Actualizado: 18/06/2024 0:16
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Disidencia

Fallo del Tribunal Supremo cubano favorece a abogado disidente

La demanda ha estado creando precedentes legales y políticos desde que fue presentada en 2009, en un intento de obligar al Ministerio de Justicia a que responda a una solicitud de registrar legalmente una asociación de abogados independientes

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El máximo tribunal de Cuba ha emitido una sentencia relativamente positiva en una demanda sin precedente alguno presentada por un abogado disidente contra la ministra de Justicia, diciendo que él presentó un documento en el lugar equivocado pero permitiendo que la demanda continúe su curso, según el abogado, informó El Nuevo Herald.

“El tribunal dio una sentencia que en general yo la consideré buena. Desestima nuestra casación por un error de procedimiento, pero nos permite continuar el proceso de reclamación con la ministra de Justicia”, dijo el abogado Wilfredo Vallín.

Él ya presentó el documento en el lugar debido y la ministra de Justicia María Esther Reus González tiene ahora 45 días laborables para responder a su reclamación, dijo el martes el abogado de 63 años por teléfono desde La Habana.

La demanda de Vallín ha estado creando precedentes legales y políticos desde que él la presentó en 2009, en un intento de obligar al Ministerio de Justicia a que al menos responda a su solicitud de registrar legalmente una asociación de abogados independientes.

Los tribunales cubanos nunca habían aceptado antes considerar una demanda ciudadana contra un alto funcionario del Gobierno, de acuerdo con expertos legales cubanos. Generalmente ellos desestiman esas demandas en la primera oportunidad.

El Gobierno cubano desdeña además a todos los disidentes como “mercenarios” y “contrarrevolucionarios” pagados por el Gobierno de EEUU para socavar el sistema comunista de la Isla.

Pero la reclamación de Vallín ha llegado ahora hasta el Tribunal Supremo Popular, el máximo principal de la Isla, el cual le entregó su sentencia el 21 de abril.

La sentencia esencialmente llevó el caso al punto en que estaba en abril del año pasado, cuando él presentó un documento en una oficina provincial del Ministerio de Justicia, dijo Vallín. Él presentó de nuevo el documento el 22 de noviembre en la oficina correcta, la oficina principal del ministerio en La Habana.

“No quiero cantar victoria, pero el Tribunal Supremo Popular no cerró esa puerta. Lo podían haber hecho, y no lo hicieron.”, dijo.

Vallín demandó a Reus González tras no recibir respuesta alguna a sus repetidas solicitudes de registrar en su ministerio a un grupo de alrededor de 30 abogados disidentes e “independientes” quienes ofrecen consejo legal gratis, principalmente a opositores al Gobierno.

Los abogados cubanos solamente pueden trabajar para el Gobierno o los llamados “bufetes colectivos” controlados por este. La mayoría de ellos tratan de evitar cualquier caso que vaya contra los intereses del Gobierno cubano. Los medios de prensa gubernamentales nunca han hecho reporte alguno sobre el caso.

Vallín, en su primer paso para registrar la Asociación Jurídica Cubana, escribió en el 2009 al Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia solicitando que certificara que ningún otro grupo ya registrado estuviera usando ese nombre.

El registro jamás ha respondido cuando algún otro grupo disidente o independiente trata de recibir reconocimiento legal, pero él decidió presentar una demanda en base a leyes y regulaciones administrativas que exigen al Ministerio de Justicia que dé respuesta.

Para sorpresa de Vallín, un tribunal subordinado ordenó a Reus González que designe a abogados que la representen en el caso, y la reclamación fue subiendo despacio pero sin detenerse por la cadena de tribunales regulares y de apelaciones hasta llegar al Tribunal Supremo Popular.


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