La astronómica multa a Trump por fraude

Un juez de Nueva York falló en contra del expresidente Donald Trump en un caso de fraude por el que ordenó pagar, a él y a sus hijos mayores, casi $355 millones.

Trump, sus hijos Eric y Donald Jr. y la Organización Trump ya habían sido declarados culpables en septiembre de 2023 de inflar fraudulentamente el valor de sus activos en más de $2.000 millones en declaraciones a instituciones de crédito.

El fraude se realizó para obtener préstamos más favorables de bancos y aseguradoras, informa la BBC.

Su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, fue sobrevaluada en más de 2.300% en una declaración financiera, mientras que la Torre Trump, en Nueva York, se presentó como tres veces más grande que su valor real.

Por este actuar, el juez del caso, Arthur Engoron, falló hace unos meses en contra de los Trump por fraude empresarial y falseo de riqueza reincidente. Y este viernes emitió su condena.

Además de ordenarles pagar US$354,9 millones, el juez Engoron le prohibió a Trump hacer negocios en Nueva York durante tres años.

También sus dos hijos deben pagar US$4 millones cada uno y, de igual manera, quedan inhabilitados para hacer negocios en el estado durante dos años.

El juez ya había declarado culpable a Trump en septiembre de 2023.

El expresidente rechazó el fallo, que desde el inicio ha dicho es parte de una “caza de brujas” en su contra por su aspiración para volver a pelear por la Casa Blanca en noviembre.

“El sistema de justicia en el estado de Nueva York, y Estados Unidos en su conjunto, está siendo asaltado por jueces y fiscales partidistas, ilusos y sesgados”, dijo Trump en su red social Truth Social. También acusó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, de estar “obsesionada con ‘atrapar a Trump’ durante años”.

Su defensa también anunció que apelarán el fallo. “Este veredicto es una injusticia manifiesta, simple y llanamente”, declaró su abogada Alina Habba.

“Es la culminación de una caza de brujas de varios años, alimentada políticamente, que fue diseñada para derrocar a Donald Trump desde antes de que Letitia James pisara la oficina del fiscal general”, añadió.

Donald Trump Jr. también rechazó el fallo en su cuenta de X, antes Twitter.

“Hemos llegado a un punto en el que tus creencias políticas combinadas con el lugar en el que se escucha tu caso son los principales determinantes del resultado; ¡no los hechos del caso!”, se quejó.

Esta es una de las mayores sanciones que haya recibido el expresidente en los diversos juicios que ha enfrentado en los últimos meses.

El último fallo en su contra fue el del juicio civil por difamación que ganó la escritora E. Jean Carroll. El jurado sentenció a Trump a pagarle un total de $83 millones en compensaciones.

¿Qué tanto daña a Trump?

Desde el punto de vista financiero, este veredicto es un duro golpe para Donald Trump. Pero su imperio se salvó de uno de los peores escenarios potenciales: la cancelación de sus licencias comerciales, conocida como la pena de muerte corporativa.

En su lugar, el juez ordenó dos niveles de supervisión: un monitor independiente que informe al tribunal durante un máximo de tres años y un director independiente de cumplimiento de sanciones que se instalará por separado.

Los fiscales querían que a Trump se le prohibiera participar en el sector inmobiliario en Nueva York, el cual lo catapultó a la fama internacional y, en última instancia, a la Casa Blanca.

Pero en lugar de eso, el juez le prohibió el acceso al negocio durante tres años.

Steve Cohen, profesor de la Facultad de Derecho de Nueva York, afirma que el fallo del juez Engoron fue tan lejos como pudo para castigar a Trump.

El fallo fue “una conclusión extremadamente amplia de fraude, esencialmente adoptando la posición del fiscal general”, dice.

“Es una orden monumental de restitución y sanciones. Y hace todo lo que está en manos de este tribunal para eliminar la capacidad de Donald Trump, y de aquellos que han operado en nombre de Donald Trump, para hacer negocios en la jurisdicción sobre la que este tribunal tiene autoridad: el estado de Nueva York”.

Pero, dijo Cohen, la orden no le impide hacer negocios en otros estados, ni le prohíbe dirigir empresas que no estén registradas en el estado de Nueva York.

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