Actualizado: 29/06/2022 10:50
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Sociedad

Bueno pero insuficiente

Treinta y cinco años después de la primera llamada desde un celular, La Habana autoriza los teléfonos móviles.

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Una noticia inconcebible en otras regiones del mundo, fue anunciada en la Isla la semana pasada. La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), 35 años después de la primera llamada por móvil, dice ahora estar en condiciones de ofrecer a la población el servicio de telefonía celular.

El anuncio, aunque se agradece, provoca estupor. Coincide con la celebración del aniversario 35 de la primera llamada comercial desde un teléfono móvil. Según el diario español El País, el 3 de abril de 1973 Martin Cooper, ingeniero de Motorola, llamó desde las calles de Nueva York a su competidor Joel Engel, su homólogo en los Bell Labs de AT&T.

Tres décadas y media hemos debido esperar los ciudadanos de a pie. Ramón Linares Torres, viceministro primero de la Informática y las Comunicaciones, en entrevista publicada por el periódico oficialista Granma, declaró que el lunes 14 de abril se iniciará este servicio al precio actual (de activación) de 111 pesos convertibles (CUC). La medida, parte del "programa mínimo de respuestas" anunciado por Raúl Castro, está encaminada a implementar derechos que durante décadas estuvieron ausentes.

¿Libertad hacia afuera y restricciones hacia dentro?

Hasta ahora, el gobierno había reivindicado "la necesidad de un nuevo orden mundial de la información", de un organismo intergubernamental democrático que regulara y promoviera la cooperación internacional, de la transferencia de recursos a los países más necesitados, y de que internet "dejara de estar en manos de los dueños del capital transnacional", a la vez que negaba esos mismos derechos a la sociedad cubana. Una flagrante contradicción que pudiera comenzar a resolverse si se procede a establecer un "nuevo orden nacional de la información y las comunicaciones".

La política de libertad hacia afuera y restricciones hacia dentro constituye una fuente de descontento ciudadano que se expresa en desinterés, desesperanza, apatía y fuga hacia el exterior.

Para revertir esa situación, el gobierno debe hacer corresponder la legislación vigente con las necesidades actuales. Por ejemplo, el Decreto 209/1996 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, acerca del acceso a las redes informáticas de alcance global, plantea en los artículos 12 y 13 que se priorizará "a las personas jurídicas y las instituciones de mayor relevancia para la vida y el desarrollo del país", y que para "garantizar el cumplimiento de los principios expuestos en el presente Decreto, el acceso a los servicios de redes informáticas de alcance global tendrá carácter selectivo".

Mientras, la Resolución 180/2003 del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, en su artículo primero, dispone que "ETECSA emplee todos los medios técnicos necesarios que permitan detectar e impedir el acceso al servicio de navegación por internet, desde líneas telefónicas que operan en moneda nacional no convertible a partir del 1ro. de enero del 2004".

El hecho concreto es que sin el reconocimiento, respeto y observancia de los derechos y las garantías jurídicas correspondientes, es imposible revertir el actual estado de cosas, sencillamente porque la sociedad antecede al Estado, el cual surgió en un momento determinado como parte de ella. Si la parte asume las funciones del todo, el primero anula a la segunda. Esta anomalía histórica y estructural ha motivado que hoy los derechos humanos en la Isla no estén definidos en totalidad y plenitud, ni como cultura ni como referente sociológico.

Letra muerta

Los derechos humanos referidos a la libertad de expresión están plasmados tanto en la Declaración Universal (1948), de la cual La Habana es signataria, como en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1976), recientemente firmado por el gobierno. A ello se añade la Declaración de Principios y el Plan de Acción aprobados en la Cumbre de la Información celebrada en 2003, en la ciudad suiza de Ginebra, también firmados por la delegación que representó al gobierno.

Según dicha Declaración, "la comunicación es un proceso social fundamental, una necesidad humana básica y el fundamento de toda organización social". Reconoce que "el deseo y compromiso comunes de construir una sociedad de la información (…) implica el respeto y la defensa plena de la Declaración Universal de Derechos Humanos…".

Por su parte, el Plan de Acción —que convierte esos principios en acciones concretas— recoge el reconocimiento de la universalidad, indivisibilidad e interrelación de los derechos; el acceso democrático, equitativo y universal de todos a la infraestructura y los servicios de la información y las comunicaciones; la independencia y pluralidad de los medios de comunicación; así como el carácter democrático y participativo del sector privado y de la sociedad civil en la gestión internacional de internet.

En los citados documentos se reconoce el derecho de toda persona a la libertad de expresión; derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, por cualquier procedimiento; así como el derecho de todos a acceder libremente a los servicios y tecnologías de la información y las comunicaciones.

Por esas razones, el acceso a la telefonía celular constituye un paso positivo e importante, pero sólo un paso del gran trecho a recorrer hasta implementar el libre acceso a internet —la forma más desarrollada de libertad—, porque las demás libertades y derechos están contenidos y se pueden ejercer y promover en y a través de esta.


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