Actualizado: 20/10/2017 18:43
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Derechos Humanos

Lo que La Habana no hará

No hay razones para creer que el gobierno abandonará su enfoque selectivo y sus definiciones sui géneris.

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El pasado 5 de febrero, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas revisó el historial del gobierno cubano. A diferencia de la anterior Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el CDH ordena un Examen Periódico Universal (EPU) para todos los Estados miembros. El EPU consiste en tres documentos principales:

 

- Un informe del país.

 

- Un informe de Naciones Unidas que se ajusta al mismo protocolo para todos los países.

 

- Un informe que resume las propuestas de las organizaciones no gubernamentales y que también se ajusta a guías uniformes.

 

Los países se analizan según un calendario ya establecido. El CDH asigna para ello tres horas de discusión. El país examinado tiene hasta una hora para presentar sus argumentos. Las otras dos horas se distribuyen entre los Estados miembros de la ONU interesados en participar. Antes que el CDH emita su informe final, el país que se analiza entrega sus respuestas escritas a las recomendaciones que se hayan hecho.

 

Ya aclarados estos puntos, vamos al Examen Periódico Universal de Cuba llevado a cabo recientemente.

 

No constituía sorpresa alguna que las controversias se amontonaran antes que el CDH llamara a Cuba para su turno de tres horas. El resumen de propuestas de las ONG provocó un alud de protestas de La Habana y de las organizaciones solidarias con la Cuba oficial.

 

Desde el punto de vista del gobierno y de las ONG que le apoyaron, el informe elaborado por Naciones Unidas no hacía justicia a la trayectoria de Cuba ni subrayaba el daño infligido por el embargo de EE UU. El reporte que La Habana entregaba imponía el tono para las encendidas alabanzas en su honor. En esencia, el gobierno cubano afirmaba que respetaba todos los derechos humanos.

 

Un total de 326 ONG entregaron unas 2.000 páginas, en su mayoría favorables a La Habana. Un vocero del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU expresó su sorpresa ante la cantidad: "Normalmente, se reciben docenas, no cientos". El Alto Comisionado respondió que "el procedimiento para la elaboración del documento fue el mismo que el utilizado para todos los países".

 

Más de cien países solicitaron hablar en el turno de Cuba, pero sólo sesenta pudieron participar. Chile, México y Brasil pidieron a La Habana respeto para los derechos de los opositores políticos, así como una "garantía eficaz" para la libertad de expresión y el derecho a viajar. Otros países de la región —por ejemplo, Colombia, Panamá, Jamaica y República Dominicana— decidieron comentar sólo sobre el historial cubano en los campos de la educación y la salud.

 

Un grupo de ocho países (Austria, Canadá, República Checa, Holanda, Israel, Italia, Eslovaquia y el Reino Unido) solicitaron a La Habana la libertad para los defensores de los derechos humanos y los otros prisioneros de conciencia. Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, comentó: "En este país no hay presos políticos". Los encarcelados "son personas que fueron condenadas por delitos previstos en la ley, por haber actuado como agentes pagados y dirigidos por una potencia extranjera".

 

Exageraciones

 

Cuba ha dado pequeños pasos en la dirección correcta. El año pasado firmó —aunque le falta por confirmar plenamente— los tratados internacionales sobre los Derechos Políticos y Civiles y los Derechos Culturales y Sociales. El 28 de junio, La Habana anunció que ratificaría la Convención sobre Desapariciones Forzadas e invitó al relator especial sobre la tortura, de Naciones Unidas, para que visitara la Isla.

 

Lo que La Habana no hará será aceptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el documento clave del que emanan todos los demás acuerdos y tratados. Su informe dice que se atiene a ella, pero su comportamiento lo refuta. La Declaración está escrita en un lenguaje diáfano que no permite interpretaciones. Por ejemplo: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión" y "a la libertad de reunión y de asociación pacíficas". La Declaración no dice que sólo aquellos que concuerdan con los que están en el poder tienen esos derechos.

 

El CDH hizo 75 recomendaciones al gobierno cubano. La Habana aceptó 60 de inmediato, todas sobre asuntos no relacionados con los derechos políticos. Considerará las restantes, tales como extender invitaciones a relatores especiales de Naciones Unidas o brindar a la Cruz Roja Internacional acceso a las cárceles.

 

No hay razón alguna para confiar en que Cuba abandonará su enfoque selectivo (cafeteria approach) en cuanto a los derechos humanos y su definición sui géneris de los mismos. A menos que ocurran cambios fundamentales, tampoco abordará su próximo EPU, en el año 2013, con la seriedad que se requiere. Presentar 2.000 páginas, casi todas de elogios, es una exageración, cuando el mero hecho de liberar a los prisioneros políticos le hubiera conferido un mejor campo de maniobra.

 

Permítanme terminar con la Declaración: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". Nuestra dignidad y nuestros derechos son consustanciales a nuestra condición humana. A los gobiernos se les confía que respeten y hagan posible que disfrutemos lo que es nuestro por derecho propio. La dignidad y los derechos, sencillamente, no existen para que los gobiernos los administren según convenga a sus fines.


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La policía reprime a las Damas de Blanco, que exigían la liberación de sus familiares presos, en La Habana, el 21 de abril de 2008. (AFP)Foto

La policía reprime a las Damas de Blanco, que exigían la liberación de sus familiares presos, en La Habana, el 21 de abril de 2008. (AFP)