a Urtiaga y a Cubillas a declarar el próximo 14 de diciembre como imputados al disponer de los domicilios que ambos han facilitado en el poder notarial en el que solicitaban su personación, que fue rechazada por el juez.

Precisamente, Cubillas debe declarar hoy como testigo ante un fiscal venezolano, después de que ayer se aplazara su comparecencia.

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