Actualizado: 24/02/2018 12:28
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Elecciones, Sociedad civil, Represión, Disidencia

#Otro18: el cambio de paradigma para el cambio (I)

Este ensayo consta de tres partes, que se publicarán de forma consecutiva

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La socialización global de voces alternativas plurales desde la legalidad y la Constitución, legitimadas por la expresión ciudadana de las preferencias y también por la proyección mediática inducida por el Gobierno, sumadas a la auto deslegitimación del Estado por las prácticas políticas ilegales del régimen, constituyen el éxito de #Otro18. 182 candidatos independientes con rostros contrastables en igual número de comunidades, conectados con sus electores en todo el país, son la evidencia. Contra todo ello se produjo un múltiple despliegue de Estado sin muchos precedentes.

Lo anterior representa un nuevo paradigma. Grosso modo un paradigma es un aparato de conceptos y de referencias imbricados, que ofrece un marco para el pensar y la acción dentro de ámbitos determinados, y que se valida en su capacidad como narrativa referencial luego de un doble contraste: dentro de la realidad en la que actúa y en diálogo tácito u explícito con otros aparatos conceptuales. Para que un paradigma llegue a serlo necesita aceptación generalizada, sea positiva o crítica, y consistencia interna. Nada de agujeros en su justificación o teoría explicativa. Y confieso, lo peor que le puede ocurrir a un paradigma es la ausencia de otros con los que conversar racionalmente.

Debo aclarar. Lo que hace nuevo a un paradigma no son sus herramientas o conceptos tomados aisladamente. Estos necesitan existir mucho antes de que lo alimenten. Lo nuevo reside en la relación conceptual que se establece entre ellos, con el propósito de producir hechos inéditos y/o de entender y explicar la realidad.

#Otro18 consolida este nuevo paradigma.

Decir que #Otro18 no alcanzó su finalidad porque no logró postular ningún candidato a Delegados de Circunscripción del Poder Popular (nivel municipal) es afirmar entonces, sin quererlo, que #Otro18 triunfa. Es también, en rigor, despreciar la información al detalle. Donde residen los demonios…o los bienes del paraíso.

De cualquier modo, la política contingente que mide el éxito o el fracaso de una apuesta a partir del cumplimiento de sus objetivos más visibles y de superficie no es aplicable al caso de Cuba. Donde la política contingente es medible, (pierden y ganan candidatos, es el caso) no está en discusión la legitimidad de los diversos actores. Como en cualquier país de democracia pluralista. Con nosotros, a diferencia de, se trata del desafío simultáneo de la política mediana (cuánto y qué es posible lograr dentro de la vida normal de las instituciones vigentes) y de la política estructural (cómo es posible normalizar la democratización a través de las instituciones). Al tiempo que intentar vocear los problemas concretos de la gente, se trata de ascender la legitimidad de nuevos actores en el escenario político.

A fin de cuentas, los Delegados de circunscripción, en adelante los Delegados (concejales), no son la garantía para la solución de las necesidades de las comunidades y de los vecinos, en tanto no tienen poder ni jurisdicción institucional precisa (autonomía).

Otorgar voz, abriendo el juego desde abajo a la reforma política a partir de la opción de proponer y elegir, (propón y elige) era y sigue siendo la ganancia fundamental del ejercicio político en las circunscripciones: allí mejor porque es el lugar único y por excelencia en el cual se puede ejercer efectivamente la soberanía del ciudadano. Un poder anulado históricamente. En los restantes niveles, donde realmente empieza el poder institucional, se pierde la posibilidad teórica de expresar la soberanía: el ciudadano ni puede proponer ni puede elegir: solo vota.

De manera que la combinación de voz, para el ejercicio de la política mediana, con la filtración social e institucional de la visión alternativa, hacen posible al mismo tiempo la reforma estructural y la gestión comunitaria de los problemas e inquietudes ciudadanas. Probablemente la gestión de los Delegados sea algo más efectiva a partir de este ciclo electoral. Lo que agradecerían los electores.

Todos sabemos que el Gobierno captó este doble desafío y, como nunca antes, violó su propia ley, para bien de la modernidad política, haciendo campaña electoral.

¿Derrota electoral? Desde luego que no. Pero en realidad no había cómo verificarla. Porque a diferencia de 2015, la mayoría de los candidatos independientes no pudo pasar frente al mecanismo ateniense de mano alzada. El único que logró ser nominado en este ciclo, Michel Piñeiro Hernández, en Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, vio como su nominación le fue arrebatada con apoyo de las autoridades electorales locales.

Entre un número de candidatos y candidatas ilustrativo, otros dos casos son relevantes. Tanto Armando Abascal Serrano, un candidato independiente en la localidad de Carlos Rojas, municipio Perico, provincia de Matanzas, como Rolando Columbié Patterson, en el municipio Antilla, provincia de Holguín, son demostrativos de la judicialización de la política para detener por vía penal su segura nominación como candidatos popularmente aclamados.

De manera que la negación político-policial de la expresión preferencial de la ciudadanía a través del voto, en el único lugar donde este podría valer para elegir entre valores, visiones y voces diferentes, no se parece a una derrota. Se parece más a una victoria política en el nivel de lo político: allí donde la relación entre ciudadanos y voces alternativas comienza a ser reconocida, negociada y electiva.

La idea de ser Delegado como reproducción del modelo no era nuestro propósito. En marzo de 2017 se definió una Hoja de Ruta y Guía de Actitud para los Candidatos #Otro18 con tres puntos fundamentales, que reproduzco:

  • Ser la voz de los ciudadanos-electores, no la voz del Estado, buscando, entre otras cosas, la transparencia en el ejercicio de los gobiernos locales.
  • Expresar con transparencia su identidad como defensor de Todos los Derechos Humanos de Todos los Cubanos
  • Procurar el apoyo de los ciudadanos-electores para reformas a la Ley Electoral, entre ellas la eliminación de las Comisiones de Candidatura, el reclamo popular para la elección directa del Presidente o Presidenta del Consejo de Estado de la República de Cuba y el establecimiento de una Comisión Electoral permanente e independiente. En este sentido demanda de las autoridades, junto a los ciudadanos-electores, la conversación pública con la ciudadanía, antes de su entrada en vigor, del proyecto de nueva Ley Electoral prometido por el gobierno.

Al mismo tiempo, se puso en circulación La Voz del Elector, la hoja en blanco sobre la que los Candidatos #Otro18 escribirían las demandas e inquietudes de sus electores. (La Red de Líderes y Lideresas Comunitarios (Rellic) asumirá en lo adelante La Voz del Elector dentro de su proyecto).

Lo importante aquí tenía y tiene que ver con el intento de poner en su lugar la soberanía constitucionalmente reconocida, mediante el ejercicio de la voz. Ir devolviendo el Estado a los ciudadanos yendo al rescate de la fuente de su soberanía. Se volvió a abrir así ese espacio-tensión como demostraron aquellos ciudadanos que superaron la coacción del Estado apoyando y votando, donde fue posible, a favor de los candidatos independientes…a cara descubierta. Un mandato que, ejercido por cientos de electores, el gobierno convirtió en épica ciudadana. Una Consulta Pública solicitada por #Otro18 al Centro de Estudios Políticos y de Alternativas para la Transición Democrática en Cuba mostró que los ciudadanos estaban listos para votar por candidatos independientes si hubieran tenido la oportunidad.

Pero la mejor prueba del éxito, dolorosa y negativamente confirmado, está en los 11 Candidatos #Otro18 que fueron encausados, juzgados o condenados a penas de prisión, domiciliaria en la mayoría de los casos. ¿Su delito?: la posibilidad real de representación política alternativa. Ellos invertirían la pirámide de legitimidad, asentada hasta ahora y de facto en el Estado, a través del ejercicio democrático de la voz representativa del ciudadano. Los Delegados, tal y como es la práctica política, gestionan quejas ciudadanas, no son el vehículo de las propuestas de la gente.

Lo que estaba en juego era si el modelo abría opciones de cambios desde sus mismas estructuras. Y resulta institucionalmente cierto. Las Asambleas de Nominación, notemos que solo existen a nivel de circunscripción, son lo más parecido a un proceso primario para el juego de la pluralidad. No desde los partidos, como también nos gustaría, sino desde la ciudadanía. Casi la democracia directa, pero con el hándicap de toda democracia asamblearia: el voto a mano alzada. Una práctica de cuando el Estado no tenía, como sí poseen los Estados modernos, el monopolio de la violencia. O, en términos políticos, el monopolio de la coacción.

El Gobierno cubano intuyó el uso político y democratizador de esta abertura institucional. Y exageró. Basten para ello dos botones de muestra provenientes de dos de las instancias fundamentales del poder: uno mediático, el periódico Granma y, el otro, la vicepresidencia misma del Gobierno. En un video filtrado y realizado en el mes de abril del pasado año se describen los temores del poder, la táctica que emplearía y los peligros que entrañaría respetar la Constitución y la ley por parte del depositario fundamental de su protección: el Gobierno.

En un artículo de 20 de julio de 2017, aparecido en aquel periódico bajo el título Ideas en el centro del debate y escrito por Elier Ramírez Cañedo, un intelectual orgánico del poder ―bien curioso porque es un texto dedicado a descalificar la socialdemocracia como modelo para Cuba, en una operación de utopía regresiva que utiliza a José Martí para normalizar la inmovilidad estructural como marca histórica de identidad― se introducen fragmentos de un libro del periodista y diplomático cubano Pedro Prada sobre la Rusia de Mijaíl Gorbachov.

En uno de esos fragmentos, rompiendo el hilo argumental contra la socialdemocracia, se plantea: “(…) Por eso hay quien se afila los dientes y hace planes para sembrar las semillas del mal entre nuestro pueblo, hacerlas germinar en las elecciones generales de 2018, y que empiecen a dar flores y frutos venenosos en la Asamblea Nacional y en los comicios de 2023 o más tarde, sin apuro, como cáncer”.

El lenguaje escatológico de este fragmento aparecido en Granma, con sabor a Antiguo Testamento, es crucial para entender la alarma de la elite revolucionaria: con impotencia, esta sustituye la discusión institucional e intelectual de los argumentos por la metáfora descalificatoria de quienes hacen uso de su condición ciudadana, constitucional y legalmente protegida. Enuncia, por eso mismo, lo fundamental: el sentido estratégico de #Otro18.

El segundo botón de muestra, en palabras del Primer Vicepresidente de Cuba, constituye toda una declaración de guerra moral, con desinformación de inteligencia incluida, al mencionar seis propuestas electorales independientes cuando en realidad eran tres, finalmente transformada en una masiva y flagrante violación de la Constitución y la ley electoral vigentes, para destruir el entramado de candidaturas independientes.

La lógica política detrás de este doble arrebato del Estado, que se resiste a dejar de ser partido, es la de impedir la legitimación institucionalmente posible del campo adversario, sin importar el riesgo de su legitimación política. Ya reconocida.

Ello niega uno de los argumentos centrales en el intento de invalidar desde el mismo lado del pasillo a #Otro18: que nuestra iniciativa era una legitimación del sistema realmente existente. ¿Es que el uso de la cartilla de racionamiento (libreta de abastecimiento) legitima el modo socialista de producción?

Fundamental lo que todo esto revela: la distancia entre narrativa y régimen. Desde la narrativa, el sistema abre las puertas a la democratización del Estado y a la deslegitimación del régimen revolucionario. El problema básico es que tanto el régimen como la sociedad han vivido de espaldas a la narrativa del sistema. Por dos razones: primera, la lógica de supervivencia del uno y de la otra, el primero para tener discrecionalidad política total y la segunda por impotencia. La razón número dos: desde la ley el régimen no puede funcionar; la ley obliga y deslegitima la mayor parte de sus políticas públicas, al tiempo que anula al Estado-revolución como fuente de derecho.

Por otra parte, la posibilidad de activar la soberanía ciudadana y la inevitabilidad democrática si la sociedad actúa desde su narrativa no debería ser estimulada desde el Gobierno. Por eso un punto clave de legitimación de las alternativas pasa por romper la tensión ambigua revolución-ciudadano, en favor del último.

En pocas palabras: el régimen necesita ahogar los débiles hábitos democráticos que están inscritos y visibles en la narrativa institucional. Por eso no es desproporcionado decir que la revolución cubana es un gobierno de facto revestido de una institucionalidad negada. Su éxito como poder es su fracaso como institución. El reto está en que una cifra crítica de ciudadanos se apropie de la vida institucional del país.

Pero en un punto decisivo la realidad es esta: tanto del lado del Gobierno como del de la sociedad civil se ha operado un desconocimiento de las reglas que ha venido generando un impresionante vacío cultural de acción institucional, complicado para gestionar la política siempre; más en tiempos de transición. De ahí la importancia en el trabajo que han realizado dos instituciones ―con las que yo he estado más familiarizadas― de abogados independientes, Cubalex y la Asociación Jurídica Cubana, en la difusión de la Constitución y las leyes cubanas entre los ciudadanos.

De manera que la nominación y elección de candidatos independientes era posible, pero entrañando un peligro estratégico y mayor: no el de función más eficiente del modelo ―la mejor representación del electorado― sino el de su apertura hacia la democratización.

Interesante. La sociedad está más que preparada para esa operación de apertura. Desde lejos y en un continuo temporal de mucha potencialidad, no visualizado por la sociedad civil.

En 1989, el opositor Roberto Bahamondes Masot logró ser nominado, es decir sus electores lo apoyaron, como candidato para Delegado en el municipio habanero de San Miguel del Padrón.

En 2002, el Proyecto Varela alcanzó colectar más de 24.000 firmas de electores para demandar reformas muy concretas a la ley electoral y a la Constitución, que posibilitaran mayor participación ciudadana en la vida política.

Y en 2015 los actores de la sociedad civil Yuniel López O’Farrill e Hildebrando Chaviano Montes resultaron nominados por sus electores como candidatos para Delegados, en municipios sociológicamente tan dispares entre sí como los de Arroyo Naranjo y Plaza (Vedado) respectivamente. Significativo para no perder de vista la transversalidad social en el ejercicio plural de la ciudadanía política.

Precisamente por sus hiatos, esta es toda una larga duración de remarcable y permanente latencia social del y para el cambio que, vista en retrospectiva, justifica la pregunta de si en la sociedad civil independiente estábamos tomando en cuenta la Cuba real. Esta larga duración rompe también el mito ejemplar del pesimismo de la cultura: el que dice que a los cubanos solo les importa comer, vestir y gozar bien.

Como hechos políticos que son, estas incursiones institucionales de la sociedad civil indican que la sociedad va, casi siempre sucede así, por delante del Estado. Exponen, a mayor profundidad sociológica, que los cubanos, al menos desde finales de los años 80 del siglo pasado, estamos preparados para cambios políticos, pero dentro de una estrategia incremental, institucional y procesal. No revolucionaria.

En la oposición, la que ha estado en capacidad de articular globalmente un paradigma, no advertimos a tiempo esta interesante matriz socio-política. Más instalada en la radicalidad, el posicionamiento moral, la declamación política, la antipolítica contrasistema, en que desde fuera nos resuelvan los problemas y la política ilustrada ―en la que el poder en el Estado lo es todo, importando poco las relaciones de poder que se pueden establecer abajo desde la ciudadanía. En esta visión compuesta, el pasado pesa con toda su carga moral sobre las posibilidades futuras de todas las generaciones. La receta de cómo no se hace política. Al menos con los ciudadanos cubanos.

Esto apunta a un dato poco discutido por la sociología: la disonancia política de la cultura cubana: disfrute inmediato de las promesas en contraposición a la economía de esfuerzos. El resultado total vs. el análisis costo-beneficio del riesgo. Nuestra mentalidad hipermoderna solo favorece la idea del cambio tranquilo: eso se llama instituciones, las que ofrecen garantías de seguridad en las consecuencias de la acción. La pregunta de por qué el Proyecto Varela consiguió más adeptos que todas las convocatorias revolucionarias de la modernidad política cubana, tiene una respuesta en nuestra historia de las mentalidades, conservadora en estructuras claves; en contraposición a nuestra historia de las ideas, revolucionaria por exceso. La consecuencia es que los cubanos siguen solo ideas concretas en una lógica de llaves hacia puertas de oportunidad específicas, institucionalmente medibles y realizables en su tiempo vital. Para desespero de todos los radicales cubanos de todos los tiempos. Desde las luchas por la independencia nacional.

Los llamados intransigentes y totales hacia el beneficio instantáneo suponen una intensificación del sacrificio para un bien que puede ser intangible. A lo largo de la historia, a decir verdad, la comida no se ha resuelto con la inmolación. El cubano, casi por naturaleza, dice no al maximalismo y sí al minimalismo. El primero es propio de los héroes y se limita al ejercicio minoritario de la acción política. El segundo es propio de amplios segmentos poblacionales y está a la altura de la ciudadanía. Plural por naturaleza. Su lógica es la del proceso continuo, medible y acumulativo. Aunque sea líquido.

El minimalismo es el éxito de #Otro18, que nos ha permitido una penetración social en todo el país y que se mide también por los ataques laterales, en la propia acera.

Democratización permanente a través de una matriz abierta, compleja e incremental es y fue nuestra estrategia. Propuestas deliberadas, por deliberativas ―las Mesas de Iniciativa Constitucional que se van reinstalando en todos los municipios y en las que se generará una sinergia en la gestión del conocimiento, compartida entre la Rellic, #Otro18 y destacadamente Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales (COPE), con miras en la formación cívica y ciudadana―; la Plataforma Global que recoge reformas electorales; el acceso a los mecanismos de representación; la observación electoral misma y el ejercicio de la democracia directa constituyen iniciativas estratégicamente conectadas dentro de esta matriz hacia la construcción de una democracia fuerte, afincada en la deliberación o conversación ciudadana racionales.


La segunda parte de este ensayo aparecerá el martes y la tercera y final el miércoles.


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Manuel Cuesta Morúa.